El Gobierno de Emiliano García-Page quiere pisar el acelerador frente a uno de los problemas que más está complicando la vida de jóvenes y familias. Castilla-La Mancha ha dado este jueves el primer paso para sacar adelante una nueva ley destinada a movilizar suelo, aumentar la oferta de vivienda y reducir los tiempos urbanísticos, con medidas que afectarán tanto a las ciudades como a los pequeños municipios de la región. La iniciativa, presentada por el Grupo Socialista, ha llegado al Pleno de las Cortes para su toma en consideración.
El movimiento llega, además, en un momento especialmente significativo. Los últimos datos publicados este mismo jueves por el Ministerio de Vivienda sitúan el incremento interanual del valor tasado de la vivienda en Castilla-La Mancha en el 14,7% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 12,5% registrado de media en España. La región se encuentra así entre las comunidades donde más han aumentado los precios durante el último año.
La respuesta planteada por el Ejecutivo autonómico pasa principalmente por intentar que haya más vivienda disponible y en menos tiempo. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha definido la reforma como "innovadora, ambiciosa y pionera" y ha resumido la filosofía de la norma con una comparación poco habitual en el lenguaje administrativo: ante la situación actual, ha dicho, hacen falta medidas de "cirugía mayor" porque "no vale la homeopatía".
Una de las principales novedades permitirá aprovechar suelo destinado actualmente a actividades terciarias que permanezca sin desarrollar para levantar en él vivienda sometida a algún régimen de protección pública. Según los cálculos expuestos por Hernando, esta fórmula permitirá incrementar de facto hasta un 20% la edificabilidad y la densidad, facilitando que parcelas que ahora permanecen vacías puedan incorporarse al mercado residencial.
Barrios enteros y pequeños pueblos
La reforma también creará los denominados Programas de Renovación Urbana (PRU), pensados para acometer transformaciones completas en barrios donde las herramientas urbanísticas ordinarias dificultan o alargan durante años cualquier actuación.
El planteamiento es que estos programas funcionen en el ámbito residencial de forma similar a los Proyectos de Singular Interés y permitan coordinar a Junta, ayuntamientos, propietarios y empresas. En las operaciones que impliquen sustituir viviendas existentes, la intención del Ejecutivo es que los residentes dispongan primero de una nueva solución residencial antes de que se ejecute la transformación del barrio.
El otro gran frente estará en el medio rural. Los Proyectos Especiales de Vivienda en Entornos Rurales (PEVER), una figura que ya existe en la normativa castellanomanchega, serán simplificados para intentar reducir a la mitad los tiempos administrativos.
La futura regulación permitirá integrar en un único procedimiento modificaciones del planeamiento, aprobación urbanística y licencia de obra. La medida busca especialmente ayudar a ayuntamientos pequeños, donde la falta de personal técnico puede convertir cualquier nueva promoción en un proceso de varios años.
150 millones y 21.000 nuevas licencias
El Ejecutivo de Page acompaña la reforma legislativa de una política de inversión que Fomento cifra en 150 millones de euros movilizados durante el último año. Hernando también ha asegurado que desde el acuerdo alcanzado con el sector promotor hace tres años se han registrado 21.000 nuevas licencias de vivienda, de las que aproximadamente una quinta parte corresponden a algún régimen de protección pública.
La Junta tiene además en diferentes fases promociones de vivienda protegida en Guadalajara, Azuqueca de Henares, Ciudad Real, Toledo e Illescas. El balance oficial cifra en unas 1.600 las viviendas mediante fórmulas de colaboración público-privada que están terminadas, en construcción, licitación o tramitación.
El Gobierno regional sostiene también que dedica uno de cada cuatro euros de sus fondos FEDER a vivienda y ha contrapuesto esta apuesta con la realizada por otras comunidades. Hernando ha citado expresamente a Madrid y Aragón como ejemplos de territorios que, según los datos manejados por la Junta para esta comparación, no destinan recursos de ese programa a estas políticas, y a Baleares como una comunidad con un porcentaje inferior. Esta última sí cuenta, por ejemplo, con actuaciones concretas de construcción de vivienda social cofinanciadas con FEDER.
Una carrera autonómica por construir más
Castilla-La Mancha no es la única autonomía que está modificando sus reglas ante el problema de la oferta. Madrid cuenta con el Plan Vive, que cifra en 14.000 las viviendas previstas durante la legislatura y en 6.419 las ya entregadas hasta septiembre, y también ha impulsado medidas para incrementar densidad y edificabilidad.
La diferencia que pretende introducir Castilla-La Mancha está especialmente en la combinación de suelo urbano sin uso, regeneración de barrios, vivienda protegida y actuaciones específicas en zonas rurales, una cuestión especialmente relevante por la dispersión territorial de la comunidad.
La presión sobre el mercado tampoco es idéntica. Madrid sigue siendo la comunidad con el mayor valor tasado del país, con 4.089,6 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares con 3.980 euros. Castilla-La Mancha parte de precios absolutos más bajos, pero se encuentra actualmente entre los territorios donde más rápido están creciendo, con ese 14,7% interanual que supera la media española.
Otro de los movimientos que prepara Fomento es la aplicación del nuevo marco europeo de Servicio de Interés Económico General (SIEG) para favorecer promociones de alquiler asequible destinadas también a hogares de rentas medias. Hernando ha asegurado que Castilla-La Mancha pretende ser la primera comunidad española en utilizar esta nueva vía.
La proposición inicia ahora su tramitación parlamentaria. Fomento ha anunciado que trasladará invitaciones a los diferentes grupos de las Cortes para estudiar sus enmiendas y posibles modificaciones al articulado antes de la aprobación definitiva de la norma.
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