La Residencia de Tiempo Libre de Marbella, un símbolo del turismo social andaluz, podría haberse convertido en una solución parcial a la grave crisis habitacional que vive la ciudad. Sin embargo, el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía —ambos gobernados por el Partido Popular— han preferido optar por la vía del negocio privado: recalificar el suelo y permitir su conversión en un complejo hotelero de lujo.
Inaugurada en 1963 bajo el régimen franquista como parte de una red estatal para facilitar vacaciones a familias trabajadoras con bajos ingresos, la residencia ofrecía alojamiento, pensión completa y actividades recreativas a pie de playa. Con la llegada de la democracia, su gestión pasó a las comunidades autónomas, y en Andalucía fue orientada hacia el turismo más económico.
La Residencia de Tiempo Libre de Marbella cerró sus puertas en 2014 debido a la necesidad de una reforma integral que nunca se llegó a ejecutar, aunque funcionó a medio gas. Posteriormente, en 2023, el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla decidió clausurar definitivamente las seis residencias de tiempo libre que quedaban activas en Andalucía.
Las instalaciones, situadas en primera línea de playa junto a Las Chapas, cuentan con más de 230 habitaciones dobles, zonas comunes, jardines y espacios deportivos. Todo ello, en un enclave privilegiado cerca del centro urbano y el puerto. Un “caramelo” inmobiliario que ha despertado el apetito de promotores turísticos.
Oportunidad habitacional desperdiciada
En plena emergencia habitacional en la Costa del Sol, y especialmente en Marbella, diversos colectivos sociales, sindicatos (CCOO y UGT), y partidos como el PSOE, Izquierda Unida y Por Andalucía han reclamado su reapertura con uso social. La propuesta es clara: reconvertir las instalaciones en viviendas públicas de alquiler asequible.
Pero el Ayuntamiento ha rechazado sistemáticamente esta opción. En su lugar, ha suscrito un convenio con la Junta para recalificar el terreno a uso hotelero, permitiendo además un aumento de la edificabilidad en 30.000 metros cuadrados. Todo, a cambio de una concesión de 75 años a un coste simbólico de apenas 4 millones de euros.
“Solo miserables insensibles pueden decir que eso es perder dinero”
La oposición municipal no ha escatimado en críticas. El socialista José Bernal ha denunciado que se antepone el interés privado al bien común: “Solo miserables insensibles pueden decir que eso es perder dinero”. La portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, acusa al consistorio de ignorar las necesidades de los vecinos: “Ponen los intereses mercantiles por encima de las necesidades sociales”.
Desde Izquierda Unida, ha advertido del impacto ambiental y social del proyecto: “Estamos hablando de casi 100.000 metros cuadrados de suelo público con protección dunar que se entregan a la especulación”. La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha sido especialmente contundente: “Esto es un nuevo hotelaco, otra operación especulativa que define al gobierno del Monopoly que tenemos”. Nieto ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para frenar el “expolio de suelo público”.
El malestar también crece porque el Ayuntamiento de Marbella asume con fondos propios competencias que corresponden a la Junta. “Ángeles Muñoz tapa las vergüenzas de Moreno Bonilla”, denuncian desde el PSOE. Mientras la Junta privatiza suelo público a bajo coste, el Consistorio marbellí financia proyectos que no le competen.
Una fotografía política en ladrillo
Lo que pudo haber sido una apuesta por la vivienda asequible y el refuerzo de lo público, se convierte así en otro episodio del urbanismo especulativo en la Costa del Sol. La historia de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella es, en palabras de la oposición, el retrato de una oportunidad perdida, el reflejo de una política que antepone el cemento a las personas, y los negocios al derecho a un techo digno.