La pasada semana no han sido los mejores siete días para Moreno Bonilla y el Partido Popular en Andalucía. La semana comenzaba con las declaraciones de ex y altos cargos del Gobierno andaluz en los juzgados por el caso de los contratos de emergencias que el Gobierno andaluz adjudicó en el periodo comprendido entre 2020 y 2024 que, presuntamente, podrían presentar severas irregularidades, tal y como indicó la Intervención General del SAS posteriormente. Sin embargo, a estas declaraciones se han sumado dos hechos sumamente importantes y de peso para que la semana del PP andaluz haya estado cercada por la Justicia: el caso Mascarillas en Almería, que ha puesto 'patas arriba' la organización y Administración provincial y el juicio a la alcaldesa de Motril (Granada) por presunta malversación de fondos públicos.

En una semana en la que el 'protagonismo' iba a centrarse en los juzgados de Sevilla, la Unidad Central Operativa (UCO) detuvo hasta a siete personas en Almería relacionadas con el caso 'mascarillas'. Mientras declaraban en los juzgados Amelia Martínez,exinterventora general de la Junta y actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y otros dos ex altos cargos de la administración autonómica y dos exinterventoras más, Almería estaba en plena ebullición y pánico con la detención del (ex) presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García -dimitido hace 3 días-, el (ex) vicepresidente, Fernando Giménez -también dimitido-, o los alcaldes de Fines y Tíjola. Tanto Aureliano García como Giménez dimitieron el pasado viernes de sus cargos para centrarse, dijeron, en su defensa y en demostrar su inocencia". Ahora la Diputación deberá activar el procedimiento interno para la elección de un nuevo presidente. El plazo para hacerlo es de veinte días. 

El caso mascarillas se circunscribe a una investigación que se remonta a 2021 cuando, al igual que ocurre con la Junta de Andalucía y con los contratos de emergencia que paralelamente se investigan en Almería, la UCO detecta que en el marco de la pandemia la Diputación contrata a una empresa Azor Corporate, un contrato por valor de más de 2 millones de euros para el suministro de material indispensable: mascarillas, guantes, trajes de protección... La empresa estaba administrada por Kilian López Solé, un empresario vinculado a Cataluña y a investigaciones por tráfico de drogas, armas y blanqueo. En un primer momento, la UCO detectó que, tras recibir dinero público, la empresa china fabricante del material abonó una comisión de casi un millón de euros a otra sociedad propiedad Kilian López.

En 2021, el exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria (PP) es detenido por la Guardia Civil en el marco de dicha operación. En esa detención encontraron sobres que contenían entre seis mil y diez mil euros y más de 26.000 euros en prendas de vestir. Aquí, la investigación comenzó a virar hacia un posible entramado de comisiones. Este es el marco general que ha llevado a que el PP almeriense esté totalmente cercado por las posibles ramificaciones de este entramado y aún con muchas responsabilidades políticas por dirimir. 

Asimismo, volviendo a la capital andaluza, tras la declaración como testigos ante el juez de los citados altos cargos, este martes 25 de noviembre declararán la actual gerente del SAS, Valle García, y los dos gerentes anteriores. Los tres, esta vez sí, investigados por la contratación de emergencia y sin control con clínicas privadas que supusieron a las arcas públicas andaluzas un montante de 234 millones de euros y cuya legalidad puede estar en entredicho. Principalmente debido a la eliminación del control previo para realizar esos contratos y, en segundo lugar, por utilizar la fórmula de contratación de emergencia cuando, desde 2021, el Gobierno central había deshabilitado dicho marco normativo.

Malversación de caudales públicos

La alcaldesa de Motril (Granada), Luisa García Chamorro, está siendo investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos. Lo que se juzgará será el uso de dinero público, perteneciente tanto al Ayuntamiento de Motril como a la Diputación granadina para afrontar una condena que impusieron a Chamorro por injurias a un exgerente de Visogsa (Empresa pública de vivienda de Granada) en la etapa de gobierno socialista.

En un auto al que ha accedido el Independiente de Granada, la jueza que instruye el caso señaló que Chamorro, siendo alcladesa del Ayuntamiento de Motril, mandó en los días 4 y 7 de noviembre de 2019, así como el 14 de febrero de 2020 a pagar, desde las cuentas del grupo municipal del PP, transferencias por un total de 4.600 euros a su propia cuenta personal. Según detalla el auto, esto lo hizo Chamorro para "emplear estos fondos para el pago" de sus obligaciones derivadas de la condena por injurias. Y, por otro lado, el 16 de diciembre de 2020 "se procedió al pago directo de honorarios a su procuradora por parte del grupo del PP en la Diputación Provincial".

En total, Chamorro fue condenada a pagar 9.519 euros (1.080 euros en concepto de multa, 5.096,15 euros en concepto de responsabildiad civil (publicación en medios de comunicación de la sentencia), 2.936,02 euros por costas procesales de la primera instancia y 407,94 euros de la acusación particular).