El Gobierno de Castilla-La Mancha aguarda una nueva resolución del Tribunal Supremo que podría consolidar, una vez más, la doctrina judicial sobre la planificación hidrológica del río Tajo. La consejera portavoz, Esther Padilla, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico confía en que “la sentencia vaya en la misma dirección que las anteriores”, en referencia a los fallos que han respaldado el cumplimiento estricto de los caudales ecológicos.
Padilla ha insistido en que “lo que viene diciendo el Tribunal Supremo, sentencia tras sentencia, es que hay que cumplir con los planes hidrológicos, con la normativa europea y con los caudales ecológicos”. A su juicio, este posicionamiento “supone necesariamente una rebaja del agua trasvasada al Levante”, algo que considera coherente con la legislación vigente y las exigencias medioambientales de la Unión Europea.
En este contexto, la portavoz ha señalado que el recurso pendiente, presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), no debería alterar la tendencia judicial. “Confiamos en que cuanto antes el Tribunal Supremo emita esa sentencia y que lo haga en la misma línea que todas las anteriores”, ha afirmado. Para el Gobierno de Emiliano García-Page, la reiteración de estos fallos deja poco margen de interpretación. “Cada vez que tiene oportunidad, el Supremo se manifiesta en la misma dirección”.
Padilla también ha sido crítica con la estrategia de los regantes, a quienes acusa de prolongar el conflicto judicial. “Podrán interponer y presentar muchos más recursos dentro de esa estrategia que han hecho de acoso y derribo al Tajo”, ha declarado, aunque ha recalcado que “tanto la legislación vigente como la Unión Europea y el propio Tribunal Supremo avalan el cumplimiento de los caudales ecológicos”.
Presión para cambiar las reglas del trasvase
Uno de los puntos clave que ha destacado la portavoz es la necesidad de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Según ha explicado, el Ministerio para la Transición Ecológica ha retrasado esta revisión a la espera de que se resolvieran los procedimientos judiciales. “Esperamos que con esta última sentencia se acaben las excusas para la modificación de las reglas de explotación”, ha afirmado con contundencia.
En esta línea, Padilla ha apuntado que el Gobierno central “lleva tanto tiempo trabajando en esa revisión que las tendrá ya más que redactadas y muy avanzadas”. Por ello, ha reclamado que, una vez se conozca el fallo definitivo, “se proceda de inmediato a la modificación de las reglas”.
La dirigente castellanomanchega ha vinculado directamente esta reforma con la protección del río Tajo y el desarrollo regional. “Lo que no se puede permitir es que se siga esquilmando el río y limitando la capacidad de desarrollo de nuestra región”, ha señalado. A su entender, el actual sistema de trasvases ha generado un desequilibrio territorial que debe corregirse.
Asimismo, ha insistido en que el debate no es solo político, sino también jurídico y ambiental. “No estamos hablando de una cuestión opinable, sino de cumplir la ley y las directivas europeas”, ha reiterado. En este sentido, ha defendido que Castilla-La Mancha “no pide nada extraordinario, sino simplemente que se respete la normativa vigente”.
La resolución del Tribunal Supremo, que se espera en las próximas semanas, podría marcar un punto de inflexión en la gestión del agua en España. Mientras tanto, desde el Ejecutivo autonómico mantienen la presión para que el Gobierno central actúe con rapidez. “En el momento en que se produzca la última sentencia, no hay motivo para seguir esperando”, ha concluido Padilla.
