Quedan muy pocos días para que el Tribunal Constitucional (TC) ponga en marcha las deliberaciones sobre los recursos de amparo presentados por los líderes del procés a los que el Tribunal Supremo (TS) todavía se rehúsa a aplicar la ley de amnistía. Será a partir del próximo martes 22 de septiembre cuando el tribunal de garantías aborde el recurso del secretario general de Junts, Jordi Turull, y previsiblemente a principios de octubre cuando dicte una sentencia al respecto, la cual se espera que marque el futuro de todos los encausados, incluido el de Carles Puigdemont. De dicha resolución dependería el regreso del expresidente de la Generalitat a Cataluña, que, en caso de cumplirse los pronósticos, podría ocurrir el mismo mes de octubre.
Desde el entorno judicial se señalaba la semana pasada que el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, estaría dispuesto a aplicar la amnistía a todos los encausados después de que el TC dicte una sentencia favorable a ello sobre el recurso de amparo de Turull y con esta fije su doctrina, lo que está previsto que ocurra en el pleno que el tribunal de garantías del 6 de octubre. Sería una vez se publicase la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente a finales de dicho mes, cuando el Alto Tribunal haría efectiva la norma para todos los encausados y levantaría la orden de detención que pesa sobre Puigdemont. Entonces, el líder de Junts ya podría regresar tras nueve años en Bélgica. Sin embargo, desde el partido posconvergente todavía optan por ser precavidos y prefieren no avanzar ninguna fecha para su regreso.
Ante los rumores que indican que Puigdemont y su entorno podrían haberse planteado días simbólicos como el 27 o el 29 de octubre, cuando se cumplen nueve años de la declaración unilateral de independencia (DUI) y de la huída del expresidente de la Generalitat, respectivamente, fuentes de Junts aseguran a ElPlural.com que hasta que no haya una sentencia favorable del Constitucional no cuentan con ninguna fecha para su regreso ni trabajan con ninguna previsión.“No trabajamos con ninguna fecha porque no tenemos ninguna certeza de que pueda volver”, remarcan.
Además, en la formación posconvergente se opta por no dar por hecho que la sentencia del TC sobre el recurso de amparo de Turull vaya a permitir volver a Puigdemont. En este sentido, afirman que ellos no se centran en lo que fuentes del Supremo digan, sino en lo que desde el Alto Tribunal se haga. “Cuando lo veamos en un papel nos lo creeremos”, apuntan.
En caso de no ser así y de que, finalmente, el Supremo decida no aplicar la amnistía de golpe a todos los dirigentes a quienes hasta ahora no se la ha aplicado una vez exista una primera resolución del Constitucional, Puigdemont debería esperar al pronunciamiento sobre su recurso de amparo, lo que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, confía en que ocurra antes de que finalice el año. Las fuentes de Junts señalan a este periódico que sería en noviembre cuando el tribunal de garantías delibere sobre el recurso de Puigdemont.
La deliberación del TC comenzará con el magistrado conservador José María Macías como ponente
La deliberación del TC sobre el recurso de amparo de Turull iniciará el 22 de septiembre, pero el martes no habrá resolución definitiva debido a que la ponencia corre a cargo del magistrado de corte conservador José María Macías, quien se pronunciará de acuerdo con el Supremo y en contra de amnistiar el delito de malversación del que se acusa al secretario general de Junts. En el borrador de la resolución defiende que no se aplique la amnistía a Turull y al resto de encausados que recurrieron al Constitucional alegando que con los fondos malversados consiguieron “un beneficio personal en forma de ahorro patrimonial”.
En línea con el Supremo, Macías considera que se enriquecieron personalmente, puesto que “no tuvieron que pagar de su bolsillo la financiación del proceso secesionista” y que, por lo tanto, quedarían excluidos de ser amnistiados. “El enriquecimiento no puede limitarse al aumento del patrimonio, sino también a evitar su disminución, imputando gastos personales al erario”, argumenta en el borrador. Asimismo, no ve “arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente” en las negativas del TS a aplicar la amnistía, sino que opina que hay “una discrepancia con la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria”. Pero el criterio de Macías no es compartido por el resto de magistrados del Constitucional, quienes se espera que rechacen el texto y fuercen un nuevo pronunciamiento.
De así suceder, Macías tendrá dos opciones: ceder la ponencia o mantenerla en base al criterio de la mayoría e incorporar el suyo como voto particular. En cualquier caso, será en el próximo pleno del TC, el del 6 de octubre, cuando el tribunal de garantías dicte la sentencia definitiva sobre el recurso de amparo de Turull y fije la doctrina que seguirá para el resto de sus pronunciamientos.
La postura del Supremo
Una vez resueltos los recursos de amparo por parte del Constitucional, el Supremo deberá respetar la decisión del tribunal de garantías, el cual ha esperado a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la ley de amnistía, como así hizo el pasado 16 de julio, para pronunciarse. A pesar de la sentencia de la justicia europea, el TS ha reiterado esta misma semana su negativa a aplicar la amnistía a Puigdemont y a los otros seis líderes del procés encausados por malversación para los que ha rechazado hasta el momento hacer efectiva la norma, entre quienes también se encuentra el presidente de ERC, Oriol Junqueras, inhabilitado para ejercer cualquier cargo público hasta 2031.
En el auto conocido el pasado martes, Llarena subraya que la razón por la que denegó en julio de 2024 la aplicación de la amnistía al delito de malversación de los siete encausados fue porque consideraba que quedaba excluida por “la apreciación de un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y la consideración de que los hechos afectaban a los intereses financieros de la Unión Europea”. Según el magistrado del Supremo, los jueces europeos le impiden mantener la segunda razón, pero no se han pronunciado sobre el enriquecimiento personal.
Por lo tanto, el Alto Tribunal mantendrá su negativa a hacer efectiva la ley de amnistía de forma íntegra hasta que el Constitucional se pronuncie al menos sobre el primero de los recursos de amparo presentados por el rechazo del Supremo a aplicarles la norma a causa del enriquecimiento personal que Llarena observa que hubo. Las deliberaciones del TC empezarán el martes y, como avanzó Conde-Pumpido, primero abordarán los recursos de los encausados que se enfrentaron a juicio y después los de los que huyeron.
El último rechazo del TS a aplicar la amnistía no ha sorprendido a Junts, que señala que estaba dentro de lo previsto que Llarena volviera a denegar la aplicación de la amnistía al todavía no haberse pronunciado el Constitucional. “Para nosotros la amnistía ya debería estar aplicada, pero en la lógica del calendario en el que estamos no nos ha sorprendido el Supremo porque ya dijeron que primero escucharían lo que decía el TC”, explican.
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