Pedro Sánchez ha descubierto una nueva arma política para poner de los nervios a Quim Torra: la aplicación del protocolo autonómico, en el que la Generalitat ocupa el segundo lugar, tras el gobierno vasco, por unos pocos meses de diferencia en la aprobación de los respectivos estatutos. Le ha llamado por teléfono el segundo y le ha prometido que lo recibirá en persona tras hablar con el lendakari Íñigo Urkullu en cuanto sea investido presidente, si así sucede. El protocolo autonómico choca abiertamente con la expectativa de la relación bilateral de tú a tú reclamada por Torra; así las cosas, no es de extrañar que la conversación telefónica privada entre ambos fuera lo más parecido a un diálogo de besugos, según el contenido aireado por sus colaboradores.

La conversación telefónica más esperada de los últimos tiempos habría resultado totalmente inútil de no haberse cruzado los protagonistas más frases de las que se han filtrado. Y nada permite pensar que se hayan dicho nada fuera de lo filtrado. La principal novedad es que volverán a verse cara a cara, cuanto antes posible. Pero no parece que se hubieran entendido siquiera en las circunstancias en las que se van a encontrar si todo va como está previsto, o sea, que los socios de Torra permitan la investidura de Sánchez.

Según la Generalitat, se verán en una reunión bilateral para tratar del conflicto político, una frase que contiene los dos mantras actuales del independentismo, “bilateral” y “conflicto político”, en sustitución de expresiones ya desgastadas como “día y hora para el referéndum”. La versión de Moncloa es algo distinta: el presidente Sánchez recibirá a todos los presidentes autonómicos como un acto de normalidad institucional al empezar la legislatura y por lo tanto, Torra tendrá su cita.

El protocolo, como medicina. Y en dosis redoblada, porque el actual presidente en funciones ha hecho saber a todos sus interlocutores de la jornada telefónica que piensa en convocar la conferencia de presidentes autonómicos, lo más parecido a un órgano autonómico de carácter federalizante que no ha conseguido levantar el vuelo en las escasas ocasiones en las que ha sido convocado. La Generalitat no participa últimamente de esta mesa multilateral, precisamente por ser multilateral, y según el tuit de rigor de Torra, ni siquiera Sánchez se lo ha comentado directamente.

Salvo la reseña de la utilización por parte de Sánchez de la expresión “conflicto político” (detalle muy celebrado en TV3 y muy criticado en la mayoría de televisiones de Madrid) para referirse al conflicto político que viene desarrollándose entre Cataluña y el Estado desde 2010, cuando el entierro constitucional del estatuto de 2006, la conversación ya no dio más de sí, entrando de pleno en un diálogo para besugos pensado para ser retransmitido a posteriori vía tuit, para satisfacción de propios e instrumentalización por parte de los contrarios a cualquier aproximación.

Quim Torra le habría endosado su discurso habitual, tras reprocharle el retraso en la llamada: hay que aplicar el derecho a la autodeterminación, acabar con la represión y liberar a los presos. Pedro Sánchez le replicó que España es un estado social y democrático, que la justicia es un poder independiente y que la legislatura, de existir, será la legislatura del diálogo para rebajar la tensión territorial. Dos monólogos repetidos hasta la saciedad por la crónica política de los últimos años que difícilmente justifican la expectación creada en torno a una llamada telefónica, y menos todavía como orden del día de una eventual reunión en las próximas semanas.

Mientras todo esto sucedía, el PSOE y ERC hablan cada día sobre la investidura y las futuras mesas de negociación, siguiendo un esquema que no contempla ninguna aproximación definitiva (al menos su anuncio público) hasta la celebración del congreso de los republicanos convocado para el próximo fin de semana.

En paralelo, ERC y los Comunes han alcanzado y publicitado los primeros pactos presupuestarios parciales en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Barcelona, provocando, como poco, la incomodidad de JxCat que no cree en el aumento de la presión fiscal para los ricos ni en facilitar las cosas a Ada Colau. De todas maneras, los fieles de Puigdemont no se oponen frontalmente a la aproximación de Pere Aragonés a los Comunes, porque todavía desconocen cual será la estrategia final del ex presidente en cuanto se confirme el pacto de los republicanos con los socialistas y a la espera de saber si gozará o no de la inmunidad como diputado europeo electo.