El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha tardado una década en admitir que no hay posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña que no sea el del Estatut sin modificar la Constitución. Lo ha hecho en la cadena SER, después de dar por buena la “reversión de la arquitectura represiva diseñada por el PP” como sucedáneo de la amnistía. Aragonés no ha entrado a valorar las dificultades políticas y las mayorías cualificadas que su nuevo propósito requeriría. La contundencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas, afirmando: ”En Cataluña no habrá ninguna consulta de autodeterminación”, sugiere la búsqueda de una nueva construcción conceptual para satisfacer la exigencia de ERC y aumentar de paso su enfrentamiento con Junts y el resto del movimiento independentista.

Pere Aragonés intenta negar la sentencia de Sánchez sobre el fin del procés y mantener viva la llama de la reclamación autodeterminista para suavizar las reacciones negativas de todos los independentistas menos los republicanos a las modificaciones del Código Penal que deberían beneficiar a los condenados por el 1-O con permiso del Tribunal Supremo. Con este propósito, ERC aprobará en su congreso de enero una nueva vía para alcanzar el estado propio, la de Montenegro. Atrás quedarán los modelos de Escocia, Quebec o Kosovo que por una u otra razón se han quedado en espejismos inútiles para los planes republicanos.

Montenegro se declaró estado independiente gracias a un referéndum celebrado en 2006 que cumplía los requisitos fijados por la Unión Europea: 50% de participación y 55% de votos afirmativos. Esta nueva hoja de ruta tiene un obstáculo evidente para el independentismo catalán, la consulta en Montenegro estaba prevista en los acuerdos con Serbia que dieron vida a la federación de Serbia y Montenegro, creada tras la desintegración de Yugoslavia. En el caso del gobierno español no hay ningún indicio de que lo vaya a aceptar mientras no se modifique la Constitución y modificar la Constitución no está en la mano de ningún gobierno sino de la mayoría cualificada del Congreso y de un referéndum constitucional, dada la trascendencia del cambio sugerido.

ERC ha tardado 10 años en aceptar que la Constitución impide el referéndum independentista y ahora habrá que esperar un tiempo (esperemos que más corto) para que asuman las dificultades objetivas que implica una reforma de esta materia. “Si este es el problema”, dijo Aragonés, “abordémoslo”. De momento, dejan atrás las peregrinas ideas de anular en Cataluña la vigencia de la Constitución y el Estatuto con una votación por mayoría en el Parlament y de creer que unas leyes autonómicas anuladas por el Tribunal Constitucional avalarían la desobediencia del gobierno de la Generalitat. El resto del independentismo no ha llegado todavía a abrazar este punto de realismo, lo que presagia tormenta continuada en el seno del movimiento.

La Mesa de Negociación seguirá siendo el escenario de la búsqueda de una fórmula que parezca ser lo que no es para ofrecer una satisfacción mínima a ERC. En esta nueva etapa, además del desiderátum del referéndum que mantendrán los republicanos, el objetivo es más ambicioso y problemático que el perseguido con la desinflamación de los problemas de los independentistas condenados. Sánchez lo precisó en su comparecencia de Bruselas: “Priorizar la convivencia en Cataluña”. Sin embargo, la reconciliación entre catalanes no figura en ninguna hoja de ruta de ERC por eso no ha ofrecido ningún gesto a la media Cataluña ignorada desde 2017. El resto de partidos y entidades independentistas, por descontado que tampoco.