La información publicada por El Plural este jueves sobre los más de 230.000 euros concedidos al Ayuntamiento de Talavera de la Reina y no ejecutados para actuar en los colectores municipales ha abierto una grieta en el propio Gobierno local. Lejos de desmentir que la red estuviera colapsada, el alcalde, el 'popular' José Julián Gregorio, ha señalado directamente a dos concejalías gestionadas por Vox como responsables de no haber actuado ante los atascos en la red de alcantarillado.

Los hechos se remontan a marzo de 2025, cuando la crecida del Tajo provocó el derrumbe parcial del Puente Viejo. El 24 de ese mes, el ministro Ernest Urtasun visitó la zona para evaluar los daños. A raíz de ese episodio, el alcalde solicitó la declaración de zona catastrófica. Las subvenciones derivadas de esa declaración se convocaron en septiembre de 2025 y, posteriormente, se publicó su asignación, con varias partidas destinadas al Consistorio talaverano.

De acuerdo a la información recabada, entre ellas figuraban más de 230.000 euros para ejecutar obras en los colectores, una actuación que el propio Ayuntamiento justificó en su momento al reconocer que la red estaba colmatada por vegetación, cañas y escombros, generando graves problemas de evacuación del agua. Sin embargo, esas obras no se llegaron a ejecutar nunca, lo que ha provocado que este mes de febrero más de un centenar de vecinos del barrio talaverano de Entretorres hayan estado más de diez días inundados. 

Preguntado por este extremo tras la publicación de la noticia, el alcalde no ha negado la existencia de los atascos. Al contrario, ha afirmado que esa cuestión corresponde a las concejalías de Medio Ambiente y Mundo Rural, ambas en manos de Vox. “Eso se lo tienen que preguntar ustedes a la Concejalía de Medio Ambiente y a la Concejalía de Medio Rural. Pero lo que en mi mano ha estado, yo lo he hecho”, ha declarado Gregorio, señalando de forma explícita al concejal de Medio Ambiente y teniente de alcalde, David Moreno, líder de Vox en Castilla-La Mancha.

La afirmación tiene implicaciones políticas relevantes. Si el alcalde preguntó por los atascos, es porque tenía constancia de que existían. Y si existían desde marzo o abril de 2025, cuando el propio Ayuntamiento lo reconoció en la documentación remitida al Gobierno para solicitar ayudas, la inacción durante casi un año adquiere una dimensión distinta. La responsabilidad deja de ser difusa y se sitúa en el núcleo del Gobierno municipal como presunto negligente en las inundaciones que han sufrido los vecinos.

Los vecinos apuntan al colapso de los colectores

Mientras tanto, los vecinos de Entretorres sostienen que las inundaciones sufridas durante los últimos días no se han debido exclusivamente a la crecida del Tajo, sino al colapso de los colectores. La existencia de dos colectores paralelos, uno funcionando y otro no, refuerza esa tesis. La lluvia cayó para ambos, pero solo uno respondió adecuadamente.

El cruce de reproches entre PP y Vox ha evidenciado una fractura en el Ejecutivo local. El alcalde ha tratado de deslindar su responsabilidad, pero al hacerlo ha confirmado que el problema era conocido en el seno del Gobierno municipal. La cuestión ya no es si había atascos, sino por qué no se actuó pese a disponer de financiación comprometida para ello.

Ante este escenario, el PSOE ha solicitado el expediente completo relativo a las ayudas concedidas y a las actuaciones previstas en los colectores, con el objetivo de esclarecer si las inundaciones en Entretorres podrían derivarse de una presunta negligencia en el mantenimiento de la red. La oposición quiere conocer qué órdenes se dieron, qué actuaciones se ejecutaron realmente y por qué la limpieza no se llevó a cabo pese a que el propio Ayuntamiento había reconocido la situación de colapso.

La estrategia del alcalde, lejos de cerrar la crisis, ha abierto un nuevo frente interno en el Gobierno de PP y Vox. Si se confirma que la red estaba atascada desde hace un año y que el Ejecutivo era plenamente consciente, la narrativa de la catástrofe natural pierde fuerza frente a la de una gestión deficiente de competencias estrictamente municipales.