La crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía finaliza su recorrido judicial con el archivo de las dos últimas causas

La crisis de los cribados de cáncer de mama ha finalizado su recorrido judicial este lunes, cuando se ha conocido el archivo de las dos últimas causas abiertas que quedaban por las denuncias formalizadas tras conocer los fallos en dicho proceso, tal y como ha adelantado Ideal. En total fueron hasta quince denuncias contra la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), promovidas por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), el Defensor del Paciente, particulares, Izquierda Unida o Adelante Andalucía. Según la Fiscalía, no existen indicios de delitos en las diferentes denuncias que se iniciaron desde que estalló la crisis en septiembre de 2025.

Entonces, Cadena Ser desveló que un importante número de mujeres no estaba recibiendo los resultados en la mamografías rutinarias dentro del programa de cribado de cáncer de mama de la Junta de Andalucía. A través de la asociación Amama, las mujeres encontraron una vía por la que realizar el reclamo. Además, según la asociación, hay mujeres que han desarrollado cáncer a causa de la demora en su diagnóstico. Incluso, advirtieron, varias mujeres fallecieron, algo que también la asociación puso al conocimiento del SAS.

En total, según los datos de la Junta de Andalucía, son 2.317 mujeres afectadas. La mayoría de ellas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el foco de la crisis según la Junta. El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, y su consejero de Salud, Antonio Sanz, achacaron a un error comunicativo este escenario. Sin embargo, meses más tarde, El País desveló que el SAS recibió advertencias de decenas de miles de pruebas diagnósticas que se encontraban atrapadas en una espiral de listas de espera y demoras excesivas a causa de la falta de personal. A pesar de ello, el SAS no actuó.

En términos políticos, el presidente del Gobierno andaluz ha reiterado que le supuso un importante 'coste', llegando a relegar a la entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, y poniendo en su posición a Antonio Sanz, que pasó a ocupar una macroconsejería con Presidencia, Emergencias y Sanidad. Unas competencias que, pasadas las elecciones y constituido el nuebo Gobierno, continúa ostentando. No obstante, el tono empleado con las mujeres denunciantes no fue el idóneo, al menos así lo percibió la oposición que denunció la postura de los de Moreno Bonilla frente a las revelaciones de las mujeres. Tal fue el caso, que una de las mujeres que más dio la cara en este aspecto, Anabel, a la que posteriormente han acompañado cientos de mujeres, interpusieron respectivas reclamaciones patrimoniales al SAS después de que pasara el plazo legal para contestar a la reclamación administrativa de las mujeres, cuándo pidieron saber los motivos por los que no habían sido notificadas.

A finales del pasado marzo, la Fiscalía informó de que las delegaciones provinciales del ministerio público habían archivado dos denuncias de Granada, otras tantas de Jaén, Sevilla y Almería y una novena examinada en Málaga. En febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía había archivado tres denuncias relacionadas con posibles fallos en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama contra cargos públicos aforados al no apreciar indicios de delito y remitió las causas a las fiscalías provinciales para investigarlas de manera individual.

El pasado diciembre, la Fiscalía de Sevilla confirmó por su parte que había acordado el archivo de la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud al corroborar la integridad de los datos. Preguntado por este asunto en el Parlamento andaluz, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que, independientemente de los procedimientos judiciales, la crisis de los cribados del cáncer de mama supuso el “mayor escándalo” de la sanidad pública andaluza, y que por ello su coalición puso el foco en la responsabilidad política de la Junta.

Sobre este mismo asunto, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en Andalucía, Ángeles Férriz, ha afeado la “total opacidad” del Gobierno andaluz, que ha dicho que apostó por “atacar, amenazar, insultar, perseguir, e incluso intentar sancionar” a quienes promovieron la denuncia pública del caso desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama.