El prolongado proceso judicial de la ley de amnistía encara ya su recta final y lo hace con el 6 de octubre como fecha clave para su íntegra aplicación a los líderes del procés a los que el Supremo se la ha negado hasta ahora. Será entonces cuando se celebre el pleno del Constitucional en el que el órgano se pronuncie con las primeras sentencias definitivas respecto a los recursos de amparo con las que fijará una doctrina decisiva para todos los encausados y, por ende, para el regreso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El sexto día del próximo mes el tribunal de garantías se pronunciará después de que este martes la mayoría progresista haya dejado claro su aval a la norma y su rechazo a la ponencia a favor de la postura del Alto Tribunal del magistrado conservador, Jose María Macías, quien ha aceptado redactar un texto con el sentido de la mayoría.
Por lo tanto, la sentencia sobre el recurso de amparo del secretario general de Junts, Jordi Turull, respecto al cual este martes se ha comenzado a deliberar, se resolverá favorablemente el 6 de octubre. En el mismo pleno, el tribunal de Garantías se pronunciará sobre otro de los recursos, el de la exconsellera de Trabajo republicana Dolors Bassa, con una ponencia que correrá a cargo del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quien ha anunciado que presentará ese día el texto en vez de esperarse a la siguiente sesión plenaria.
De esta manera, tras la votación del 6 de octubre, el Constitucional aprobará no uno, sino dos de los siete recursos de amparo presentados por dirigentes a los que hasta ahora el Supremo ha optado por no aplicarles la amnistía, alegando que en sus casos se habían enriquecido personalmente con los fondos malversados con el procés y, por ende, quedaban excluidos de ser amnistiados. Una posición que el Alto Tribunal ha mantenido después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la ley el pasado 16 de julio, pero que no impedirá que se haga efectiva la ley una vez ya haya sentencia favorable a los recursos.
Entre los dirigentes independentistas que recurrieron al Constitucional por la decisión del Supremo se encuentra también el presidente de ERC, Oriol Junqueras, inhabilitado para ejercer ningún cargo público hasta 2031. El resto de recursos de amparo corresponden al exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva, el exconseller de Salud Toni Comín y el exconseller de Cultura Lluís Puig. Los dos últimos, al igual que Puigdemont, huyeron a Bélgica en 2017. Todos ellos ven ahora más cerca la aplicación de la ley de amnistía aprobada el 30 de mayo de 2024 por el Congreso de los Diputados.
El borrador de la ponencia de Macías rechazado por la mayoría del Constitucional
El aval de la mayoría progresista del Constitucional se materializará en las resoluciones que se aprueben en el próximo pleno. La ponencia sobre el recurso de Turull estará escrita por Macías, que ha preferido redactar una nueva acorde con la postura mayoritaria que ceder la ponencia a otro de los magistrados del tribunal de garantía tras asumir el rechazo de la mayoría a su texto. El borrador se conoció la semana pasada y en él defiende, en línea con el Supremo, que con los fondos malversados los siete encausados obtuvieron “un beneficio personal en forma de ahorro patrimonial”.
En este sentido, Macías argumenta en el borrador de la ponencia que los siete líderes del procés se enriquecieron personalmente debido a que “no tuvieron que pagar de su bolsillo la financiación del proceso secesionista”. “El enriquecimiento no puede limitarse al aumento del patrimonio, sino también a evitar su disminución, imputando gastos personales al erario”, indica en el texto en el que también señala que no observa “arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente” en el rechazo del Supremo a aplicar la amnistía, sino “una discrepancia con la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria”.
Llarena a la espera de la primera sentencia sobre los recursos
Con una sentencia del Constitucional favorable a uno de los recursos de amparo, el Supremo acatará la doctrina fijada y aplicará la ley a los siete encausados a los que hasta ahora se ha negado a amnistiar sin necesidad de esperar al pronunciamiento del tribunal de garantías respecto al resto de recursos, según han avanzado fuentes judiciales. Concretamente, el Alto Tribunal aguardaría a que se publique la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que está previsto que suceda a finales de octubre, sonando el día 26 como posible fecha.
Por lo tanto, podrían quedar apenas semanas para que el magistrado del Supremo Pablo Llarena levante la orden de detención que pesa sobre Puigdemont, permitiendo así su regreso. Además, dependiendo del tiempo que tarde el Alto Tribunal en aplicar la amnistía tras la publicación de la sentencia, cabría la posibilidad de que el líder de Junts estuviese de vuelta el 29 de octubre, día en el que se cumplen nueve años de su fuga.
Lo que queda claro es que el Supremo no moverá ficha para la aplicación íntegra de la amnistía hasta que haya una sentencia definitiva del Constitucional, a pesar del aval del TJUE a la ley, como ya evidenció la semana pasada Llarena en un auto en el que volvía a rechazar aplicar la amnistía. Para Llarena no era suficiente que la justicia europea hubiera determinado que la aplicación de la ley para la malversación de fondos no va en contra de los intereses financieros de la UE, alegando que "no ha podido ocasionar una reducción de los recursos propios de la Unión".
En el auto, Llarena remarcaba que hasta ahora ha rechazado amnistiar a los siete dirigentes del procés porque interpreta que quedan excluidos de la norma por “la apreciación de un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y la consideración de que los hechos afectaban a los intereses financieros de la Unión Europea”. Para el juez del Supremo, la segunda cuestión ha quedado descartada con la resolución del TJUE, pero no la primera, sobre la cual no se pronunciaron los magistrados europeos. Un asunto que ahora debe resolver el Constitucional, que en dos semanas avalará con una sentencia definitiva la aplicación de la amnistía en contra de la interpretación del Alto Tribunal, despejando así el camino para la vuelta de Puigdemont.
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