Desde que se desencadenó la pandemia en marzo de 2020, el discurso oficial del Gobierno andaluz sobre el Covid-19 ha venido oscilando entre el autobombo menos pudoroso y la agresividad sostenida contra el Gobierno de España. Aunque modulándola, San Telmo no ha renunciado a la segunda pero sí ha congelado la pulsión propagandística de lisonjearse a sí mismo, tarea esta última cuyo paladín más destacado ha sido el portavoz gubernamental y consejero de Presidencia Elías Bendodo.

A la fuerza ahorcan: los estrategas autonómicos se han visto obligados a retirar provisionalmente de su vocabulario la palabra “anticipación” ante la persistencia de unos datos de incidencia del virus que han situado a Andalucía a la cabeza del país: mientras la media nacional, ya de por sí muy elevada, se situaba ayer por debajo de la barrera de los 100 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes, la tasa andaluza estaba en 180.

Los datos provincializados de Andalucía son todavía más preocupantes, con cuatro provincias que doblan, en algún caso con mucha holgura, la tasa nacional: son Huelva con 262,9, Jaén con 202,1, Córdoba con 229,4 y Sevilla con 210,6. Les siguen Granada con 195,9, Málaga con 156,8, Cádiz con 140,8 y Almería con 68,5. Salvo esta última, las otras siete provincias ocupan los primeros puestos en la tabla nacional de contagios.

Aun así, la estadística dio ayer un pequeño respiro a las autoridades sanitarias andaluzas: la tasa de incidencia acumulada de la comunidad se situó en 180 tras una bajada de 4,1 puntos, 8,9 menos que hace una semana.

¿Qué fue de la anticipación?

“Anticipación, planificación y trabajo de nuestros profesionales sanitarios son las las claves de la contención del coronavirus en Andalucía”, decía Bendodo en abril del año pasado.

“La clave está en la anticipación”, repetía el portavoz en septiembre. Un mes después, el 14 de octubre, volvía a cargar con el mismo mensaje: "[Gracias a la] anticipación de la Junta en esta crisis sanitaria, Andalucía está en la mitad del ritmo de contagios que la media española, siendo además la presión hospitalaria perfectamente asumible".

Durante las últimas semanas, el discurso oficial de la Junta ha venido poniendo el énfasis en el buen ritmo de vacunación y en la cifra de vacunados, normalmente la más alta del país en términos absolutos al ser Andalucía la comunidad más poblada.

Vacunas y alarmas

En los primeros compases del proceso de vacunación, la Junta no ahorró críticas al Gobierno de España por la tardanza en recibir las dosis comprometidas, aunque a ninguno de sus miembros se le escuchó reproche alguno ni a la Unión Europea, que había centralizado la compra de vacunas, ni a AstraZeneca por incumplir el contrato firmado con Bruselas.

Cuando las vacunas comenzaron a llegar con regularidad, aún intentó la Junta exprimir la ubre antigubernamental acusando al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos de escamotear dosis a la comunidad. Ese flanco de ataque sería pronto abandonado porque el criterio de reparto de vacunas, consensuado en el Consejo Interterritorial de Salud, nunca fue el volumen total de población de una comunidad sino el tamaño de sus diferentes grupos de riesgo.

La más reciente ofensiva política contra Madrid ha sido por no haber prorrogado el Gobierno central el estado de alarma, aunque las quejas de la Junta fueron parcialmente desautorizadas por ella misma al renunciar tanto a endurecer restricciones a la hostelería y la restauranción que son de su competencia como a reclamar al grupo del PP en el Congreso que apoyara la prórroga del estado de alarma cuya vigencia la Junta consideraba tan urgente. 

Excesos rojos y azules

Tampoco la oposición de izquierdas ha estado particularmente fina ni del todo riguorsa en su labor de fiscalización de las medidas contra la pandemia implementadas por la Junta.

Contagiado quizá del populismo activado desde primera hora por el PP de Pablo Casado contra Pedro Sánchez, de manera involuntaria el PSOE andaluz ha acabado desacreditando reproches que eran legítimos y estaban justificados, como las flagrantes deficiencias en la atención primaria, al mezclarlos con otros de brocha gorda, como culpar al Gobierno andaluz del incremento de contagios o atribuir implícitamente el número de fallecidos en Andalucía a la mala gestión autonómica.

Los excesos propagandísticos de San Telmo, a los que la estadística de contagios han puesto ahora sordina, comenzaron en las primarias semanas de la pandemia, cuando el presidente Juan Manuel Moreno o el consejero Elías Bendodo no tenían empacho alguno en apuntarse como mérito propio el hecho de que entonces la incidencia del virus en Andalucía fuera de las más bajas de España.

Siendo fieles a esa lógica indisimuladamente ventajista, habría que decir ahora que la Junta de Andalucía tiene la culpa de que la comunidad esté encabezando el ranking de contagios. Pero ni entonces los buenos datos eran mérito de Moreno ni ahora los malos desmerecen una gestión epidemiológica que, salvo errores como haber cerrado en Granada la Universidad pero no los bares, es equiparable a la desarrollada en la mayoría de comunidades.