El mantenimiento de las concesiones del Alto Guadiana centra la agenda política e institucional tras la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha en defensa de los derechos de uso asociados al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) más allá de 2027. El Ejecutivo autonómico insiste en que no contempla ni la revisión en profundidad ni la extinción de unos derechos que considera “fundamentales” para el desarrollo económico, social y territorial de la región.
Así lo ha trasladado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en declaraciones previas a su reunión con la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT), donde ha reiterado el compromiso del Gobierno regional con la defensa de las 4.500 concesiones vinculadas al PEAG.
“Vamos a pelear dotándonos de los instrumentos jurídicos necesarios”, ha afirmado Gómez, quien ha subrayado que todavía no se han alcanzado plenamente los objetivos ambientales y socioeconómicos del plan impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
“No a la extinción de derechos de agua”
La consejera ha sido especialmente contundente al rechazar cualquier escenario de pérdida de derechos hídricos en la cuenca. “No contemplamos la revisión ni, mucho menos, la extinción de derechos de agua que resultan fundamentales para el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha, especialmente en el Guadiana, pero también en las otras cuencas”, ha señalado.
Gómez ha defendido que el Alto Guadiana es una zona con una “singularidad evidente” dentro del mapa hídrico español, debido a la relevancia de sus masas de agua subterránea y su peso en la economía regional. En este sentido, ha puesto el acento en el impacto del regadío y del sector agroalimentario en el territorio.
Según los datos aportados por la Consejería, la cuenca del Guadiana representa el 14% del empleo agrario de la zona y concentra el 64% de la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha, lo que, en palabras de la consejera, convierte el agua en un elemento estructural para el mantenimiento del tejido productivo.
“El Alto Guadiana no es solo agua, son personas, es empleo, es un modelo rural que funciona”, ha defendido Gómez, insistiendo en que el regadío ha sido clave para fijar población y sostener la actividad económica en amplias zonas de la región.
Críticas al marco normativo y defensa del regadío
El Gobierno regional considera que la gestión actual del agua en el Alto Guadiana está condicionada por un marco normativo “especialmente restrictivo”. En este contexto, Gómez ha reivindicado el derecho de Castilla-La Mancha “a utilizar el agua que genera su propio territorio”, especialmente en sectores estratégicos como el agroalimentario.
La consejera ha cuestionado también la posible extinción de concesiones vinculadas al PEAG, especialmente en cultivos leñosos, calificando esta opción como “claramente desequilibrada”. Además, ha defendido el mantenimiento de una dotación mínima de 700 m³ por hectárea, que ha situado en el centro del debate técnico y político.
En términos de comparación, ha señalado que el volumen destinado al Alto Guadiana, 14,5 hectómetros cúbicos, es “muy reducido” frente a los casi 600 hectómetros cúbicos que, según ha indicado, se derivan anualmente por el Acueducto Tajo-Segura.
Prórroga de la Directiva del Agua y debate europeo
Otro de los ejes de la estrategia del Ejecutivo autonómico pasa por la solicitud de una prórroga de la Directiva Marco del Agua, una posición que el Gobierno regional ya ha trasladado a las instituciones europeas.
Gómez ha explicado que esta postura ha sido defendida en el Comité Europeo de las Regiones y en los espacios de revisión normativa comunitaria. “Defendemos la ampliación del horizonte no para no hacer nada, sino para hacer bien las cosas”, ha afirmado.
El objetivo, según la consejera, es facilitar una transición que permita avanzar en modernización del regadío, eficiencia en el uso del agua, control de extracciones y recuperación progresiva de los acuíferos, al tiempo que se garantiza la viabilidad de espacios sensibles como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Un nuevo modelo hídrico en debate
El Ejecutivo de Emiliano García-Page sostiene que el actual modelo de gestión del agua en España “resulta insostenible” y reclama un nuevo enfoque más equilibrado entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico.
En este marco, el Gobierno regional trabaja en la planificación hidrológica del cuarto ciclo (2028-2033), incorporando alegaciones de los distintos sectores implicados a través de mesas de trabajo en las cinco provincias y del futuro Consejo Regional del Agua.
“Queremos compatibilizar el desarrollo económico y social con la protección de un recurso estratégico como es el agua”, ha insistido Gómez, que ha reafirmado la voluntad del Ejecutivo autonómico de mantener una posición “coordinada y firme” en defensa del Alto Guadiana.
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