Durante el último pleno del año, el Parlament de Catalunya aprobó una nueva ley para proteger los derechos del colectivo LGBTI. Esta nueva norma es heredera de la Ley 11/2014, y nace de la necesidad de adaptar el marco legal a las nuevas realidades sociales y reforzar un enfoque que ya no solo busca la igualdad formal, sino una transformación social y cultural profunda.
Hace algo más de una década, Cataluña se convertía en referente en la protección de los derechos civiles aprobando la ley 11/2014, pero el incremento de los discursos de odio y el señalamiento hacia el colectivo ha empujado a los grupos parlamentarios catalanes a reforzar y blindar sus derechos.
Esta nueva norma, que tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de muchas personas, en su seguridad, en su derecho a vivir, ser y querer con libertad y sin miedo; no borra el camino que trazó la ley 11/2014, sino que lo continúa, lo amplía y lo fortalece. El espíritu, la voluntad y los valores de la ley anterior son totalmente presentes, adaptados a una realidad que nos interpela con nuevas formas de discriminación y nuevos desafíos.
La aprobación de leyes como esta es fundamental para reforzar los derechos de colectivos que históricamente han sido perseguidos, marginados y silenciados. La LGBTI-fobia no es simplemente una suma de actitudes individuales, sino la expresión de un sistema social que legitima desigualdades.
Legislar contra este sistema es una obligación por parte de los poderes públicos que se consideren democráticos. La ley reconoce que la protección de los derechos de las personas LGBTI no es solo una cuestión que afecta a este colectivo, sino que es una garantía para la libertad y dignidad de toda la sociedad; solo si se protegen estos derechos es posible hablar de una democracia plena. Al elevar los estándares de protección, se combate la oleada reaccionaria global y se ofrece la seguridad jurídica a quienes han vivido en los márgenes.
Uno de los avances más significativos de esta norma es su enfoque interseccional. El texto reconoce que las discriminaciones no operan de forma aislada, sino que se multiplican cuando concurren otros factores como el racismo, el edadismo, la discapacidad o la situación administrativa de la persona. Por ello, las políticas públicas deberán integrar esta perspectiva para abordar las opresiones de manera integral.
Asimismo, la ley consolida el principio de no patologización. Se prohíbe explícitamente que el ejercicio de los derechos de las personas trans e intersexuales esté condicionado a la presentación de informes médicos o psicológicos, garantizando el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto incluye la prohibición de las llamadas terapias de conversión, consideradas una violación flagrante de los derechos humanos.
El texto legislativo no se queda en una declaración de intenciones, sino que despliega medidas concretas en sectores estratégicos como la educación, la salud, el ámbito laboral o la memoria democrática.
Y para asegurar su cumplimiento, la nueva norma establece un detallado régimen sancionador. Más allá del castigo económico, la ley prioriza la reparación del daño a las víctimas, que incluye desde indemnizaciones hasta medidas simbólicas de reconocimiento público.
En definitiva, esta ley representa un compromiso ético y político con la memoria, el presente y el futuro de Cataluña. Es una herramienta diseñada para que las próximas generaciones puedan vivir en una sociedad donde la diversidad sea celebrada y los derechos fundamentales no dependan de a quién se ama o cómo sea cada uno.
Elena Díaz es diputada y portavoz del PSC en el Parlament de Catalunya.
