Este martes se ha desatado una profunda polémica tras conocer que Vox gestionará las competencias de violencia de género en la Junta de Andalucía. Estas competencias están comprendidas bajo la consejería de Justicia, una cartera que integra la macroconsejería que gestionará el vicepresidente y portavoz de Vox, Manuel Gavira. Esta macroconsejería ha venido a reproducir unas competencias que ya ostentó Juan Marín (Cs) , el primer vicepresidente de Moreno. Así, la consejería que gestionará Gavira, que es también vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, será la de Turismo, Desregulación, Justicia y Administrción Local.
Precisamente, dentro de las competencias de Justicia se encuentra la gestión directa de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UNIVG), tal y como ha quedado constatado después de que el Consejo de Gobierno aprobara los decretos de estructura de cada departamento, que recogen las atribuciones concretas de cada consejería, tal y como ha publicado eldiario.es andalucia.
Dentro del organigrama autonómico, estas unidades se incorporan dentro de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, dependiendo operativamente de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) implantados en las ocho provincias andaluzas. Compuestas por equipos multidisciplinares de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, su cometido central es la elaboración de informes psicosociales y dictámenes periciales sobre la situación de las víctimas de malos tratos, la evaluación del riesgo, las secuelas psicológicas y la afectación en los menores. Dichos informes resultan determinantes para que los jueces adopten órdenes de protección, acuerden medidas sobre custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio o concedan ayudas públicas autonómicas, según se recoge de diferentes normativas estatales y autonómicas.
No obstante, el margen de maniobra de la consejería dirigida por la formación de ultraderecha cuenta con límites jurídicos precisos. Al tratarse de una "administración prestacional", el departamento autonómico de Justicia gestiona los medios materiales, la dotación de personal y la contratación de refuerzos externos, pero carece de potestad para dirigir u ordenar el sentido de las decisiones de jueces o fiscales, competencias reservadas al Estado y al Consejo General del Poder Judicial. La baza real de actuación del nuevo equipo radica en la potestad normativa sobre la estructura propia: la consejería sí tiene potestad para modificar o reordenar mediante decreto autonómico el reglamento de funcionamiento de las Unidades de Valoración y sus protocolos de actuación administrativa.
De hecho, esta intención ya la tuvo el líder de la formación de ultraderecha en 2019. Entonces, cuando apenas se había firmado el pacto entre Moreno y Marín, con el apoyo de Vox, esta formación reclamó derogar medidas autonómicas contra la violencia de género. Este reclamo estaba sujeto al apoyo a dicho acuerdo. Si ni PP ni Ciudadanos cedían, Vox no apoyaría el acuerdo y dejaría caer la posibilidad de Gobierno. Finalmente, no ocurrió. Sí introdujo Vox su famoso y aclamado término, violencia intrafamiliar, cuyo objetivo era ocultar la violencia de género, en ese argumento que utilizan los de Abascal de que la violencia no tiene género.
El entonces portavoz de Vox en el Parlamento, actualmente investigado por un presunto fraude de subvenciones, Francisco Serrano, pidió la lista de empleados públicos de la Consejería de Justicia que elaboraran dichos informes sociales de las mujeres víctimas de violencia de género. La estrategia, una vez más, redunda en el señalamiento y en el miedo. Ahora será Gavira quien gestione al personal que elabora dichos informes.
Gavira también ha protagonizado malabares dialécticos para referirse a la violencia de género, un término que ha de rechazar, un comportamiento que viene impuesto desde la dirección nacional. En este sentido, en 2022, durante un debate previo a los comicios electorales que acarrearon la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, el portavoz de Vox dejó claro que no "niega" la violencia que sufren las mujeres, pero sí el "despilfarro".
Según explicó entonces Gavira, la izquierda "solo habla" de la violencia de género cuando el hombre agrede a la mujer, y señaló que no dice nada cuando se da violencia entre lesbianas u homosexuales. "¿Es posible reformar las normas que regulan todo el tipo de violencia que se produce en el ámbito familiar?", se preguntaba el portavoz de Vox en Andalucía, aseguraba que "queremos una norma que englobe todo tipo de violencia. ¿Si es una violencia entre lesbianas o de homosexuales? No se recoge en la norma. ¿Si un nieto pega o asesina a su abuelo? Tampoco".
Andalucía, la comunidad con más víctimas por violencia de género en 2025
Esta cesión competencial cobra un matiz especialmente delicado al atender a la radiografía de la violencia machista en la comunidad. Según datos oficiales, Andalucía se consolidó en 2025 como la comunidad autónoma más castigada por esta lacra en España, al registrar 14 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas sobre el total de 46 contabilizadas en todo el país. Esta cifra situó a la comunidad a gran distancia de la siguiente comunidad con más casos, Cataluña (5), y supuso un drástico repunte respecto a las 10 víctimas mortales computadas en suelo andaluz en 2024.
La preocupante evolución de estas cifras reavivó entonces el debate sobre la gestión e inversión autonómica en materia de protección. Informes sindicales, como el elaborado por CCOO de Andalucía, han venido advirtiendo de que la Administración autonómica tan solo ejecutó un 44% del presupuesto consignado para la lucha contra la violencia machista en el ejercicio previo, nutriéndose principalmente de las partidas transferidas por el Ejecutivo central a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Con este complejo escenario estadístico de fondo, la entrega del control administrativo sobre las unidades encargadas de evaluar y dictaminar el riesgo de las víctimas a la consejería liderada por Vox coloca al Ejecutivo de Moreno Moreno bajo un estrecho escrutinio político y social.
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