El coronavirus sigue cobrándose víctimas en la geografía española. Especialmente duro está siendo en Madrid, principal foco de contagio desde que el virus empezara a comprenderse como un problema real. Ahora, confinados en casa y en búsqueda de una respuesta activa que solucione los problemas causados por la enfermedad, la clase política pide responsabilidad ciudadana y coordinación entre administraciones. Una especie de ‘alto al fuego’ que, como es habitual en política, se mezcla con acusaciones cruzadas y movimientos subrepticios pensando en el reparto de responsabilidades que se dirimirá acabada la crisis.

Sin embargo, hay quienes han optado por no esconderse para lanzar acusaciones públicas y feroces. Es el caso de Quim Torra, mintiendo en televisiones internacionales para luego pedir perdón achacando la infamia a un error de transcripción. Pero mientras el máximo responsable del nacionalismo catalán prosigue con su causa, como era de esperar, el principal partido de la oposición, al que se le desprende un cierto carácter responsable y altura de Estado, se suma a la crítica como forma de subsistencia.

Los populares han hecho de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de su gran bastión, la punta de lanza del batallón contra Sánchez. Desde la Comunidad de Madrid se lanzan los primeros golpes, llegando a acusar de graves negligencias al Ejecutivo, mando único desde la decretación del estado de alarma. Entre las acusaciones prima la de que Pedro Sánchez y su séquito más cercano interfieren en las fronteras para frenar la llegada de mascarillas, guantes y material sanitario de toda índole con el que hacer frente al Covid-19.

Pero esta vez no se pelea con la bandera de España, ni con las bajadas de impuestos, ni con la protección de la monarquía o demás enseñas que poco cuentan en la situación actual. El constitucionalismo, bien entendido, garante de una serie de derechos fundamentales, como la sanidad, son lo que está en juego. Y la hemeroteca es traicionera, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde la política de recortes en pro de la privatización paulatina ha sido la hoja de ruta.

Si hacemos retrospectiva y echamos un vistazo a los autos judiciales, la cifra es millonaria y el sector dañado es la sanidad. Como ha informado ElPlural.com, según sostiene la Audiencia Nacional el PP robó 1,88 millones de euros en los siete hospitales levantados durante el mandato de Esperanza Aguirre (2003-2007). Pero el pellizco a las arcas sanitarias no se queda ahí, ya que, como se desprende del auto del juez del caso Púnica, numerosos centros de salud también fueron utilizados para inyectar dinero a fondo personal, haciendo subir la cifra por encima de los tres millones de euros.

Eran otros tiempos o no hay que juzgar el presente por errores del pasado podrían ser algunos de los argumentos a utilizar. Pero, si acortamos la franja de análisis, la gestión de la sanidad de los populares también ha sido criticada por la oposición. Y es que, tal y como denunció en la Asamblea el grupo Más Madrid, el Ejecutivo madrileño aplicó un tijeretazo social de 145 millones de euros a Sanidad y Educación en 2019. Tras prometer ese gasto, cambió las partidas sin publicidad reorganizando el gasto y dejando sin ese apoyo a estos servicios esenciales.

Un cambio de cromos millonarios que acabó con los fondos en una partida rebautizada como “imprevistos e insuficiencias”.