El Govern de Cataluña abre este martes la nueva convocatoria de ayudas al alquiler destinada a personas de entre 36 y 64 años, la cual cuenta con un incremento del límite máximo de ingresos del que pueden disponer los solicitantes para obtenerla hasta los 36.279,32 euros anuales, equivalentes a cuatro veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC). Asimismo, se aumentará la dotación de dicha línea de subvenciones en 106 millones de euros respecto a la anterior convocatoria, los cuales se estima que permitan que 40.000 unidades familiares más puedan acceder a ella. El plazo para reclamar esta ayuda permanecerá abierto hasta el próximo 30 de abril.
Tanto el aumento de la dotación total del conjunto de la línea de ayudas como el del tope de ingresos requerido por las familias para poder acceder a la subvención forman parte de los cambios en algunos de los criterios de la convocatoria incluidos en el acuerdo presupuestario firmado entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, el pasado mes de febrero. Después de la retirada del proyecto de los presupuestos de su tramitación parlamentaria, el Ejecutivo catalán incorporó los recursos para el incremento dotacional de estas ayudas dentro del suplemento de crédito de 5.988,6 millones de euros aprobado en marzo.
Según informaron los Comuns al anunciar el acuerdo en marzo, el aumento dotacional permitirá que el Govern destine una inversión total de alrededor de 300 millones de euros para las ayudas a familias para hacer frente al pago del alquiler de la vivienda en la que residen. Por otro lado, señalaron que, gracias a ello y al incremento de los ingresos máximos que se requieren para acceder a la convocatoria de 25.200 a 36.279 euros anuales, el número de unidades familiares que podrían obtener la subvención crecería hasta las cerca de 145.000.
Precio máximo del alquiler para acceder a la subvención
Aparte de los aumentos de la dotación y del límite de ingresos, la nueva convocatoria incluye la ampliación del precio que no puede superar el alquiler para poder obtener la ayuda. De esta manera, el máximo del arrendamiento reclamado pasa de los 900 a los 1.000 euros dentro del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y de los 650 a los 750 euros en el resto de municipios de la provincia de Barcelona. En el caso de las familias que sean numerosas, monoparentales o cuenten con algún miembro con alguna discapacidad, el tope es de 1.100 y 900 euros, respectivamente.
En cuanto al resto de provincias, el límite del precio del alquiler para acceder a la subvención se mantiene en los 750 euros en Girona, en los 700 euros en la mayor parte de Tarragona y en los 600 euros tanto en Lleida como en el territorio tarragonés de Terres de l’Ebre. Los topes de las dos primeras demarcaciones ya fueron modificados en la convocatoria de estas ayudas de 2025.
Por otro lado, el precio máximo requerido para las ayudas destinadas a cubrir los gastos del alquiler de habitaciones es de 450 euros por habitación en el Área Metropolitana de Barcelona y 350 en el resto de la provincia. Respecto al resto de demarcaciones, el límite es de 400 euros en Girona, 350 euros en Tarragona y 300 euros tanto en Lleida como en Terres de L’Ebre.
El importe por ayuda oscilará entre los 50 y los 200 euros
La cuantía de la ayuda oscilará entre los 50 (incrementando su importe mínimo en 30 euros) y los 200 euros mensuales, ajustándose al esfuerzo que suponga para cada unidad familiar el pago del alquiler en relación con sus ingresos. Las solicitudes para acceder a la subvención podrán realizarse tanto presencialmente como vía electrónica mediante la página web de Tràmits de la Generalitat.
La intención de esta convocatoria de subvenciones es cubrir parte del pago del alquiler de familias que “a pesar de no encontrarse en riesgo inminente de exclusión, necesitan una ayuda para poder continuar residiendo en la vivienda habitual”, como se explica desde el Govern en un comunicado. “Por lo tanto, son una herramienta para mantenerlo (el arrendamiento de su vivienda actual) y prevenir el riesgo de exclusión residencial”, se señala.
