La Xunta de Galicia anunció ayer que será la primera a nivel estatal en contar con las farmacias para la detección de casos de COVID-19. Si la carrera entre comunidades autónomas o ciudades por ser pioneras en algo siempre ha estado muy presente, con la situación de pandemia actual se ha convertido en una obsesión para algunos políticos. Y en esta especie 'prueba atlético-política', Alberto Núñez Feijóo busca llevarse la palma, para lo cual semana tras semana presenta, pone en marcha o anuncia algo que sitúa a Galicia y, por extensión, a él mismo en los puestos de cabeza de esta particular carrera marcada por el coronavirus.

Es lo que ocurrió a finales de julio cuando, sobre todo, los medios gallegos sirviéndose de la tan ansiada en estos tiempos palabra ‘pionera’, informaron de otra novedad. La administración regional ponía en marcha a modo de ensayo una aplicación para dispositivos móviles centrada en esta lucha.

La idea gallega, llamada PassCOVID, vendida en aquel momento como en fase “piloto” todavía, extraería sus conclusiones y se analizarían sus resultados para, a partir de ellos, según señalaban desde la Xunta cuando se presentó, determinar si se generaliza o no su uso para el conjunto de la región. Según los cálculos de entonces, la decisión se tomaría en otoño.

Casi dos meses después de aquella puesta de largo, hoy sábado entra en vigor PassCOVID. Esta misma semana lo anunció el presidente gallego. Feijóo como un canal de contacto telemático con la ciudadanía para facilitar la gestión de la pandemia”, según explicaron desde el Servizo Galego de Saúde, Sergas.

El arranque de aplicación gallega choca con el hecho de que desde el 16 de septiembre esté operativa en Galicia la herramienta del Gobierno de España, Radar Covid. Así lo anunció aquel día la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial dependiente de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital. A ese proceso se llegó tras completar la integración técnica con el Sergas y después de confirmar su transparencia con la liberación de su código, acción que también permitió corroborar el control de la privacidad (no accede a permisos de localización, a contactos o al propio número de teléfono).

tuit RadarCOVID

PassCOVID, por su parte, persigue ser una herramienta a través de la cual los gallegos puedan informarse de manera actualizada de la pandemia “en toda la Comunidad, con la opción de seleccionar el concello que le interese al usuario para consultar las restriciones y medidas vigentes”, tal y como indicó la Xunta en un comunicado.

Otra de sus funcionalidades permite que si un usuario es identificado como contacto estrecho o diagnosticado de COVID-19, “este podrá informar a través de la app a sus contactos estrechos, facilitando la labor de los rastreadores”.

La referencia a esta figura por parte del Sergas no deja de levantar controversia debido a que el nuevo conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, reconoció en sede parlamentaria que Galicia no dispone de personal que se encuadre en esta categoría.

Pero no es esta la única controversia. La que acompaña a la aplicación impulsada por el Ejecutivo de Feijóo desde su anuncio en julio está relacionada con la idoneidad o no de ponerla en marcha de forma paralela a la del Gobierno central.

Quizás por ello, para evitar suspicacias, el propio presidente de la Xunta esta misma semana, en la rueda de prensa posterior al Consello de Gobierno recalcó que “el nuevo instrumento de apoyo en la lucha contra la pandemia” no entrará en conflicto con la estatal RadarCOVID, sino que la “complementará, ofreciendo otras muchas funcionalidades gracias a la colaboración voluntaria de los ciudadanos”.

A pesar de esto, muchos se han hecho la pregunta de por qué se pone en funcionamiento otra aplicación que, además, ha supuesto un desembolso económico para la administración autonómica y que, en esencia, tiene los mismos objetivos que la estatal.

En su momento, desde Galicia se justificó el desarrollo de la app que hoy entra en funcionamiento debido a la tardanza de la impulsada por el Gobierno central.