De i a d) El presidente de la Generalitat de Cataluña en funciones, Artur Mas; el secretario general de CDC, Oriol Pujol; y el secretario de organización de Convergència, Josep Rull, durante la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional. EFE
El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que CDC se ha financiado de manera “ilícita” con comisiones pagadas por Ferrovial a través de "un acuerdo criminal" que le habría reportado un total de 6.607.605,58 euros, recibidos de la trama del Palau de la Música.
Una trama de comisiones ilícitas
El fiscal ha presentado este viernes, en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, un escrito, de 36 folios, en el que resume y da por concluida la investigación, y en el que solicita la transformación en procedimiento abreviado para la preparación del juicio oral contra Felix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull, Rosa Garicano, el extesorero de CDC Daniel Osácar y otra docena de personas, informa EFE.
El fiscal apunta en su informe que existió una "trama de comisiones ilícitas" que se pagaron a "personas con ascendencia política suficiente como para influir de forma determinante en organismos competentes para adjudicar obras públicas de envergadura".
Ferrovial
En ese sentido, Sánchez Ulled especifica que la constructora Ferrovial pagó comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro durante la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat.
Cuantiosos pagos
El fiscal dice con total claridad que Ferrovial realizó “cuantiosos pagos” para “garantizarse un caudal relevante de adjudicaciones públicas". Las comisiones eran pagadas por dos cargos de la compañía, actualmente imputados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, que efectuaron los desembolsos "a espaldas del accionariado". CDC usó al Palau de la Música como pantalla para el cobro de comisiones, que en realidad iban dirigidas al partido.
Los tesoreros y "altos responsables del partido"
El representante del Ministerio Público señala como responsables por parte del partido nacionalista al tesorero Carles Torrent (muerto en 2005), a su sucesor, Daniel Osácar, y al dirigente Jaume Camps. Pero apunta a que “altos responsables del partido político, que no han podido ser adecuadamente identificados” también “debieron necesariamente intervenir” en el manejo de comisiones ilegales.
El caso Pallerols
Convergència vuelve a estar en el ojo del huracán después de que en enero pasado, UDC admitiera que se financió de manera irregular a partir de fondos procedentes de subvenciones europeas para la formación de desempleados, investigado en el caso Pallerols. Fue la primera vez que un partido en España reconocía financiación ilegal.
Duran no dimitió
UDC se comprometió a pagar 388.000 euros y aceptó considerarse responsable civil subsidiario para conseguir que se rebajaran las penas a los cuatro acusados. Su líder, Josep AntoniDuran Lleida que en el año 2000 había prometido que dimitiría si se demostraba que el partido hubiera cometido fraude, se fue por las ramas en enero pasado y justificó que no dimitiera porque se trataba únicamente de una responsabilidad civil subsidiaria.
