El alcalde del municipio almeriense de Adra, Manuel Cortés, se encuentra de nuevo implicado en un procedimiento judicial. Hace seis meses tuvo que declarar hora por obstruir información a la oposición.
Pero el regidor del PP tendrá que sentarse otra vez en el banquillo el 21 de abril en el juzgado de Berja en calidad de acusado por presunto delito de prevaricación urbanística. Dicha imputación se produce por que el primer edil -en ese momento responsable de las competencias atribuidas las delegaciones de Urbanismo- otorgó una licencia de obra mayor al concejal de Ciudadanos para construirse una casa en la playa en una zona en la que no está permitido por ley.
El 16 de noviembre de 2017 Cortés concedió licencia de obra mayor una con el objeto de construir un edificio de tres viviendas y local en una parcela integrada en una zona afectada por ser servidumbre de Protección marítima terrestre. En estos casos la ley es muy clara al prohibir expresamente su construcción.
Concede licencia no permitida para parar una moción de censura
A este expediente, que se inició en 2013 y que se encontraba parado por dicha imposibilidad de construir en ese espacio, el alcalde le dio luz verde. La gravedad del asunto se incrementa cuando surgen sospechas sobre el objetivo perseguido con esta licencia. Y es que, curiosamente, en esos días los medios de comunicación desvelaban que los concejales de PSOE, Plataforma por Adra y del propio Ciudadanos iban a presentar una moción de censura contra el alcalde que, de prosperar, hubiera conllevado, obviamente sus sustitución y su pase a la oposición.
Un viaje a Madrid que da qué pensar
Las sospechas de un fin oculto tras la concesión de la licencia aumentaron tras percibir en el concejal de Ciudadanos que daba largas para la firma de la moción de censura acordada días antes. El documento en el que se recogía dicha moción de censura -existe y se puede mostrar- aparece rubricado por todos los concejales a falta de la firma del edil naranja. Más sospechas aun surgieron cuando se conoce que el alcalde y el concejal de Ciudadanos viajaron juntos a Madrid para gestionar el deslinde provisional de Costas. El fin era gestionar la construcción de la casa del edil naranja y único a la espera de la firma de la moción de censura pactada. Según la oposición este viaje fue crucial ya que provocó que el concejal de Ciudadanos decidiera que privaran sus intereses personales a los del pueblo de Adra junto a un alcalde “cegado por sus ansias por mantener el sillón”.
Informe: “No se podía poner ni un ladrillo”
Según información recabada por ELPLURAL, desde Costas se emitió un informe recordando que la zona donde se ubica la parcela del concejal de Ciudadanos, estaba fuera de la línea y que no “se podía poner ni un ladrillo”. Dicho informe lo tiene el ayuntamiento y aún así se le concedió licencia posiblemente con la finalidad de congraciarse con el edil naranja y evitar la moción de censura.
Es extraño que han sido varias las familias que han solicitado licencia en esa zona habiendo retranqueado para cumplir la ley habiendo recibiendo respuesta negativa para construir ya que el Alcalde no les ha concedido licencia. Sin embargo al edil de Ciudadanos si se le ha concedido. Decisiones que huelen a favoritismo en perjuicio de los demás vecinos.
Admitida a trámite la querella contra el alcalde
Ante esta situación el Grupo Socialista, en aras de no consentir ningún tipo de irregularidad en el ayuntamiento, acudió por vía penal a los tribunales para aclarar este extraño y oscuro asunto. Hoy desde el PSOE local informan de que ha sido admitida a trámite la querella presentada contra el regidor del Partido Popular por presunto delito de prevaricación urbanística y, como hemos mencionado anteriormente, tendrá que acudir a declarar el 21 de abril en el juzgado de Berja. Este delito puede acarrear la pena de 1 año y seis meses a 4 años de cárcel y multa de 12 a 24 meses.
Se da la circunstancia de que el alcalde no es nuevo en los juzgados. El 5 de noviembre del pasado año, Cortés tuvo que declarar ante la justicia por conculcar el derecho a la información de los concejales de la oposición. Ahora lo hará por un delito urbanístico que podría complicar su futuro político tras 15 años de gobiernos populares en esta localidad del litoral almeriense con casi 25.000 habitantes.
