El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el PSOE-Andalucía contra el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. Este decreto fue convalidado en la Diputación Permanente de la Cámara autonómica en una sesión del 2 de abril contando únicamente con los apoyos de PP, Ciudadanos y Vox y con el que se modificaban de golpe 21 leyes y 6 decretos.

Ha sido Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A, quien lo ha anunciado en sus redes sociales, comentando que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, “hurtó al Parlamento el debate sobre el decretazo que modificó de golpe 21 leyes y 6 decretos”. En el documento que la expresidenta de la Junta ha adjuntado se señala que en dicho recurso concurre “una especial transcendencia constitucional”, ya que se plantea un problema o afecta a la faceta de un derecho fundamental sobre el que no existe doctrina de ese tribunal”.

Así, se ha acordado dirigirse al Parlamento andaluz una comunicación, a través de la Presidencia, para que “en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada del expediente administrativo relativo a las resoluciones de la Presidencia de dicho Parlamento de fecha 8 de marzo de 2020, así como de la convocatoria de la Diputación Permanente (…), de fecha 31 de marzo de 2020 y de los acuerdos de dicha Diputación adoptados en sesiones de fechas 25 de marzo y 2, 16 y 24 de abril de 2020”, como se puede leer en el documento.

Por su parte, el portavoz de Presidencia del PSOE en la Comunidad, Carmelo Gómez, también ha aplaudido esta decisión judicial. Asegura que la forma de gobernar de Moreno Bonilla “no puede quedar impune y constituye un fraude normativo y parlamentario, un fraude jurídico y político”.