El organigrama de la Junta de Andalucía inicia el nuevo curso político con un notable aumento en su escalafón directivo. El Consejo de Gobierno andaluz aprobó el pasado viernes 30 de julio los decretos de estructura que fijan el mapa orgánico de sus 13 consejerías, un trámite imprescindible para adecuar la maquinaria administrativa a las prioridades del Ejecutivo autonómico tras la formalización del acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Sin embargo, la medida llega acompañada de un dato controvertido: el incremento de 13 nuevos altos cargos dentro del Gobierno autonómico.
A pesar de que el organigrama principal mantiene el mismo número de consejerías, 13 más la Presidencia liderada por Moreno Bonilla, la letra pequeña de los decretos revela la creación de otras tantas secretarías generales y direcciones generales repartidas entre las distintas áreas de gobierno. Durante el Gobierno de la mayoría absoluta de Moreno (2022-2026), el Gobierno contaba con 301 altos cargos. Ahora, tras el pacto de Vox, son 314 altos cargos. Esta ampliación de los centros directivos contrasta de manera directa con los principales compromisos de recortes y simplifcación administrativas expuestos por ambas formaciones políticas en su documento programático y durante la campaña electoral.
El choque entre el dicho y el hecho
En el texto del acuerdo de coalición suscrito entre el PP y Vox para la legislatura en Andalucía, ambas formaciones hicieron un énfasis particular en la necesidad de aplicar una profunda "simplificación burocrática" y una racionalización del sector público. Entre las prioridades firmadas destacaban explícitamente la "eficiencia presupuestaria, el buen uso del dinero público y la optimización de los recursos", dedicando un apartado específico a la eliminación y reducción del denominado "gasto superfluo" en la Administración autonómica.
Sin embargo, la primera reestructuración de calibre en el seno del Gobierno autonómico se traduce en la ampliación de su estructura. Las voces críticas no han tardado en señalar la paradoja que supone defender la agilización de la tramitación administrativa y la eliminación de trabas burocráticas al mismo tiempo que se incrementa la nómina de puestos de libre designación y altos cargos institucionales.
La defensa del Gobierno
Durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno previa a las vacaciones, la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo, Carolina España, salió al paso de las preguntas periodísticas para defender la idoneidad de estos cambios. Según la portavoz, la creación de estos 13 nuevos centros directivos responde a criterios estrictamente técnicos y organizativos, orientados a garantizar que la maquinaria del Gobierno andaluz "funcione como un reloj" de cara al inicio del próximo ejercicio y la elaboración de los Presupuestos autonómicos.
España insistió en calificar el ajuste de "absolutamente razonable", subrayando que, a diferencia de lo sucedido en otros territorios donde PP y Vox también han alcanzado acuerdos de gobernabilidad, como Extremadura, Aragón o Castilla y León, en Andalucía no se ha incrementado el número total de consejerías. La portavoz argumentó que la creación de estos puestos responde a la inclusión de nuevas competencias prioritarias que requerían una dirección política y técnica específica, citando como ejemplos las áreas de Vivienda y Juventud, la apuesta por la Inteligencia Artificial y la reordenación de la Vicepresidencia asumida por Vox.
La reorganización del Gobierno andaluz no se limita únicamente a los decretos de estructura aprobados en San Telmo. De forma paralela, el Ejecutivo ha dado el visto bueno a un paquete masivo de más de medio centenar de nombramientos en la cúpula de la administración central autonómica, incluyendo 37 directores generales y 17 secretarios generales, además de ajustes en agencias como la Agencia Digital de Andalucía y en el ámbito sanitario.
A esta reordenación en los servicios centrales se suma además la reestructuración de la administración periférica en las ocho provincias andaluzas. Con el nuevo diseño aprobado, cada provincia contará con diez delegaciones territoriales, abarcando áreas clave como Sanidad y Consumo, Agricultura, Agua, Educación o Turismo. Esta doble maniobra organizativa consolida un despliegue institucional de amplio alcance que, según el Gobierno, busca reforzar la presencia del Ejecutivo en el territorio, pero que para los grupos de la oposición representa una dilatación del aparato burocrático contraria a las promesas electorales de contención del gasto.
"Mientras los andaluces sufren el deterioro de la sanidad pública, el Gobierno de la Junta aumenta en altos cargos, muchos de ellos con perfiles neofascistas o procedentes de la Falange", ha señalado este lunes la portavoz adjunta del PSOE-A, Ángeles Férriz.
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