Los pueblos de Castilla-La Mancha han logrado consolidar una red sólida de servicios públicos que garantiza la igualdad de oportunidades entre quienes viven en el entorno rural y quienes lo hacen en las ciudades. Esa realidad, sin embargo, choca frontalmente con lo que sucede en muchos pequeños municipios del sur de la Comunidad de Madrid, donde el peso de la capital y de los grandes núcleos urbanos ha terminado relegando a las zonas rurales a un segundo plano.

El contraste es evidente y empieza por lo más básico. En Castilla-La Mancha es frecuente encontrar centros de salud con urgencias abiertas en municipios de menos de 1.000 habitantes, escuelas infantiles públicas en pueblos minúsculosbibliotecas modernas en cualquier localidad o una red de transportes que, incluso, pueden llevarte de punto a punto a demanda de los ciudadanos. La planificación territorial ha sido clave para garantizar que todos los castellano-manchegos, independientemente de dónde vivan, accedan a servicios públicos de calidad.

En la Comunidad de Madrid, en cambio, hay municipios con más de 10.000 o incluso 20.000 habitantes que carecen de estos recursos esenciales. Las urgencias rurales han sido cerradas en muchas zonas, el transporte público entre municipios es escaso o inexistente, y la oferta de servicios sociales se concentra casi exclusivamente en las grandes ciudades. Esta falta de atención al territorio rural madrileño ha generado una situación de desigualdad que afecta a miles de vecinos que, pese a vivir en una de las comunidades con mayor renta del país, sufren carencias impropias del siglo XXI.

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid y portavoz del PSOE madrileño, Javier Guardiola, ha reflejado esa diferencia con un testimonio directo. Natural de Aranjuez, municipio madrileño limítrofe con Castilla-La Mancha, ha relatado cómo la comparación es constante para quienes viven en esa franja fronteriza. “Yo voy a los pueblos alrededor y veo lo que hacen las diputaciones y digo: Se ha hecho una biblioteca en un pueblo de mil y pico habitantes; pero si tienen aquí centros de salud con sus urgencias abiertas y yo, de 60.000 habitantes, no; pero si tienen hasta un centro infantil para los niños y tienen 2.000 habitantes”.


El origen de esta diferencia se encuentra en el modelo institucional. Mientras que Castilla-La Mancha cuenta con un Gobierno autonómico y unas diputaciones provinciales que canalizan inversiones hacia el ámbito rural, con el objetivo de cohesionar el territorio y garantizar la igualdad de oportunidades, en Madrid estas funciones fueron asumidas directamente por la Comunidad Autónoma. Sin embargo, esa responsabilidad ha sido, en la práctica, desatendida.

A diferencia del Ejecutivo castellano-manchego y las diputaciones, que mantienen una inversión constante en infraestructuras, movilidad, equipamientos culturales y atención social en los pueblos, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha centrado sus esfuerzos en el área metropolitana, olvidando que también existen pueblos que necesitan apoyo.

El centralismo madrileño ha hecho que muchas pequeñas localidades vivan hoy una paradoja al estar más cerca de la Puerta del Sol que de las capitales de provincia de otras regiones, pero con menos servicios y peor financiación. En el lado opuesto, Castilla-La Mancha ha convertido la cercanía institucional en una herramienta de desarrollo, apostando por un modelo de equilibrio territorial donde vivir en un pueblo no implique renunciar a derechos ni a oportunidades.

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