Rubalcaba y Díaz han mantenido una reunión de trabajo en la sede socialista de la calle Ferraz, un día antes de que la presidenta de la Junta andaluza sea recibida por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la Moncloa.
Diálogo para intentar arreglar el problema con Cataluña
En una rueda de prensa conjunta posterior, tanto Rubalcaba como Díaz han coincidido en apuntar al diálogo como la fórmula para intentar arreglar el problema con Cataluña y ambos han rechazado de manera tajante el derecho a decidir. Rubalcaba ha reconocido que, en este asunto, el PSOE tiene un desacuerdo de fondo con el PSC, que sí apuesta por el derecho a decidir, pero ha dejado claro que tienen un punto de unión "mucho más importante", que es el de "trabajar por la unidad de España".
Rajoy no tiene que dar una respuesta a Mas
Díaz, por su parte, se ha ratificado en su opinión contraria a la consulta y también ha defendido la unidad de país: "Creo en España, un país que tiene futuro", ha apostillado, convencida de que "algunos han utilizado el sufrimiento de los ciudadanos" para que el debate independentista esté al nivel en el que se encuentra. A su juicio, Rajoy no tiene que dar una respuesta al presidente de la Generalitat, Artur Mas, sino a todos los catalanes, que "se lo merecen".
Propuesta de Sánchez-Camacho
Preguntados por la propuesta de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, para que Cataluña tenga una financiación singular, los dos han descartado esa posibilidad. Según Rubalcaba, el sistema de financiación debe ser común para toda España. Otra cosa, ha dicho, es que haya que reformarlo y que el Gobierno deba abrir las correspondientes discusiones. Susana Díaz ha apostillado que Sánchez-Camacho "se equivoca" si cree que el problema de Cataluña "es de dinero", porque lo que hay es una falta de diálogo.
Un nuevo modelo de financiación
La presidenta andaluza ha abogado además por abrir cuanto antes el debate sobre un nuevo modelo de financiación a fin de evitar confrontaciones entre comunidades y ha insistido en que, en cualquier caso, el sistema debe garantizar la igualdad de todos los españoles con independencia de donde vivan.
