La minería es un sector siempre necesitado de ser blanqueado. Mimada por las administraciones públicas porque sus explotaciones propician la reactivación laboral de comarcas fuertemente deprimidas, la industria minera no logra desembarazarse de una mala fama ganada a pulso, pues no en vano está jalonada de episodios tan dramáticos como la rotura de la balsa de residuos tóxicos de la mina de Aznalcóllar, donde se evidenciaron dos circunstancias a cada cual más amarga: el potencial de contaminación de la minería y la impotencia del Estado para conseguir que quien contamine pague.

Como sus antecesores en el cargo, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno participaba activamente ayer, durante la inauguración de la cuarta edición del Salón Internacional de la Minería, Mining and Mineral Hall Sevilla 2022, de esa estrategia de blanqueo de la actividad minera. Mientras, a las puertas del Palacio de Congresos de Sevilla, el movimiento ecologista convocaba una concentración alertando de los riesgos de dicha industria con un lema inequívoco: ‘Todas las minas contaminan’. El Salón acoge más de 180 empresas de todo el mundo.

¿Minería sostenible?

El presidente informó de que el programa de Ordenación de la actividad Industrial y Minera multiplicará su presupuesto casi por seis, un 485%, alcanzando la cifra de 125,7 millones de euros, y anunció que en el primer semestre de 2023 estará ultimada la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía que definirá las políticas del Gobierno andaluz en favor del sector hasta el año 2030. Para el movimiento ecologista, 'minería sostenible' es un oxímoron confirmado por numerosos desastres en todo el mundo.

Dejó claro el presidente que en esta legislatura su Gobierno autorizará grandes proyectos mineros en Andalucía, que complementará con un plan, todavía difuso, de reconversión minera para dar "un fin medioambiental a las instalaciones en desuso y una Red Andaluza de Espacios Mineros".

Lo recordó ayer Moreno: Andalucía es líder de exportación de minerales en España y cuenta con “las reservas más importantes de cobre, níquel, cinc, plomo, estroncio y otros elementos vitales para la transición energética y la independencia europea de las materias primas". 260 municipios andaluces tienen explotaciones mineras de las que dependen decenas de miles de empleos directos e indirectos.

En la misma línea, el comisario de la cuarta edición del Mining and Minerals Hall, Javier Targhetta, defendía la “necesidad, más que nunca, de recursos, inversiones y una robusta colaboración público-privada para poder ser autosuficientes y satisfacer la demanda de metales esenciales como el cobre, el oro, la plata, el paladio, el estaño o el litio". Y recalcaba: “Hoy, Europa se encuentra en desventaja con respecto a Estados Unidos y China, dos países que tienen recursos suficientes y que han realizado inversiones importantes para poder obtenerlos".

El propio alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, abundaba en el mismo sentido: "La coyuntura actual nos está enseñando la importancia de no depender de países terceros para el suministro de materias primas que son clave para el desarrollo tecnológico y el cambio hacia un modelo energético más sostenible y, por tanto, respetuoso con el medio ambiente y el clima".

Un reto complicado

Con esas credenciales, tan valiosas en una comunidad estructuralmente deficitaria en materia de empleo, el movimiento ecologista lo tiene muy complicado para hacer llegar y convencer a la opinión pública de que la industria minera es una bomba de relojería.

Coincidiendo con la apertura del salón y en el marco de las acciones programadas por el contrasalón, miembros de Ecologistas en Acción simulaban el "taponamiento" de la tubería del vertido que la mina Cobre Las Cruces, ubicada en los términos municipales de la provincia de Sevilla de Guillena, Salteras y Gerena y perteneciente a la multinacional canadiense First Quantum, viene realizando al Guadalquivir desde 2009.

Los datos difundidos por Ecologistas en Acción son escalofriantes: el vertido de Las Cruces al Guadalquivir se inició hace más de 13 años y supone la introducción al río de metales pesados bioacumulables como arsénico, cadmio, plomo, cobre, cinc, niquel y mercurio, que acaba en nuestros platos vía pesquerias del Golfo de Cádiz y a través de las producciones hortofrutícolas y de arroz que se riegan desde el río. 

Según la organización conservacionista, las tuberías de la mina han vertido en estos años al Estuario del Guadalquivir, en su punto de vertido de La Algaba, casi 4.800 kilos de cinc, 1.800 kilos de arsénico, plomo y cobre, 1.200 kilos de niquel y 120 kilos de mercurio, metales pesados de gran toxicidad que están contaminando la biodiversidad, los arrozales y Doñana, afectando a actividades socioeconómicas y al principal humedal de Andalucía".

"Un modelo nefasto"

Pero si el pasado es bastante negro, el futuro no lo es menos. Advierte Ecologistas en Acción de que la nueva autorización ambiental por parte de la Junta de Andalucía supondrá “un nuevo vertido de aguas contaminadas con metales pesados de 2.340.000 metros cúbicos anuales, en el mismo punto de vertido, en Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir de la Red Natura 2000, sin haber realizado un verdadero estudio sobre el impacto ambiental en la biodiversidad del estuario del Guadalquivir".

El suelo andaluz repleto de minerales que para las autoridades municipales y autonómicas es una bendición, para el movimiento conservacionista es más bien una maldición. Así lo sostienen en su manifiesto ‘Todas las minas contaminan’, en el que rechazan “este modelo nefasto de extracción con graves impactos sociales y ambientales”, alertan de que “impulsar de nuevo la minería supone apoyar la devastación ecológica” y califican de ajeno a toda racionalidad un evento como el que se celebra en Sevilla, “cuando el camino a seguir a nivel global y local pasa por proteger nuestros territorios y su población”.