“no existen razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen” esas medidas.
Pide investigar los hechos
La denuncia de UPyD va contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la consejera de Educación, Irene Rigau, y contra el consejero de Interior, Ramon Espadaler, según avanza El País.
El magistrado, no obstante, ha admitiendo a trámite la denuncia y ha ordenado a los Mossos que elaboren un informe sobre los hechos, por si se han podido cometer delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. El auto explica que los tres políticos denunciados gozan de un “fuero especial”, en su condición de diputados, por lo que en caso de enjuiciamiento, el encargado sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Los ciudadanos no están cometiendo ningún delito
El juez hace una distinción clara entre los políticos y los ciudadanos. Estos últimos no estarían cometiendo delito alguno ya que la cita de este 9-N puede considerarse un "acto de canalización de la voluntad popular” y el ciudadano “es libre de expresar su opinión cuando desde los poderes públicos se le convoca y se le facilita que lo haga”.
