El juez instructor de los ERE en el Tribunal Supremo ha desconcertado a las partes personadas en el caso, y puede que a la propia juez Mercedes Alaya, pidiendo a la Guardia Civil mediante una providencia que investigue algo que, en teoría, ya debería estar investigado: en concreto, las ayudas supuestamente irregulares que habrían concedido Gaspar Zarrías (2002-2010) y Mar Moreno (2010-2012) cuando fueron consejeros de Presidencia y, más genéricamente, otros actos o resoluciones que hubieran tenido repercusión en el menoscabo patrimonial del erario público. Precisamente, en la exposición razonada enviada al Supremo en agosto pasado la juez instructora incluyó sorpresivamente a los dos exconsejeros en la relación de los aforados a investigar, que inicialmente eran siete y acabaron siendo nueve. UNA PROVIDENCIA LLAMATIVA Si la petición del instructor Alberto Jorge Barreiro de investigar qué ayudas otorgaron Zarrías y Moreno resulta llamativa es por dos motivos. El primero, porque si pide esa investigación es porque la echa de menos en la prolongada instrucción de Alaya a lo largo de cuatro años. El segundo, porque el juez podría haber considerado que los motivos alegados por Alaya para imputar a Zarrías y Moreno y relacionados de manera general con la aprobación e implementación del procedimiento de concesión de ayudas son poco consistentes, aunque sí podrían serlo, en cambio, los motivos relacionados directamente con la aprobación y ejecución concreta de ayudas que pudieron ser ilegales o haber provocado el menoscabo injustificado de dinero público. Y de ahí que quiera saber si efectivamente Zarrías y Moreno las decidieron, para lo cual reclama a la Guardia Civil una investigación "centrada en constatar cuáles son las actividades realizadas” por ambos relacionadas con los hechos investigados. UNA MEDIACIÓN CONOCIDA Durante su instrucción Alaya no ha llegado a atribuir a ninguno de los dos exconsejeros ningún hecho incriminatorio concreto. Desde luego, no lo ha hecho con Moreno, aunque en diversos autos sí ha mencionado a Gaspar Zarrías atribuyéndole su mediación política para conseguir ayudas. Pero supuesta esta mediación es conocida desde hace mucho tiempo y, en principio, ya debería estar investigada. De hecho, Zarrías ya reconoció en 2013 que mantuvo una reunión en su despacho oficial de la Consejería de Presidencia, a instancias del comité de empresa de Primayor, con el empresario José María Ruiz Mateos, su hijo, un técnico y representantes de los trabajadores, para abordar la posibilidad de que la empresa Dhul instalara una empresa de precocinados en Jaén y de esta manera recolocar a los desempleados de Primayor. UNA RELACIÓN PUBLICADA La otra circunstancia que pesaría sobre ambos consejeros es el hecho de haber presidido las reuniones de viceconsejeros, preparatorias del Consejo de Gobierno, en algunas de las cuales pudo hablarse de ayudas a determinadas empresas o discutirse sobre la normativa de subvenciones. Pero también esa información es conocida: las actas de diez años de esos denominadas consejillos ya fueron reclamadas por Alaya al Gobierno andaluz y entregadas por éste, que antes de enviárselas a la magistrada, y en lo que podría calificarse de bofetada sin mano, las subió a la web de la Junta de Andalucía, donde pueden ser consultadas por todo el mundo. Hasta hoy, y por la información que ha trascendido de los autos de Alaya, lo que ésta reprochaba a Zarrías y Moreno no era la concesión concreta de ayudas que ahora echa en falta y quiere conocer el Supremo, sino únicamente la “asistencia política y técnica al sistema ilegal de subvenciones” por un importe global de 855 millones de euros, según resumía la Fiscalía del Tribunal Supremo en su escrito de valoración de la exposición razonada que Alaya elevó al Supremo en agosto pasado. UNA CONSEJERÍA BAJO SOSPECHA A su vez, el auto dictado por el Alto Tribunal el 13 de diciembre de 2014 declarándose competente para asumir el caso –en lo que afecta a dos expresidentes y tres exconsejeros de la Junta aforados– aludía únicamente y de manera reiterada a la Consejería de Empleo como el departamento que, “con la finalidad de proceder al pago de las ayudas (…) organizó el sistema que permitía disponer de importantes cantidades de dinero (…) sin ajustarse a procedimiento alguno”. Ni en ese auto del Supremo ni en la exposición razonada de Alaya hay ninguna referencia específica a que la Consejería de Presidencia hubiera otorgado ayudas irregulares, como sí habría hecho la de Empleo y su organismo autónomo IFA, más tarde denominado IDEA y dependiente de otra consejería distinta. "ALGUNO DE ELLOS" Aquel escrito de diciembre del Alto Tribunal también recalcaba, citando el relato que le elevó Alaya, que “los indicios respecto a la participación de los aforados derivan de la alta y especial responsabilidad política, dados los cargos que desempeñaban, y de su intervención en la creación o mantenimiento del sistema que facilitaba esta forma de proceder e incluso, respecto de alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema”. Ya entonces, cuando el Supremo, recogiendo los razonamientos de Alaya, hacía esa referencia a que “alguno de ellos” habría otorgado ayudas, todas las partes conocedoras del caso entendieron que debía estar aludiendo al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, el único de los cinco aforados ante el Supremo que, efectivamente, ejecutó “acciones concretas”. Por lo demás, otro interrogante de relevancia es cuánto tiempo puede llevarle a la Guardia Civil investigar lo que le pide el instructor Barreiro, pues a fin de cuentas se trata de rastrear nada menos que doce años de gestión de la Consejería de Presidencia. Entre los letrados de algunos aforados se piensa, en todo caso, que la providencia para impulsar esa investigación favorecería a sus clientes, pues podría indicar –pero se trata de una mera hipótesis– que al juez del Supremo no le convence la 'construcción sugerente' de Alaya sobre el caso y busca pruebas materiales más contundentes en que sustentarla.