La aprobación de un nuevo trasvase de 81 hectómetros cúbicos desde el Tajo hacia el Segura correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre ha reabierto el debate hídrico entre Castilla-La Mancha y el Levante. El Partido Popular de Paco Núñez ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo de Emiliano García-Page, acusándole falsamente de "silencio" ante la falta de aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase.
Una acusación que choca de frente con la posición defendida públicamente por el propio presidente castellano-manchego, quien ha reclamado en numerosas ocasiones no solo la aplicación urgente de esas normas, sino la supresión total del trasvase para sustituirlo por un modelo basado en la desalación y la autosuficiencia hídrica en el Levante.
Durante una rueda de prensa celebrada en Guadalajara, la secretaria general del PP regional, Carolina Agudo, ha asegurado que con Page "Castilla-La Mancha tiene al presidente más trasvasista de su historia", como si de Page dependiera la autorización de los travases.
La dirigente popular ha acusado al Gobierno autonómico de incumplir el Pacto Regional por el Agua, firmado hace casi cinco años, y ha lamentado que "a día de hoy se sigue trasvasando sin conocer la situación real de los recursos". Agudo ha reclamado un supuesto Pacto Nacional por el Agua que, según ha dicho, se alcanzará "cuando gobierne el Partido Popular".
Sin embargo, estas declaraciones se desmontan con facilidad. El Ejecutivo de García-Page ha sido el único en plantar cara al Ministerio para la Transición Ecológica cada vez que se ha autorizado un nuevo envío de agua al Segura, exigiendo la aplicación inmediata de las nuevas reglas de explotación y las sentencias del Tribunal Supremo, que deberían haber reducido los volúmenes de derivación desde los embalses de cabecera.
Además, el presidente castellano-manchego ha reiterado su petición de que el Levante se abastezca mediante desalación, una tecnología en la que el Gobierno de España ha invertido miles de millones de euros pero cuya puesta en marcha sufre continuos retrasos por las presiones de los gobiernos autonómicos del PP y del poderoso lobby agroalimentario murciano.
Quien sí se desdice constantemente es el líder del PP castellano-manchego, Paco Núñez, que dice una cosa en Madrid, otra en Toledo y otra en Murcia, según convenga al auditorio. Hace apenas unas semanas firmó junto a todos los presidentes autonómicos del PP la llamada “Declaración de Murcia”, un documento en el que los dirigentes populares se comprometieron a blindar el trasvase Tajo-Segura si algún día gobierna Alberto Núñez Feijóo, renunciando de hecho a cualquier defensa del agua para Castilla-La Mancha.
"Lo que piden Andalucía, Valencia y Murcia es una ilegalidad"
Pese al "silencio" que denuncia el PP, la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Page, Mercedes Gómez, ha respondido con contundencia a la carta remitida por los gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, junto con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), al Ministerio para la Transición Ecológica.
Según Gómez, se trata de una misiva "indignante" que "atenta contra la inteligencia de cualquier ciudadano", al exigir que se frene el "recorte" de los trasvases previstos por ley. "Lo que están pidiendo es que el Ministerio cometa una ilegalidad", ha afirmado la consejera desde Azuqueca de Henares, recordando que el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros obliga a cumplir con los planes hidrológicos de todas las cuencas, incluida la del Tajo.
Gómez ha insistido en que el Gobierno regional no va a consentir que esta situación se prolongue, advirtiendo que el trimestre acabará con más agua trasvasada que en todo un año hidrológico completo. Ha recordado también que aún quedan pendientes 132 hectómetros cúbicos de trasvase y que el Levante "puede y debe obtener recursos para el regadío mediante desalación", un método que considera "más sostenible e inteligente".
Presiones del lobby agrícola
Para la Junta de Castilla-La Mancha, el problema no radica en la falta de recursos, sino en la resistencia de los intereses económicos y políticos del Levante, donde el agua del trasvase resulta "más barata" por las subvenciones que reciben los grandes productores agrícolas. De hecho, Gómez ha señalado que las presiones del lobby de la industria agroalimentaria levantina explican el retraso en la aprobación de las nuevas normas, pese a que su aplicación fue pactada hace ya más de dos años con el Gobierno de España.
La estrategia del PP, centrada en culpar a Page del incumplimiento de un pacto que ellos mismos dinamitan, deja al descubierto una evidente contradicción: mientras sus dirigentes autonómicos acusan al Ejecutivo regional de inacción, sus compañeros de partido en el Levante y en el Congreso exigen mantener los trasvases y boicotean la desalación, la misma alternativa que defiende Castilla-La Mancha como única vía sostenible y justa para el futuro del Tajo.
