El 2021 ha llegado a su fin y son muchas las vivencias que han sufrido las tierras castellanas y leonesas, y sus ciudadanos. La política autonómica ha vivido varias idas y venidas que han desembocado en la convocatoria de elecciones anticipadas. El PP, liderado por Alfonso Fernández Mañueco en la comunidad, ha decidido romper su acuerdo de coalición con Ciudadanos para dar carpetazo y buscar una mayoría absoluta que le permita campar a sus anchas en la Junta, donde el PP lleva más de 30 años, desde 1987.

El panorama electoral de cara a febrero es confuso, aunque toda apunta a que no se darán mayorías absolutas. De no conseguirla, el PP podría ver reducidos sus apoyos tras el guantazo que le ha dado a Ciudadanos. Vox podría experimentar un auge que le lleve a tener la llave de Gobierno -las encuestas colocan a la extrema derecha como tercera fuerza-, al igual que las diferentes fuerzas regionales, como UPL o Por Ávila, o las diferentes plataformas de la España Vaciada que han decidido dar el salto a la primera línea política.

Pero no vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de 2021, un año marcado todavía por la pandemia del coronavirus y cuya gestión ha dado pie a más de un cruce de acusaciones y disputas en el seno del Gobierno de coalición de la Junta. Entre Mañueco e Igea, entre los consejeros populares y los consejeros naranjas.

Un matrimonio de conveniencia con final trágico

El matrimonio de conveniencia que mantenían Mañueco e Igea -tal como calificaron su acuerdo los propios líderes- ha tenido un final trágico, tanto que los consejeros naranjas conocieron el anuncio de las elecciones a golpe de Twitter. La difícil relación entre ambos dirigentes era evidente, aunque desde Ciudadanos intentaran mostrar calma y depositaran confianza en su socio.

La legislatura ya empezó de una forma peculiar, cuando todo parecía indicar que Ciudadanos negociaría el Gobierno con el PSOE, partido que había ganado las elecciones. Mañueco, pese a haber cosechado los peores resultados de la historia del PP en la comunidad, pudo gobernar gracias a la cesión de Albert Rivera.

Respecto al impacto de la pandemia, Castilla y León resultó ser una de las más castigadas. Especialmente, sus residencias de mayores, sobre las que la Junta aplicó un protocolo de no derivación a ancianos a los hospitales. Pese a los intentos de la coalición para que esto no se investigara, el PSOE consiguió que las Cortes iniciaran una comisión de investigación al respecto.

Las idas y venidas han sido constantes, sobre todo con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, cuyas restricciones no gustaban demasiado a algunos sectores del Gobierno. Una de las polémicas más sonadas fue cuando el Tribunal Supremo rechazó el toque de queda impuesto a las ocho de la tarde, lo que dio más alas a quienes criticaban en el PP las políticas de Ciudadanos.

Los rostros visibles han sido Francisco Igea y Verónica Casado. Eran las personas encargadas de anunciar las nuevas medidas, las restricciones, los motivos que explicaban sus medidas... Mañueco vivió en un segundo plano, aunque apareció con mayor presencia cuando la situación fue mejorando.

El momento más duro, probablemente, se vivió con la moción de censura que el PSOE presentó en marzo. Aunque una procuradora de Ciudadanos, María Montero, abandonó a su grupo, el partido demostró la lealtad que mantenía a su socio de Gobierno. Ahí quedó patente que no tenían intención de traicionar al PP, aunque los populares intentasen difundir lo contrario y todavía ahora, con la convocatoria de elecciones y la ruptura del Gobierno, justificaran la decisión en una “traición” de los naranjas.

Las tiranteces volvieron a ser evidentes tras el verano, cuando el PP se unió inesperadamente al PSOE para tumbar el plan sanitario de la consejera de Sanidad para el medio rural. La posibilidad del divorcio volvió a sobrevolar, pero Igea volvió a demostrar la lealtad de su equipo, aunque visibilizando con fuerza que la consejería de Sanidad correspondía a Ciudadanos.

Pese a ello, a las constantes idas y venidas y las demostraciones de seriedad y rigor para mantener el Gobierno, Mañueco hizo saltar todo por los aires poco antes de la Navidad. Anunció por Twitter la convocatoria de elecciones antes incluso de comunicárselo a sus socios.

Un panorama incierto, pero con importantes citas judiciales

Mañueco y Casado tienen fiado su destino al triunfo electoral en Castilla y León y en Andalucía, y las encuestas también le favorecen, pero el panorama no se le presenta fácil para el 2022. Se espera un auge de la extrema derecha y de los partidos regionales, lo que pondría nuevas fichas en el tablero de juego a la hora de formar Gobierno y podría llevar al PP a depender de Vox para seguir en la Junta.

No obstante, las citas con la justicia que tiene el PP en la comunidad podrían repercutir notablemente en sus resultados, pese a que han fijado los comicios antes de las fechas clave. El 30 de diciembre estaban llamados a declarar ante el juez el PP de Salamanca, el presidente del PP de Salamanca y presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y la gerente del PP de Salamanca, pero han logrado un aplazamiento al 14 de enero.

Aquí se investiga un presunto delito de financiación ilegal, donde altos cargos políticos y orgánicos de la formación salmantina habrían decidido de manera espontánea hacer “donaciones altruistas” para pagar las cuotas atrasadas de afiliados para que pudiesen votar en las primarias. Primarias en las que Mañueco consiguió llegar al liderazgo del PP de Castilla y León en una competición con Antonio Silván (exconsejero de Fomento, exalcalde de León y actual senador por León), el candidato de Juan Vicente Herrera.

En el mes de marzo, el PP tendrá que volver a responder ante el juez. Concretamente, el 14 de marzo comienza el juicio de la Trama Eólica, la mayor trama de corrupción de la comunidad y por la que la Fiscalía pide penas de hasta 42 años de cárcel y 239 millones de euros de multa para ex altos cargos de la Junta y los empresarios encausados, que en cómputos globales suponen una suma de 848 millones en concepto de multas y 138 años de cárcel. Por ella se ha condenado a la Junta al pago de una fianza de 24,1 millones de euros por considerarse responsable civil subsidiaria de esta trama corrupta en la concesión de licencias para parques eólicos.

A esto hay que sumar el juicio sobre Perla Negra, caso en el que se investigan los delitos relacionados con la compra de la sede de Economía y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, que comenzará el mismo 14 de marzo. En este caso figuran imputadas doce personas, entre ellas la cúpula de la Consejería de Economía, y el expresidente Herrera tendrá que declarar como testigo.