Colectivos sociales se concentran en Ferraz contra el aumento de la represión y para la derogación de la ley mordaza

“La ley mordaza la vamos a derogar en cuanto lleguemos al Gobierno”, pronunciaba un joven Pedro Sánchez en 2015, durante su participación en un programa de La Sexta. Ha transcurrido más de una década de aquel momento y nada ha cambiado, pese a que el emisor de aquellas palabras reside en el Palacio de La Moncloa desde 2018. Desde entonces, el socialista ha reeditado su promesa en múltiples ocasiones, llegando a incluirla en su acuerdo de Gobierno con Podemos en 2019, y ha reconocido el incumplimiento de su compromiso.

Los intentos por introducir algunas modificaciones a la norma, pese a que todos los actores implicados en el Ejecutivo se comprometieron a su derogación total, han sido estériles. Muchas palabras y promesas electorales, pero ni de lejos tan numerosas como la cantidad de multas (cientos de miles de euros) y actuaciones represivas que han sufrido los colectivos sociales, organizaciones vecinales, sindicatos barriales y una gran suma de valientes militantes ajusticiados en estos últimos tiempos. Y la responsabilidad, y así lo consideran los militantes, es del Gobierno que gestiona el país desde hace ocho años.

Nos someten a la 'burorepresión' para acabar con la protesta social

Los colectivos denuncian el uso de la maquinaria del Estado, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como punta de lanza, para reprimir a ciudadanos que luchan organizados colectivamente por el acceso a la vivienda, el freno a los desahucios, el respeto de los derechos sociales, la defensa de los derechos laborales y una larga lista de causas nobles. Una situación que llevará a un gran número de personas a concentrarse, este jueves a las 10:30 horas, en la calle madrileña de Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE.

Diferentes colectivos del movimiento de la vivienda, organizaciones ecologistas, antirepresivas y de múltiples barrios acudirán hasta la sede socialista para reclamar la “derogación inmediata y completa de la ley mordaza”. Una reivindicación que llega a las puertas de la macromanifestación de vivienda que se celebrará el próximo domingo en ciudades de toda España, también en la capital. El empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora está agravando la conflictividad y, con ello, se están endureciendo las sanciones contra quienes levantan la voz.

Cientos de miles de euros en multas

50.000 euros en multas son los que pesan sobre la histórica PAH Vallekas, cuya actividad en el barrio madrileño es clave para auxiliar a las personas sobre las que pesan órdenes de desahucios y sufren las consecuencias de la especulación, en menos de un año (entre octubre de 2024 y mayo de 2025). Una cuantía que, por dimensionar el tamaño del castigo, corresponde a tan solo un colectivo de un barrio concreto. Abriendo el foco, el Ministerio del Interior reconoce haber impuesto 327.000 sanciones al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadano únicamente en 2024.

“Este último año, la Delegación de Gobierno de Madrid nos ha sancionado en cinco acciones, bajo el amparo de la ley mordaza que el Gobierno prometió que iba a derogar”, relata uno de los portavoces de PAH Vallekas a ElPlural.com, “Esto es algo que se extiende de igual forma al resto de colectivos de vivienda y otros colectivos sociales”, explica, “por eso hemos iniciado una campaña este mes para denunciar la vigencia de esta ley”.

“La burorepresión a la que nos están sometiendo busca acabar con la protesta social y la lucha por un derecho básico como es la vivienda”, acusan al Ejecutivo. “Todo esto mientras los partidos del Gobierno se llenan la boca asegurando que están supuestamente muy preocupados por la situación de la vivienda”, lamentan. Por todo ello, este jueves piensan seguir presionando a gobernantes para que deroguen la ley, acaben con las sanciones administrativas contra la protesta y archiven las causas represivas vigentes.