El acuerdo cerrado entre la Junta de Andalucía y las diócesis andaluzas para regular la asistencia religiosa en los hospitales públicos detalla un gasto superior a los 7,4 millones de euros -que podrían llegar a los 7,8 millones cuando acabe su vigencia- con fondos directos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este pacto, firmado para un periodo inicial de cuatro años y susceptible de ser prorrogado, fija negro sobre blanco cómo se financia, estructura y organiza el trabajo de los sacerdotes católicos dentro de la sanidad pública andaluz, un asunto que combina la vertiente asistencial con la tradición jurídica de los convenios del Estado con la Santa Sede.
En la parte estrictamente económica, el documento establece una transferencia anual fija de 1.849.676 euros desde las arcas autonómicas hacia los diferentes obispados de la comunidad. Esta importante cantidad se reparte entre las distintas provincias atendiendo fundamentalmente al tamaño de su red hospitalaria y a la demanda asistencial. De este modo, las circunscripciones que concentran los grandes complejos hospitalarios de referencia en la comunidad, como Sevilla o Málaga, se llevan la mayor parte del presupuesto global superando los 350.000 euros anuales, mientras que las provincias con menos centros de alta capacidad reciben cifras proporcionales más reducidas.
En lo que se refiere al personal, el convenio actual consolida un total de 117 capellanes católicos integrados en los centros del SAS. De esta cifra global, la gran mayoría, concretamente 83 profesionales, desempeñan su labor bajo la modalidad de jornada completa, mientras que los 34 restantes lo hacen a tiempo parcial. Respecto a las retribuciones económicas, el texto especifica que los sacerdotes contratados a jornada completa perciben un sueldo bruto anual de 18.496,76 euros, una cuantía que se reduce exactamente a la mitad, situándose en 9.248 euros, para aquellos que están adscritos al régimen de media jornada. El texto subraya además que la elección de qué eclesiásticos ocupan cada una de estas plazas corresponde de forma exclusiva a los obispos de cada diócesis.
Más allá del dinero y los salarios, el convenio detalla con precisión cómo debe funcionar el día a día de esta asistencia espiritual en el interior de los hospitales. Por ejemplo, los capellanes tienen plenamente garantizada la entrada a los recintos sanitarios sin sujeción a horarios estrictos, estableciéndose además que su labor tenga carácter prioritario siempre que un paciente lo solicite de manera expresa. Si el enfermo no se encuentra capacitado para hablar por sí mismo en ese momento, la petición puede ser cursada por un familiar, un representante legal o un allegado, tomando siempre como referencia previa la declaración de voluntad vital anticipada en el caso de que el usuario la hubiese dejado registrada con anterioridad.
Para hacer posible la prestación de este servicio en condiciones óptimas, los hospitales públicos andaluces tienen la obligación legal de reservar un espacio adecuado dentro de sus instalaciones dedicado a la oración y a la celebración del culto, un lugar que debe ser accesible para los usuarios y pacientes. Asimismo, se debe habilitar una estancia complementaria más pequeña destinada a la recepción de visitas y a la custodia del material litúrgico necesario. Para vigilar que todas estas condiciones se cumplen escrupulosamente y que los fondos públicos transferidos se destinan al fin previsto, se mantiene activa de forma permanente una comisión mixta o paritaria formada por representantes institucionales de la administración sanitaria y de la propia Iglesia.
El debate sobre la financiación pública de los capellanes hospitalarios no es nuevo, pero la firma de este nuevo marco plurianual vuelve a evidenciar las diferentes sensibilidades existentes en torno a la gestión de los recursos públicos. Los críticos recuerdan que los más de 1,8 millones de euros anuales que salen del presupuesto sanitario podrían aliviar las listas de espera o reforzar los servicios de apoyo en los hospitales, mientras que los defensores del acuerdo insisten en que la asistencia religiosa forma parte de la atención integral que demanda un sector importante de la población hospitalizada en momentos de especial vulnerabilidad personal.
Crítica política
La firma de este marco plurianual ya generó en su día un intenso cruce de reproches en el plano político e institucional. Desde la coalición Por Andalucía se censuró con dureza que el Gobierno autonómico destinara recursos públicos a incorporar y financiar a 117 capellanes en la red hospitalaria mientras, a su juicio, persistía una creciente falta de personal sanitario esencial como médicos, especialistas y enfermeros en los centros de salud y hospitales públicos de la comunidad autónoma.
El debate sobre la financiación pública de los capellanes hospitalarios vuelve a evidenciar las diferentes sensibilidades existentes en torno a la gestión de los recursos públicos. Por Andalucái insistió en que los más de 1,8 millones de euros anuales que salen del presupuesto sanitario podrían aliviar las listas de espera o reforzar los servicios asistenciales básicos, mientras que los defensores del acuerdo insisten en que la asistencia religiosa forma parte de la atención integral que demanda un sector importante de la población hospitalizada en momentos de especial vulnerabilidad personal.
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