La política catalana y la política española se encaminan hacia una nueva fase marcada por dos movimientos de enorme trascendencia institucional. Por un lado, el regreso a Catalunya del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cuya vuelta comienza a perfilarse tras los avances en la aplicación de la ley de amnistía. Por otro, el creciente contraste entre la interpretación del Tribunal Constitucional y la sostenida hasta ahora por el Tribunal Supremo respecto a los efectos jurídicos de esa norma sobre los dirigentes del procés.

En este escenario, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, prepara ya una recepción institucional a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, una reunión que el Ejecutivo catalán enmarca en una estrategia de normalización institucional y reconocimiento de la condición de expresidente del fundador de Junts Per Catalunya.

El retorno de Puigdemont y la estrategia de normalización

Fuentes del Govern sostienen a ABC que el encuentro se producirá una vez se materialice el regreso de Puigdemont a Catalunya, previsiblemente en las próximas semanas. Será la primera vez que el expresidente vuelva al Palau de la Generalitat desde octubre de 2017, cuando abandonó España tras la declaración unilateral de independencia y el inicio de los procedimientos judiciales derivados del procés.

La Generalitat insiste en presentar la futura reunión como un acto de continuidad institucional equiparable a los encuentros que Illa ha mantenido con otros expresidentes catalanes. No obstante, la singularidad política y judicial de Puigdemont convierte la cita en un acontecimiento de gran simbolismo.

Los contactos entre los equipos de ambos dirigentes ya han comenzado con el objetivo de fijar una fecha para el encuentro. El precedente más inmediato se produjo en Bruselas, donde Illa y Puigdemont mantuvieron una reunión en la delegación catalana de la capital belga, un contacto que permitió abrir una vía de interlocución entre dos dirigentes enfrentados pero obligados a convivir en el nuevo escenario político catalán.

Turull y Junts mantienen la presión política

Pese a la dimensión institucional del futuro encuentro, en Junts descartan que la reunión altere la estrategia de oposición todoterreno al Govern del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). 

El secretario general de la formación neoconvergente, Jordi Turull, así como el núcleo duro del partido mantienen la voluntad de ejercer una fiscalización permanente sobre la acción del govern de Illa y de consolidarse como alternativa política de cara al próximo ciclo electoral.

Fuentes próximas al expresident han trasladado a Joan Guirado que la recuperación de la normalidad institucional no implica una modificación de las posiciones políticas de fondo. La dirección independentista considera que el retorno de Puigdemont reforzará la presencia política del partido en Catalunya y abrirá una nueva etapa del post-procès en el conjunto del Estado.

El Constitucional reabre el debate jurídico

La evolución política coincide con un momento decisivo en el plano judicial. El tribunal de garantías ultima la resolución de los recursos de amparo presentados por varios dirigentes independentistas después de que el Alto Tribunal rechazara aplicarles la amnistía en relación con los delitos de malversación.

Según fuentes del órgano de garantías citadas por diversos medios, la mayoría del tribunal considera que la interpretación realizada por la Sala Penal del Supremo habría excedido el alcance previsto por el legislador al aprobar la ley. Los borradores actualmente en preparación sostienen que podrían haberse vulnerado derechos fundamentales recogidos en los artículos 23, 24 y 25 de la Constitución, relacionados con la tutela judicial efectiva, la participación política y el principio de legalidad.

La cuestión central gira en torno a la interpretación del delito de malversación. Mientras el Supremo defendió que el uso de recursos públicos para la organización del referéndum de 2017 generó un beneficio patrimonial susceptible de excluir la amnistía, la mayoría progresista del Constitucional entiende que la ley pretendía diferenciar entre los supuestos de corrupción orientados al enriquecimiento personal y aquellos vinculados directamente al desarrollo del procés.

Conde-Pumpido y Marchena, dos visiones enfrentadas

Detrás del debate jurídico emerge también un contraste de gran relevancia institucional entre las tesis representadas por el presidente del órgano constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y las posiciones defendidas por el magistrado Manuel Marchena y la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Mientras el Constitucional parece inclinarse por una interpretación finalista de la ley de amnistía, orientada a garantizar la efectividad de la voluntad expresada por el legislador, el Supremo ha sostenido una lectura más restrictiva respecto a los límites de la norma y a la exclusión de determinados delitos de malversación.

El resultado de este choque interpretativo puede marcar un precedente relevante sobre las relaciones entre ambas jurisdicciones y sobre el alcance de las facultades de los tribunales para modular la aplicación de leyes de especial trascendencia política.

Una nueva etapa política

La convergencia entre el posible aval definitivo del Constitucional a la aplicación de la amnistía y el retorno de Puigdemont configura un escenario inédito en Catalunya desde 2017. Para el Govern de Illa, la prioridad pasa por integrar ese regreso dentro de la normalidad institucional.

La futura imagen de Illa y Puigdemont compartiendo mesa en el Palau de la Generalitat simbolizará, en cualquier caso, el cierre de una etapa marcada por el exilio político del expresidente y la apertura de otra en la que las discrepancias volverán a desarrollarse, previsiblemente, dentro del terreno estrictamente institucional y parlamentario.

Asimismo, se certificará la rehabilitación del “prófugo de Waterloo” en el debate mediático, lo que despejará el puente de relaciones entre el Partido Popular y gran parte de la derecha soberanista catalana, pese a los desdenes de Alberto Núñez Feijóo para con el catalán y los indultados o amnistiados tras el 1-0.

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