Castilla-La Mancha construirá 800 viviendas y ofrecerá préstamos a tipo 0 en el nuevo Plan de Vivienda de Page

En un país donde el sueño de tener una vivienda propia se ha vuelto, para muchos, una quimera, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha querido poner los pies en la tierra y las políticas en marcha. Lo ha hecho desde las Cortes de Castilla-La Mancha, en el Debate sobre el Estado de la Región, con un mensaje claro: la vivienda no puede ser un lujo ni una moneda de cambio en manos del mercado. El presidente regional ha presentado el Plan de Acción por la Vivienda 2026-2030, un auténtico decálogo de medidas que combina inversión pública, apoyo a las familias y reformas normativas para garantizar el acceso digno a un hogar.

Con una inversión global de 75 millones de euros, el plan se erige como una respuesta firme y planificada al problema habitacional que azota a las clases medias y a los jóvenes. “Vamos a ser el gobierno que más apueste por facilitar la adquisición de vivienda”, ha afirmado Page, que ha reivindicado un modelo de política útil y social frente a los “años de desregulación y burbuja” amparados por gobiernos conservadores.

La primera de las medidas movilizará 45 millones de euros para construir 800 viviendas asequibles en zonas urbanas, tanto para alquiler como para venta, con ayudas de 700 euros por metro cuadrado y un máximo de 65.000 euros por vivienda. El programa se dirigirá a familias de rentas medias y bajas, con ingresos inferiores a 4,5 veces el IPREM, con el objetivo de reequilibrar el mercado y ofrecer alternativas a precios desorbitados.

A ello se suma un préstamo a tipo 0 para jóvenes menores de 36 años y familias con hijos, dotado con 30 millones de euros, que permitirá cubrir hasta el 20% de la entrada inicial que los bancos no financian, posibilitando así préstamos del 100% del precio de la vivienda, con un valor máximo de 240.000 euros. La medida, que exige dos años de empadronamiento previo salvo en municipios con despoblación, pretende romper una de las barreras más injustas que impide a miles de jóvenes acceder a su primer hogar.

En paralelo, el Ejecutivo castellano-manchego firmará protocolos con entidades financieras para ofrecer hipotecas con condiciones más ventajosas, reduciendo tipos de interés y comisiones. Además, se pondrá en marcha un nuevo registro de demandantes de vivienda, más transparente y eficiente, para ajustar la oferta pública a las necesidades reales de la población.

El plan también incluye medidas urbanísticas de calado, entre ellas el aumento del suelo residencial mediante el cambio de uso de parcelas dotacionales que los ayuntamientos no utilicen, y la reconversión de edificios públicos en desuso para destinarlos a vivienda asequible. Esta iniciativa, acompañada de un mapa regional de inmuebles susceptibles de rehabilitación, permitirá la creación de hasta 2.000 nuevas viviendas, aprovechando suelo público inactivo “sin repetir los excesos de la burbuja inmobiliaria”, ha subrayado Page.

Reclasificación de suelos

Otro eje fundamental será la reclasificación de suelo rústico mediante los Planes Especiales de Vivienda en Entornos Rurales (PEVER), para impulsar nuevos desarrollos en municipios con riesgo de despoblación. A esto se suma la aprobación de una nueva norma técnica regional de planeamiento, que sustituirá a las obsoletas normas subsidiarias municipales, y ayudas en especie para pequeños municipios, con asistencia técnica gratuita para redactar sus planes urbanísticos.

El paquete se completa con importantes deducciones fiscales: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se reducirá del 5% al 3%, el tipo de Actos Jurídicos Documentados bajará al 0,25%, y la deducción autonómica por alquiler se incrementará hasta 500 euros.

Con este decálogo, el Gobierno regional aspira a abrir una nueva etapa en la política de vivienda pública. Frente al discurso fácil del PP y su “mantra del mercado libre”, Page ha optado por una hoja de ruta concreta, social y realista. Una apuesta que combina planificación y justicia social, y que devuelve a Castilla-La Mancha la iniciativa en un asunto que afecta directamente a la estabilidad, la igualdad y el futuro de miles de familias.