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Quedan 24 horas para que el Congreso de los Diputados vote los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno el martes, y su futuro sigue siendo incierto. Todo apunta a que el segundo, el que incluye la prórroga automática de los alquileres, morirá solo un día después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que la duda está sobre el primero de ellos.
El Sindicato de Inquilinas, impulsor de la acampada en la Puerta del Sol y otras plazas de España, ha dado su visto bueno al contenido del texto y ha pedido a los partidos que lo apoyen. Esto hace presuponer que Podemos, que dijo el miércoles que se encomendaba a los que dijeran los movimientos sociales, votará a favor, por lo que la pelota está en el tejado de Junts.
Sin embargo, pese a lo que anunciaron por un lado la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez, y por otro los cinco ministros de Sumar, con Pablo Bustinduy a la cabeza; la letra pequeña del decreto no era lo que esperaban los concentrados en el corazón de Madrid. La moratoria de los desahucios a vulnerables entró en vigor el miércoles con fecha de caducidad, en 2028, y con una serie de salvedades que dejará fuera del escudo a una gran parte de los casos.
Es lo mismo que ocurre con la prohibición de la compra especulativa de pisos a los fondos buitre, otra de las medidas más esperadas. Esta solo limita la adquisición al 70% del valor de mercado, por lo que las sociedades podrán comprar por encima de esa cifra y alquilar al precio que consideren, y solo verán esa barrera hasta el año 2030.
Las calles rechazan el primer decreto y señalan a Rodríguez
Por eso, algunos de los movimientos que acampan en Sol siguen criticando que los partidos de izquierdas, a priori, vayan a votar a favor también de ese decreto, que consideran “insuficiente”. Creen que “topar los alquileres” no alcanza, ya que deberían bajarse por ley. “Lo que pedimos es que se reduzca a un máximo del 30% de los ingresos de las personas”, señala a ElPlural Diego, miembro del Proceso Unitario de Colectivos de Vivienda de Madrid (PUCVM) desde la acampada. “Creemos que faltan otro tipo de medidas, como por ejemplo que se recupere toda la vivienda pública que se ha cedido”, pide.
En la misma línea, la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) esperaba que el Gobierno se limitara “a poner parches” a la crisis de vivienda, y rechazan el contenido de los decretos. “Pan para hoy, hambre para mañana”, dice Carlota, una de sus representantes, sobre la limitación temporal de las medidas. “Lo que hacen es paliar las consecuencias del problema, no atender a sus causas”, critica. Creen que hace falta “expropiar a los especuladores”, algo que pedían los partidos de izquierdas durante las negociaciones, y “decidir cómo y cuándo se construye atendiendo a las necesidades que tenemos como clase”.
Ambos son muy críticos con Isabel Rodríguez: “Lleva desde el miércoles dejando claro de qué bando está, es una ministra de Vivienda rentista”, dice Carlota. “El PSOE y Sumar, como partidos de Gobierno, lo que hacen es apuntalar este sistema e intentar apaciguar las calles”, lamenta. “Intentan ponerse el pin de que llevan trabajando estos siete años en materia de vivienda”, critica Diego, “pero lo que estamos viendo es que solo se movilizan cuando se lo exigimos desde las calles”.
