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Con el telón de fondo de la inminente votación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda aprobados en el Consejo de Ministros, la postura en negativo del Partido Popular era esperada y conocida, aunque cabe ahondar en cuál es la vía que vienen defendiendo los de Alberto Núñez Feijóo para entender el por qué de esta realidad que se materializará en cuestión de 24 horas.
El decreto que incluye la ‘vía Maricarmen’ y el segundo con la prórroga de los alquileres aterrizará este viernes en la Cámara Baja aún sin todos los ‘síes’ de los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez atados. Lo que sí se ha confirmado es la postura de Génova, puesto que su líder avanzó este miércoles el ‘no’ rotundo que secundarán sus diputados en la votación.
Feijóo calificó ambos paquetes de medidas de ser una “trampa” al justificar que las “dos normas son incompatibles entre sí”, preguntándose a su vez si se dará “la misma técnica legislativa de la ley del ‘solo sí es sí’”, en claro reproche al Ejecutivo de coalición.
Bajo esta premisa, cabe remarcar que la postura de los populares ante las medidas de Moncloa en vivienda no es de novedad, sino que se extiende, al menos, desde hace tres años atrás. La negativa ante la normativa estatal, medidas específicas para paliar los efectos de la crisis o incluso posiciones que benefician a propietarios y grandes tenedores son las principales fórmulas que vienen defendiendo desde Génova.
Del no a la Ley de Vivienda a la moratoria de desahucios
Cabe remontarse a abril de 2023 para comprender el contexto de las medidas que han ido tomando los de Núñez Feijóo. Hace tres años atrás fue cuando los populares votaron en contra de la aprobación de la Ley de Vivienda estatal, la cual salió adelante con 176 votos, pero que no se aplica en las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
La normativa incluyó medidas de calado como la posibilidad de declarar zonas residenciales tensionadas por sus altos precios; una acción que no se ejecuta en ciudades donde el problema de la vivienda está en su límite como bien es Madrid. También se reforzó la intervención pública sobre ciertos alquileres. En su modelo particular, plantearon aumentar la oferta de vivienda y brindar con más seguridades jurídicas y bonificaciones a propietarios. Sin quedarse en este punto, incluso promulgó su derogación y tanteó acudir a los tribunales.
Pasado un tiempo, el segundo episodio de los intentos del PP por obstaculizar los avances del Gobierno vino el 27 de enero de este año, cuando el Congreso rechazó el real decreto ley de 2025 que volverá en cuestión de horas. Entonces, la suma de PP, Vox y Junts tumbó con 178 votos el decreto que iba a prorrogar la moratoria de desahucios -incluida en un decreto ómnibus con más medidas de distinto calado-, es decir, la suspensión de estos desalojos forzosos, además de lanzamientos de hogares vulnerables.
En aquel momento, en voz de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, precisaron que la medida buscaba “mantener las okupaciones ilegales”, algo sobre lo que se postulan “totalmente en contra”: “Vamos a decir ‘no’ a ese chantaje. No vamos a permitir que se use como rehenes a los pensionistas de este país”, defendió.
De tal manera, las medidas aprobadas en aquel Consejo de Ministros quedaron en papel mojado y, en concreto del decreto de vivienda, quedó estancado hasta la fecha actual que volverá al Congreso ahora de la mano de la presión social aupada por el desahucio de Maricarmen, la anciana madrileña que pagó religiosamente durante siete décadas su alquiler, en manos de un fondo de inversión, y que fue desalojada la semana pasada.
Pero la cuestión de la moratoria no quedó únicamente en este punto, puesto que el pasado mes de febrero el Congreso llegó la votación de las pensiones por separado para su aprobación, pero el mismo real decreto ley volvió a no salir adelante con 177 votos en contra. En este texto, se podría haber ampliado hasta el 31 de diciembre de este año la suspensión de determinados desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, con la novedad de que los propietarios de dos o menos viviendas quedaban excluidos de la norma.
Siguiendo esta misma línea, en el mes de abril, de nuevo la suma de PP, Vox y Junts aceleró el impulso de los desahucios vulnerables, además del tope a los precios de alquiler. Todo ello encuadrado en una iniciativa propia e impulsada por Núñez Feijóo a través de una proposición de ley.
La propuesta, bautizada como ‘Proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda’, planteaba reducir a 900 euros el umbral de ingresos mensuales por los que un ciudadano es considerado vulnerable y en aras de evitar un desahucio, teniendo en cuenta que la cuantía actual se fija en 1.800 euros. Además, incluía recortar el plazo para ofrecer una alternativa habitacional a un mes, en vez de los dos establecidos.
Sin olvidar que proponían suprimir el artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos que permite que los inquilinos puedan prorrogar durante un año su mismo contrato de alquiler al mismo precio y condiciones estipulados si se trata de una empresa y estén en situación de vulnerabilidad.
Claves de la votación del viernes
Con todo este marco por detrás, los populares aterrizarán este viernes con la misma postura en negativo ante el ‘decreto Maricarmen’ y el segundo de la prórroga de los alquileres. En palabras de Muñoz este lunes, consideran que son medidas “caóticas” que “destruirán el mercado de la vivienda” si entran en vigor.
En cuestión de 24 horas, la Cámara Baja deberá decidir si dar luz verde o no a medidas que protegen al inquilino con cambios fiscales y urbanísticos, además de restricciones a determinadas operaciones inmobiliarias. El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, amplía hasta 2030 la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, endurece las condiciones para las compras especulativas de vivienda por parte de grandes fondos de inversión, regula los alquileres de temporada y por habitaciones —que deberán acreditar una causa real de temporalidad y estarán sujetos a límites específicos— e introduce incentivos fiscales y medidas destinadas a ampliar la oferta de vivienda asequible. El segundo decreto va un paso más allá en la estabilidad de los contratos: plantea la prórroga automática de los alquileres, de modo que el arrendador que decida no renovar tendría que justificarlo y, en determinados supuestos, indemnizar al inquilino con al menos 12 mensualidades de renta.
