Lo que dice una ley no puede ser ilegal; lo ilegal sería hacer algo distinto a lo que ordena dicha ley. Para el exletrado mayor del Parlamento andaluz José Antonio Víboras, que declaró ayer como testigo en el juicio de la pieza política del caso ERE a petición de la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, aplicar un crédito a algo distinto de lo aprobado por el Parlamento en la Ley de Presupuestos “sería un delito", de ahí que le parezca "temerario" calificar nada menos que de "inadecuado" el uso de las transferencias para el pago de las ayudas sociolaborales cuando era el propio Parlamento quien así lo ordenaba en la Ley de Presupuestos.

Ninguna consulta

Víboras defendió que en la Cámara andaluza hay un cuerpo de letrados y una Oficina de control presupuestario a disposición de los parlamentarios para su asesoramiento jurídico técnico a la hora de votar cualquier proyecto de ley, entre ellos los presupuestos anuales, donde desde 2002 se consignaban transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA (luego IDEA) para un programa de la Dirección General de Trabajo sobre ayudas sociolaborales.


Dijo que no se realizó consulta alguna a los letrados de la Cámara sobre ese sistema implantado para pagar las ayudas investigadas en el caso ERE y ha defendido que al aparecer así en los presupuestos "la habilitación del Parlamento" -que es quien aprueba el proyecto de las cuentas que propone el Ejecutivo- es que esos fondos son "para eso y no para otra cosa" y aplicarlos a otro fin "sería delito".


Diputados inviolables

Los diputados, recordaba Víboras, son inviolables, lo que significa que su decisión de habilitar un crédito para un determinado destino nunca puede ser una conducta “responsable penalmente”, informa Efe. En todo caso, la responsabilidad estaría en la ejecución de ese crédito por parte del Gobierno.

En la Ley de Presupuestos, recordaba Víboras, "lo que debate y vota es sólo el texto articulado y el estado de gastos": esa es competencia exclusiva de la Cámara, mientras la ejecución es competencia del Gobierno. "Ni el estado de ingresos, ni la memoria ni el informe económico financiero se aprueban", explicaba.

A preguntas del abogado del exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro el exletrado mayor del Parlamento ha indicado que "una regulación como tal de las transferencias de financiación no existía en la Ley de Hacienda Pública".


Ha confirmado, a preguntas del letrado del PP-A, que el grupo popular presentó enmiendas para suprimir las transferencias de financiación de Empleo a IDEA para pagar las ayudas de los ERE porque no tenían fiscalización previa y que el Consejo Consultivo se quejó de que para informar los presupuestos sólo se les remitía el texto articulado y la memoria pero no el estado de gastos.


Una finalidad clara

En la sesión de ayer por la tarde también testificó la actual jefa de la oficina de la presidenta de la Junta Susana Díaz, quien fue también secretaria de Griñán primero en su etapa como consejero de Hacienda y luego como presidente, María Auxiliadora Martínez, quien a preguntas del letrado de Griñán ha dicho no recordar que a éste le llegaran informes de la Intervención remitidos por ésta o por la viceconsejería de Hacienda.


Por su parte, el exdirector de Presupuestos del 2009 al 2012 Buenaventura Aguilera -que estuvo investigado en la causa pero el instructor la archivó para él, mientras que su antecesor Antonio Lozano sí está procesado- también ha defendido que la finalidad de los fondos enviados de Empleo a IDEA es "clara" y "meridiana" y que "nos hubiera extrañado que un hospital recibiera transferencias de financiación para ayudas sociolaborales pero IFA/IDEA no".

Un caos

Por la mañana habían declarado como testigos varios funcionarios participaron en la revisión de las ayudas tras estallar el escándalo de los ERE.

Confirmaron la misma impresión que sus homólogos que declararon en días pasados: los expedientes examinados eran un verdadero caos, la documentación era irregular o incompleta, el desorden era absoluto…

El origen del convenio

Relevante fue también la declaración Miguel Ten, exasesor en la Consejería de Empleo con el hoy procesado Antonio Fernández. Ten estuvo de acuerdo con lo declarado por otras personas en este juicio en relación al procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales: que se estableció para salvar los reparos puestos en su día por la Intervención a las ayudas otorgadas a los trabajadores de la empresa jiennense Hijos de Andrés Molina.

Dado que no se iban a seguir tramitando como excepcionales las ayudas sociolaborales, se ideó el convenio marco de 2001, de modo que el pago de las ayudas lo hiciera el IFA/IDEA tras recibir los fondos para ello desde la consejería de Empleo mediante transferencias de financiación.