La negativa del Tribunal Supremo a revisar los indultos concedidos por el gobierno en junio del pasado año a los dirigentes del Procés condenados en 2019 tendrá una influencia prácticamente nula en la política catalana. Indultos e indultados forman parte del pasado y pueden considerarse políticamente amortizados. De haberse producido una decisión en sentido contrario por parte de la Sala Tercera y se hubieran aceptado los recursos presentados entonces todo hubiera sido muy diferente. Las buenas noticias no son útiles para los estrategas independentistas, no lo fueron los indultos (salvo para los beneficiarios) y tampoco esta negativa a revisarlos, ambas decisiones contradicen el núcleo argumental del relato imperante: “la represión que no cesa”. Sí cesa, se quedan sin estrategia.

No es difícil de prever que PP, Vox, Ciudadanos, el ex delegado del gobierno en Cataluña en 2017, Enric Millo, la entidad Convivencia Cívica Catalana y la asociación Pro Patrimonio Sijena y Jerusalén no cejaran en su empeño y elevarán sus recursos ante el Tribunal Constitucional. Salvo sorpresa mayúscula en el recorrido de su último cartucho, los indultos han cumplido su objetivo de utilidad pública esgrimido por el gobierno para concederlos: rebajar la tensión en la sociedad catalana. De hecho, hace meses que la cuestión de los indultos desapareció de la agenda política catalana. Los partidos favorables a su concesión no lo citan por prudencia y los contrarios por conveniencia, para no contradecir sus premisas.

Los indultados, por su parte, han ido perdiendo paulatinamente protagonismo público, tras la efervescencia alcanzada en las semanas posteriores a su salida de la cárcel con las penas conmutadas pero con las inhabilitaciones vigentes. Los homenajes y la caminatas populares se fueron apagando tras el verano y el papel de todos ellos se fue relegando a un segundo plano, coincidiendo con la necesidad imperiosa de ERC de capitalizar su presidencia de la Generalitat, de por sí ya suficientemente ninguneada por sus socios de Junts y por el presidente legítimo instalado en Waterloo.

Oriol Junqueras se mantiene en la discreción para no perjudicar el discurso de Pere Aragonés. Jordi Sánchez tiene poco tiempo para salir en los medios dados los quebraderos organizativos que le procura Junts, el partido creado por Puigdemont que nunca acaba de arrancar porque todo depende de lo que vaya a hacer su fundador. El resto de condenados han desaparecido de escena, salvo para acudir de vez en cuando, cada vez menos, a la sesión de masaje periodístico con que les obsequian en TV3 gracias a un par de programas especializados se diría en propaganda independentista. Jordi Cuixart, seguramente el más popular de todos ellos, ha anunciado que abandonará pronto la presidencia de Òmnium Cultural, la entidad más potente del movimiento.

La amortización comunicacional de los indultados

La amortización comunicacional de los indultados no debe interpretarse como el abandono de estos por parte de sus compañeros ahora en el gobierno. No se trata de insolidaridad de los nuevos dirigentes, simplemente de asunción de nuevos protagonismos y de la imposibilidad material de ofrecerles un reconocimiento institucional y profesional de mayor o menor rango dado que a la mayoría les quedan, todavía, bastantes años de inhabilitación para cargos públicos.

Algunos de los que ya han cumplido con dicha inhabilitación, los que no fueron condenados por sedición, solamente por desobediencia, han empezado ya recuperar cierta presencia, muy modesta por cierto. La ex consejera Meritxell Borràs será nombrada presidenta de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y el ex conseller Santi Vila ya es presidente del Círculo de Infraestructuras, una entidad de debate sobre gestión pública y modelos urbanísticos. En las sucesivas citas electorales podrían ofrecerse nuevas oportunidades, de todas maneras, incluso en las filas independentistas se percibe escaso interés en los indultados, que en definitiva lo fueron por concesión graciosa de su majestad, a propuesta del gobierno del Estado. En todo caso, un éxito del cambio de rumbo de ERC combinado con la predisposición de Pedro Sánchez a empujar la reconciliación en Cataluña pese a quien pese. Muy lejos, en todo caso, de la derrota del estado anunciada por los líderes de la presión en las calles y del tsunami de lazos amarillos.