Suspensión automática
El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación del Gobierno central de la propuesta, lo que, como determina el artículo 161.2 de la Carta Magna, supone la suspensión automática de la misma durante un plazo máximo de cinco meses.
Notificación en mano
El tribunal de garantías ha decidido, por primera vez, notificar en mano su resolución, pues se trata de una de las prerrogativas introducidas en la última reforma de la ley orgánica que rige su funcionamiento.
Advertencia
De ese modo, se notificará la decisión al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; a los miembros de su Gobierno; a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, a los integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica, y al secretario general del Parlament, Pere Sol. A todos se les advierte de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y se les apercibe de eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".
Responsabilidades penales
El Gobierno había pedido en su impugnación que se les apercibiera de suspensión en sus funciones y de delito de desobediencia si no cumplen el mandato del TC, y, los magistrados, aunque sin concreción, advierten de las responsabilidades, incluso penales, que acarrearía ese incumplimiento.
“Mordaza”
Tras conocerse el fallo del Constitucional, la vicepresidenta del Govern y portavoz en funciones, Neus Munté, ha defendido que el Ejecutivo catalán actúa en "estricto cumplimiento" del Parlamento catalán "soberano" y ha acusado al Gobierno de "utilizar" el Tribunal Constitucional para poner "una mordaza" a los "anhelos de libertad" de Cataluña.
Satisfacción del Gobierno de España
Por su parte, el Gobierno de España ha expresado su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional de suspender por unanimidad la resolución independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña y considera que la rapidez de esa decisión demuestra la fortaleza de las instituciones.
