La aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont parece estar cada vez más cerca. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha revelado que cree que el tribunal de garantía resolverá el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalitat ante la negativa del Supremo a aplicarle la norma antes de que finalice el año. Así lo ha sugerido en la noche de este lunes en una entrevista concedida a Radio Nacional Española (RNE) en la que ha recordado que, según el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el órgano que dirige es el que “dicta una interpretación vinculante en todos aquellos aspectos que afectan a la Constitución”.
Por esta razón, Conde-Pumpido ha señalado, que una vez el Constitucional haya establecido la interpretación vinculante sobre la aplicación de la amnistía, tanto en lo que refiere a Puigdemont como al resto de políticos relacionados con el procés que también presentaron un recurso de amparo, entiende que el propio Supremo podrá aplicarla. Asimismo, ha apuntado de que, en caso de que el Alto Tribunal decida no hacer efectiva la ley para las personas a las que todavía no se les ha aplicado, a pesar de que la doctrina del tribunal de garantías sea favorable a ellas, serán ellos mismos los que vayan “dictando una a una las sentencias en los meses sucesivos”.
El primer recurso de amparo que el Constitucional resolverá sobre la inaplicación de la ley de amnistía por parte del Supremo tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) será el del secretario general de Junts, Jordi Turull, sobre el cual se pronunciará el próximo 22 de septiembre. “Estábamos esperando el pronunciamiento del TJUE, que ha sido un pronunciamiento muy importante y que ha avalado la postura del Tribunal Constitucional”, ha declarado Conde-Pumpido.
Además, el presidente del Constitucional ha dividido los recursos de amparo en dos grupos: los de “aquellos que fueron condenados”, entre quienes se encuentran Turrull y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el de “aquellos que, como estaban fuera de España y en situación de rebeldía, no llegaron a ser condenados”. En este sentido, Conde-Pumpido ha afirmado que el tribunal de garantías atenderá antes los primeros y, posteriormente, con una interpretación ya marcada, los de quienes no se enfrentaron a juicio. “Una vez que se establezca una doctrina, que será en septiembre o en octubre, entendemos que ya es vinculante”, ha indicado.
La interpretación del Supremo sobre la cual se pronunciará el Constitucional
En concreto, el Constitucional se pronunciará sobre los recursos presentados por Puigdemont y otros seis dirigentes del procés ante la decisión del Supremo de no aplicarles la amnistía al considerar que se enriquecieron personalmente con los fondos malversados. La ley de amnistía excluye la aplicación del delito de malversación en dichos casos y, por esta razón, el Alto Tribunal se ha apoyado en su interpretación sobre el enriquecimiento de los siete líderes independentistas para no hacerles efectiva la norma.
“El Tribunal de Luxemburgo lo que dice es que la ley de amnistía no perjudica a la legislación europea y nosotros decimos que tampoco perjudica a la Constitución. Pero lo que se está planteando en este recurso es un problema de aplicación”, ha detallado Conde-Pumpido, que ha señalado que ahora corresponderá al Constitucional decidir si los casos de las personas todavía pendientes de que se les aplique la norma deben considerarse parte de la excepción. “Tenemos que aclarar la interpretación de la Constitución en el tema de la legalidad penal y en el tema de la legalidad penal si a una persona se le puede aplicar una excepción en un asunto en el que se está yendo en contra del reo”, ha explicado.
Conde-Pumpido opina que "más que la amnistía se discutía el posicionamiento político del partido Junts"
Por otro lado, Conde-Pumpido también se ha referido a la politización de la ley de amnistía, la cual, para el presidente del Constitucional, se ha producido porque la norma “partía de un tema político” y ha supuesto un gran esfuerzo para el tribunal de garantías a la hora de “separar las cuestiones éticas, políticas o de cualquier otra índole de las cuestiones constitucionales”. “Nosotros lo que nos planteamos es la constitucionalidad de la ley, pero había gente que planteaba que estas personas no se merecen la amnistía, que era un tema sobre el que nosotros no podíamos opinar, o que en realidad la amnistía tenía la finalidad de llegar a un acuerdo político para bloquear una investidura”, ha asegurado.
Por lo tanto, desde el punto de vista de Conde-Pumpido “detrás del tema de la polarización del debate se encontraba fundamentalmente el tema del apoyo mayoritario que el presidente podía obtener o no en función de que ellos se pronunciaran en un sentido o en otro”. “Creo que más que la amnistía se discutía el posicionamiento político del partido Junts”, ha subrayado.
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