El Tribunal Supremo ha vuelto a respaldar la planificación hidrológica del Tajo y ha cerrado uno de los últimos frentes judiciales abiertos en torno al futuro del trasvase Tajo-Segura. El alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo aprobada por el Gobierno en 2023, una decisión que mantiene intacta la hoja de ruta marcada para aumentar progresivamente los caudales ecológicos del río.
La resolución llega en un escenario que, en realidad, apuntaba desde hace meses en esta dirección. Hasta ahora, todos los recursos relevantes presentados contra la nueva planificación habían terminado siendo rechazados por la Justicia. El más reciente había sido el impulsado por la Diputación de Alicante. Con esta sentencia, el Supremo completa una línea jurisprudencial que vuelve a dar cobertura a los cambios introducidos en la gestión del Tajo.
El Supremo respalda su decisión en la ausencia de motivos para anular la norma impugnada, subrayando en su resolución que “no aprecia dudas jurídicas o de hecho que justificasen una excepción”, lo que refuerza la solidez del criterio aplicado.
En la misma línea, el alto tribunal avala el procedimiento seguido en la planificación, al considerar que responde a criterios técnicos propios de la Instrucción de Planificación Hidrológica y que no existe rastro de arbitrariedad en su tramitación.
Además de desestimar el recurso, se imponen las costas procesales a la parte demandante, con un máximo de 4.000 euros para cada una de las partes demandadas, además del IVA correspondiente, al no apreciarse circunstancias que justifiquen una excepción.
Fin del último frente judicial sobre el Tajo
La relevancia de esta sentencia va más allá del plano estrictamente jurídico. El recurso del SCRATS era uno de los últimos procedimientos pendientes sobre la revisión del Plan Hidrológico del Tajo, una norma que introdujo nuevas exigencias ambientales y consolidó la implantación gradual de caudales ecológicos en distintos tramos del río.
Estos caudales representan uno de los puntos de mayor fricción entre Castilla-La Mancha y los territorios receptores del trasvase, especialmente porque su incremento puede traducirse en una reducción de los volúmenes disponibles para derivar agua hacia la cuenca del Segura.
Precisamente por eso, el fallo tiene una lectura política inmediata: el Gobierno central pierde uno de los principales argumentos que había utilizado para no abordar todavía una reforma de las reglas de explotación del trasvase.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se había sostenido que antes de modificar el funcionamiento del acueducto era conveniente esperar a que el Tribunal Supremo resolviera todos los recursos relacionados con la planificación hidrológica.
La presión se traslada ahora al Gobierno
Con el respaldo judicial consolidado, el debate entra en una nueva fase. La revisión de las reglas de explotación del Tajo-Segura lleva meses sobre la mesa y desde Castilla-La Mancha se venía reclamando acelerar ese proceso para adaptarlo a los objetivos ambientales incluidos en el plan hidrológico.
La tesis defendida por el Ejecutivo autonómico es que mantener las actuales normas mientras aumentan progresivamente los caudales ecológicos genera una contradicción entre la planificación aprobada y el funcionamiento real del sistema.
En este contexto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado al Gobierno central a cumplir las sentencias tras considerar que la región ha ganado una de las principales batallas judiciales en materia de agua.
Page ha afirmado que la comunidad ha ganado “la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales”, subrayando el alcance del fallo del Supremo.
El presidente autonómico ha mostrado su satisfacción por la resolución judicial y ha señalado que se siente “enormemente contento y orgulloso de esta tierra que defiende sus planteamientos a ultranza”.
Asimismo, ha defendido la continuidad de la posición del Ejecutivo autonómico en la gestión del agua en distintas cuencas, asegurando que su Gobierno seguirá defendiendo “con la misma fuerza y sensatez” los intereses del Alto Guadiana, del Júcar, del Segura y del conjunto de las cuencas hidrográficas.
García-Page ha insistido además en la necesidad de que las resoluciones judiciales se ejecuten, al considerar que resulta contradictorio encadenar victorias en los tribunales sin su aplicación efectiva. En este sentido, ha lamentado que “es casi acomplejante tener que estar años ganando sentencias en el Supremo y ver cómo ni siquiera se ejecutan”, reclamando al Gobierno que cumpla los fallos judiciales.
Ahora, con el aval del Supremo, el Gobierno de España tendrá que decidir si impulsa una actualización de las reglas del trasvase para acompasarlas con el nuevo marco del Tajo o mantiene el esquema actual durante más tiempo.
En cualquier caso, la sentencia no supone cambios automáticos ni inmediatos en el volumen de agua transferida al Segura. Lo que sí hace es despejar el tablero institucional: el Plan Hidrológico del Tajo queda validado y el margen para seguir aplazando decisiones se reduce.
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