En mi anterior análisis -"¿Mentir sigue siendo pecado?"- arremetía contra la feroz campaña de mentiras y falsedades, manipulaciones y tergiversaciones, bulos e insultos, infamias y calumnias, difamaciones y toda clase de ataques inmisericordes que vienen desarrollando PP y Vox contra el actual Gobierno de España, la coalición progresista de PSOE y UP presidido por Pedro Sánchez, con motivo de la gestión de la brutal e inesperada crisis sanitaria, económica y social provocada por la primera gran pandemia global originada por el Covid-19.

Me ratifico en todo lo que ya dejé escrito, aunque tal vez sería interesante añadir a aquel análisis una comparación con lo que sucede en otros país de nuestro entorno, en los que todos los partidos de la oposición, sea cual sea su orientación ideológica, han cerrado filas con sus respectivos gobiernos, a los cuales han dado su apoyo parlamentario y público; ha sido y es así en todos los estados miembros de la Unión Europea (UE), con una sola excepción, la de las formaciones nacional-populistas de derecha extrema, que han actuado y actúan como PP y Vox lo hacen en España. Esta es nuestra triste realidad: las dos principales fuerzas de derechas de nuestro país vienen actuando tal cual lo hacen las formaciones ultraderechistas europeas.

No obstante, como ciudadano de Cataluña que soy, debo atender en especial lo que ocurre en mi pequeño país, en mi comunidad autónoma. La desvergüenza de PP y Vox tiene muy poca incidencia en Cataluña, entre otras razones porque estos dos partidos apenas cuentan con apoyos entre la ciudadanía catalana. Pero ya tienen quien cultiven esta misma forma de miserable y ruin actuación política. En Cataluña es una parte muy importante del movimiento separatista la que lleva a cabo esta tan innoble e indigna forma de hacer política.

En especial JxCat, casi todos sus dirigentes más destacados y también casi todas sus terminales sociales y comunicacionales, vienen desarrollando una sistemática labor de zapa contra el Gobierno de España -o, como un nada disimulado afán sarcástico, dan en denominar "Gobierno del Reino de España", intercalando esta expresión en castellano en intervenciones hechas íntegramente en catalán. Desde las constantes salidas de tono del por ahora aún presidente de la Generalitat, Quim Torra, hasta tantos y tantos otros de los dirigentes políticos y sociales de JxCat, se suceden los despropósitos y desatinos. El inefable consejero de Interior, Miquel Buch, ha llegado a decir que "los catalanes somos diferentes", ignoro si con criterios genéticos o raciales. La consejera portavoz del Gobierno de la Generalitat, la también inefable Meritxell Budó, ha llegado a afirmar que "en una Cataluña independiente no habría habido tantos muertos", declaración tan enfática y solemne como del todo punto inconsistente, naturalmente sin ninguna clase de pruebas. Quim Torra, Miquel Buch y Meritxell Budó son miembros del actual Gobierno de la Generalitat y pertenecen a JxCat, teledirigida desde su cómodo refugio de Waterloo por el fugado ex presidente Carles Puigdemont.

Por si no bastara con esto, el presidente de la hasta hace muy poco tiempo tan prestigiosa Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha sido capaz ir incluso más allá, con la difusión de un mensaje tan infamante como este: "España es paro y muerte. Cataluña es vida y futuro". De esta manera se ha pasado del ya insostenible "España nos roba" a un inconcebible "España nos mata". Todo ello dicho y echo de manera impúdica, sin rubor ninguno. Con el añadido de la escasa, casi nula colaboración del Gobierno de la Generalitat con el ministerio de Sanidad, al cual ha facilitado solo el 4% de los datos requeridos por parte de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Las acusaciones, críticas y denuncias que JxCat, sus portavoces y sus voceros vienen lanzando contra la gestión de esta crisis por parte del Gobierno de PSOE y UP presidido por Pedro Sánchez no solo intentan ocultar sus principales y más clamorosos errores: el escandaloso número de ancianos contagiados y fallecidos en las residencias geriátricas catalanas, privadas y públicas, pero todas ellas bajo la tutela de la Generalitat; el fracaso estrepitoso del ensayo de confinamiento total de la ciudad de Igualada y de otras pequeñas localidades de su entorno, con resultados letales y que ha sido criticada con gran dureza incluso por todos los alcaldes de estos municipios, de distintos grupos políticos; el reiterado incumplimiento de los plazos anunciados para dar a conocer los resultados de unas pruebas serológicas impulsadas por Oriol Mitjà, el epidemiólogo de cabecera de Quim Torra; la rotunda desautorización oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un supuesto "pasaporte inmunológico" auspiciado asimismo por Oriol Mitjà; el caos absoluto causadoen las farmacias catalanas por el anuncio de la distribución de una mascarilla higiénica por habitante, que llegó a provocar la caída del sistema informático de las recetas digitales de medicamentos… Por no hablar, claro está, del dato más trágico, el de los ciudadanos catalanes que ya han fallecido a causa del coronavirus, que coloca a Cataluña, tanto en cifras totales como por porcentaje de su población, como la comunidad autónoma española con más víctimas mortales, inmediatamente después de Madrid -cuyos ciudadanos, al parecer, tienen más motivos para decir aquello de "España nos mata".

No es ninguna casualidad que Madrid y Cataluña lideren este trágico ránking de víctimas mortales del Covid-19: han sido y todavía siguen siendo las dos comunidades autónomas españolas que más recortes hicieron en sanidad pública y en servicios sociales. Unos inclementes recortes presupuestarios y de toda índole -personal, instalaciones, dotaciones y materiales- que han tenido ahora sus trágicas consecuencias. En la Comunidad de Madrid hubo y hay un gran responsable político, el PP, porque del PP han sido todos sus últimos presidentes: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso. En Cataluña este gran responsable político es JxCat, porque fueron los sucesivos gobiernos presididos por Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra quienes llevaron a la práctica este austericidio de consecuencias mortales.