El Govern ha defendido este martes la regularización de personas migrantes aprobada hoy mismo por el Gobierno de España, señalando que esta medida permitirá legalizar “a nivel personal, laboral y social” a una parte de la población actual del territorio catalán que ahora podrá tener “un proyecto vital con toda la garantía de derechos y deberes” y que “es una buena oportunidad para Cataluña”. Asimismo, ha asegurado que tanto el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión como el de Igualdad y Feminismos de la Generalitat han puesto a disposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez los recursos de los que disponen para ayudar en la legalización de extranjeros y su acompañamiento.
“Es una oportunidad para regularizar a aquellos ciudadanos que ya viven entre nosotros”, ha sostenido la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat tras la reunión del Consell Executiu de cada martes. Para Paneque, la medida se trata de un “reconocimiento de derechos y de los deberes” de los ciudadanos que ya residen en Cataluña.
Además, la consellera ha puesto en valor que el proceso de regularización que llevará a cabo el Gobierno facilitará que los menores de edad cuenten con derechos reconocidos en el ámbito de la sanidad y la educación, así como que en esta ocasión la regularización pueda ser de toda una unidad familiar, realizándose mediante una misma cita y de forma simultánea para todos los miembros. Respecto a esta última cuestión, Paneque ha apuntado que es un hecho que “presenta oportunidades y ventajas importantes” para los menores, a los cuales se les concederá una autorización de residencia por cinco años.
La titular de Territorio también ha aplaudido que el Gobierno reclame que, para ser regularizadas, las personas deban acreditar que no cuentan con antecedentes penales. “Creemos que es una garantía en todo el procedimiento administrativo de regularización”, ha explicado.
Paneque afirma que las consellerias de Derechos Sociales y de Igualdad "están poniendo a disposición todos los recursos"
En cuanto a la ayuda que podrá aportar la Generalitat para facilitar la regularización a la Administración estatal, Paneque ha destacado que desde el primer momento tanto la conselleria de Derechos Sociales como la de Igualdad, en coordinación con la Delegación del Gobierno en Cataluña, “están poniendo a disposición todos los recursos” con los que cuentan para ello. Entre ellos, recursos en ámbitos como el lingüístico o la elaboración de informes de vulnerabilidad.
De la misma manera, la portavoz del Govern ha detallado que desde el Ejecutivo catalán se está colaborando en la comunicación de la información referente a la documentación que deben aportar las personas que quieran solicitar la regularización. “Los recursos propios de los departamentos estarán a disposición del acompañamiento, pero siempre en coordinación de la Delegación del Gobierno de España en Cataluña y del propio Ministerio”, ha declarado.
Se estima que entre 120.000 y 150.000 personas podrán beneficiarse de la regularización en Cataluña
Por otro lado, Paneque también se ha referido a la cifra de personas que podrán beneficiarse en Cataluña de la legalización, indicando que, según las aproximaciones hechas hasta el momento, “se puede estar hablando de unas 120.000 personas, 150.000 como máximo”. Sin embargo, ha querido dejar claro que todavía no es un dato que se conozca con certeza. “Cuando finalice el proceso de regularización será el momento de tener datos ciertos y de poderlos compartir”, ha afirmado.
Las cifras mencionadas por Paneque coinciden con las aportadas anteriormente por la conselleria de Derechos Sociales, que ya avanzó el pasado mes de febrero, tras el anuncio de la regularización por parte del Gobierno, que se estimaba que entre 120.000 y 150.000 personas optarían al proceso en el conjunto del territorio catalán. De encontrarse en lo cierto, entre un 24 y un 30% de los 500.000 regularizados previstos en el conjunto de España estaría en Cataluña.
La Generalitat celebró en febrero una cumbre con la Delgación del Gobierno para formar una alianza
El apoyo de la Generalitat al proceso de regularización aprobado este martes por el Gobierno no es algo nuevo. Desde que se conociera la medida, el Govern se ha mostrado dispuesto a colaborar en lo que hiciera falta y fuese posible. En este sentido, el Ejecutivo catalán ya celebró el pasado 4 de febrero una cumbre con la Delegación del Gobierno en Cataluña, representantes del mundo local y agentes tanto económicos como sociales con el fin de formar una alianza que permita agilizar la legalización de personas migrantes.
Al encuentro acudieron, entre otras personas, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo; la consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor; y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto. Tras finalizar dicha reunión, Martínez Bravo manifestó que lo que se debía hacer era “establecer mesas de coordinación a nivel técnico”.
Previamente, Bravo ya había señalado tres actuaciones clave por parte de su Departamento: ayudar en la medida de lo posible a que la tramitación de la regularización sea “rápida, ordenada y eficaz” e incremente el impacto positivo sobre la economía catalana, acelerar la incorporación de los migrantes legalizados al mercado laboral y apoyar a los extranjeros beneficiados con orientativos e informativos. Igualmente, la consellera remarcó que ya se han llevado anteriormente a cabo otras legalizaciones en España que han demostrado que la medida tiene un efecto positivo para las personas regularizadas y no afecta negativamente al resto de la población.
Según afirmó la titular de Derechos Sociales, la regularización es “un paso decisivo para dar derechos a todos los vecinos de Cataluña” y “un impulso definitivo para el mercado de trabajo”. En esta línea, el Govern reivindicó en un comunicado que la medida servirá para dinamizar la economía y no produce ningún efecto llamada, debido a que tan solo optan a la legalización las personas que llegaron a España antes del pasado 31 de diciembre y que acrediten que han residido en el país durante al menos cinco meses.
