“En Andalucía estamos pagando las consecuencias de una política de derechas que nos va a llevar a una situación bastante compleja y todo lo que hemos conseguido las personas mayores: pensiones, asistencia o los derechos sociales conquistados, están en juego”. Así resumía Manuel, uno de los manifestantes hoy en la capital andaluza el sentir colectivo del más de centenar de personas que se han congregado para exigir al Gobierno andaluz políticas para otorgar a nuestros mayores una vejez y “dignas”.
En Andalucía, la realidad de la mayoría social, parte de ella representada por los mayores hoy en Sevilla, no está notando el “chocolate del loro” que les ha ofrecido Moreno Bonilla. En plena ola de desgravaciones fiscales que apenas tienen impacto en el conjunto de los problemas reales, “se están perdiendo oportunidades para invertir en la gente”, resume el secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, Carlos Aristu.
Las personas mayores están sufriendo el “abandono” de la Administración, porque “no es un fallo del sistema que, hasta agosto, hayan fallecido en Andalucía 5.000 personas que no han podido acceder a estas ayudas, sino que es simplemente abandono”. Personas que “lo han dado todo y no les estamos facilitando una vejez y muerte dignas”, lamenta Elo Cazorla, secretaria de organización de UGT Sevilla.
La realidad de nuestra comunidad es que las desigualdades y el ‘agravio’ lo sufren la ciudadanía por las consecuencias de unas políticas de recortes sociales: en torno a 1.600.000 pensionistas tienen una media de esperanza de vida cuatro años menor respecto al resto de España y 140 euros menos de media. Es decir, que en Andalucía debería de haber una “especial protección” a las personas mayores y dependientes, que son “más vulnerables”, según Aristu.
Respecto a estos últimos, Andalucía es las últimas comunidades autónomas en inversión por habitante en materia de dependencia, cuyas listas de espera triplican el máximo legal que establece la propia ley. Esto provoca que, cada día, fallezcan 33 personas esperando a ser reconocidos como dependientes. Por no hablar de las plazas de residencias, un déficit que los sindicatos sitúan en 36.000 plazas de residencia, donde tan solo el 20% son públicas.
Políticas que garanticen derechos
El PSOE de Andalucía ha acompañado la movilización de los mayores andaluces y la portavoz de la formación de izquierdas, María Márquez, ha denunciado los “recortes” que Moreno Bonilla ha aplicado a la sanidad y la dependencia, generando la “tasa de mortalidad más alta” de España.
“Las políticas de derecha y las políticas de privatización no son un aliado para proteger a los mayores”, ha enfatizado la socialista, que ha hecho mención a la actuación de Ayuso durante la pandemia con las residencias de mayores en Madrid, o la de Moreno Bonilla en su etapa en el Gobierno de Rajoy, donde “despreció absolutamente la ley de la dependencia y quitó la cotización de las trabajadoras de ayuda a domicilio a la Seguridad Social”. Por ello, Márquez ha trasladado la “necesidad” de que frente a las políticas de deducciones fiscales para “una élite” de 4.200 millones de euros, se necesitan políticas para la “mayoría de los andaluces”.
La diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha calificado como “escándalo” el “colapso” en la ayuda a la dependencia. Iza ha denunciado que, en ese sentido, las personas mayores también están desvalidas en cuanto a plazas de residencias se refiere, donde solo una cuarta parte de las mismas son públicas, lo cual “tampoco nos ofrece garantía de que sean unos servicios de calidad para nuestros mayores”.
Por último, la parlamentaria andalucista ha alertado de que dentro de unos años el 30% de la población será más envejecida y es necesario que “un problema que nos afecta a todos como es tener una vejez digna sea un derecho”
Plan de choque
Los sindicatos han reclamado un “plan de choque” de 500 millones de euros -menos de lo que el Gobierno andaluz destinó a la sanidad privada este verano- para “atender a las personas mayores que más lo necesitan”.
Lola, otra manifestante, ha reclamado la dilación que existe para resolver un expediente de dependencia en nuestra comunidad. Además, problemas como las “trabas burocráticas”, que complican sobremanera que hasta las propias personas puedan conocer las actualizaciones sobre su estado. Agravándose, además, la sintomatología con el tiempo, porque con los dos años de media para resolver un expediente, lo más probable es que esa persona haya empeorado o lo más triste, como narra Lola, que haya fallecido.
En una movilización que, aunque multitudinaria, pero con un sesgo de edad bastante notorio, Manuel echó en falta el “espíritu combativo” de la juventud, a quien reclama no caer en la “trampa” de la derecha y extrema derecha porque “esto ya lo hemos vivido”, en alusión a la congelación de las pensiones en la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy.
