La Audiencia de Granada ha absuelto al exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) de los delitos de prevaricación urbanística y común, fraude en la contratación y tráfico de influencias de los que estaba acusado en la macrocausa del llamado 'caso Serrallo', que sentó en el banquillo a 17 personas por la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza, en la que solo se podía crear un parque de atracciones infantil.

Torres Hurtado dimitió el 18 de abril de 2016, aunque fue a raíz no del caso Serrallo, sino de la llamada Operación Nazarí, también de supuesta corrupción urbanística. Al margen del caso Serrallo en el que acaba de ser absuelto, ha sido procesado en dos piezas separadas del caso Nazarí, que gira en torno a supuestas irregularidades en varios expedientes urbanísticos durante la pasada etapa de gobierno del PP en esta capital andaluza.

La investigación judicial del caso Nazarí vincula al exalcalde con una trama para beneficiar a determinados promotores urbanísticos, cuyas operaciones habrían supuesto para el erario público municipal un quebranto de uno 20 millones de euros. Para el exconcejal de cultura Juan García Montero, "esta causa tiene aún menos sustento jurídico que el caso Serrallo".

Después de enlazar tres mayorías absolutas consecutivas, Torres Hurtado llevaba 13 años al frente del Ayuntamiento de Granada. El dedo acusador de la jsuticia y su enfrentamiento encarnizado con el entonces presidente del partido y concejal, Sebastián Pérez, que aspiraba a sustituirlo en la Alcadía, favorecieron su caída.

Las acusaciones pedían para Torres Hurtado ocho años de prisión por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común y urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. 

En la causa sí ha sido, sin embargo, condenada a siete años de inhabilitación especial para el cargo de concejal la que fuera edil de Urbanismo, Isabel Nieto, por un delito de prevaricación administrativa, aunque ha salido absuelta del resto de ilícitos de los que se le acusada, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Junto a ella ha sido condenado a tres años y seis meses de inhabilitación especial el promotor Roberto García Arrabal como cooperador necesario del delito de prevaricación administrativa y un alto cargo de Urbanismo, mientras que el resto de los acusados han sido absueltos.

Lo que la Fiscalía interpretaba como una trama de corrupción política ha quedado finalmente en muy poca cosa. La sentencia excluye las penas de cárcel y acota las infracciones a la tramitación de las licencias.

El caso, cuya instrucción se prologó hasta 2017, arrancó en 2013, cuando un antiguo inspector de Urbanismo alertó a la Junta de supuestas irregularidades en la tramitación del expediente de apertura de una discoteca en los aledaños del Centro Comercial Serrallo, en una parcela destinada a zona verdad. Un año después, la Fiscalía presentaba su denuncia contra funcionarios y altos cargos municipales. La imputación del alcade llegaría más tarde.

Durante el juicio, Torres Hurtado negó haber intervenido en la supuesta construcción irregular de esta discoteca, pues, según declaró, "no tenía ni idea" de este tipo de proyectos urbanísticos de envergadura, en tanto que tenía delegadas las competencias de Urbanismo y otorgaba "plena confianza" a la concejal que dirigía el área.

La sentencia recoge también la absolución que ya se adelantó en el juicio de los exediles del PP que participaron en una Junta de Gobierno Local donde se aprobó el cambio de uso de los terrenos objeto de esta causa, alterando con ello supuestamente lo establecido en el Plan General.

Su absolución se produjo después de que Vox y General de Galerías Comerciales, las únicas partes que los acusaban, retiraran los cargos contra ellos.

Los argumentos

En esta sentencia de 141 folios, el tribunal argumenta que el "objeto" inicial de la concesión era la construcción y explotación de un "parque de atracciones infantil", con el se pretendía materializar "un complejo para el ocio familiar, posibilitando un lugar de disfrute para padres e hijos, sin que pudiera limitarse la entrada a ningún ciudadano".

Este Sistema General de Espacios Libres mantendría en todo momento la "condición de espacio libre" y no se autorizaba a la concesionaria a limitar la entrada de los ciudadanos, pero el Ayuntamiento sí podría determinar el horario de cierre del "parque".

Si bien las normas de planeamiento permitían implantar en este espacio servicios terciarios comerciales de "apoyo", como restaurantes, el tribunal argumenta que no ocurre lo mismo con la actividad de sala de fiestas, tampoco con las obras menores autorizadas para la adecuación del local a ese tipo de actividad y menos su puesta en funcionamiento.

"El otorgamiento de esas tres licencias llevaría, de suyo, aparejada la implantación de un uso que nada tiene que ver con el terciario comercial de apoyo permitido por el PGOU, ni con la interpretación que tradicionalmente había venido manteniendo el Ayuntamiento respecto a las zonas de restauración en los parques de la ciudad", se expone en la sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

"Un daño horrible"

El exalcalde ha acogido este martes con "enorme satisfacción" la sentencia que le absuelve de todos los delitos por los que fue juzgado en el llamado 'caso Serrallo', que, según ha dicho, "pone de manifiesto que no tenía nada que ver en este asunto".

No obstante, ha lamentado en declaraciones a Europa Press el "daño horrible" que ha sufrido durante la instrucción de esta causa que se ha prolongado durante años con gran seguimiento mediático: "A ver quién me lo quita de encima, eso ya no tiene arreglo", ha dicho.

Su abogado, Pablo Luna, ha mantenido por su parte que esta sentencia ha dado respuesta al planteamiento manejado desde el inicio de que Torres Hurtado tenía delegadas las competencias de urbanismo y no tuvo conocimiento de ningún acto ilícito.

A su juicio, el fallo "deja claro que hubo una necesidad política de meter" a su cliente en este caso, algo que "le ha costado su carrera política", mientras que "personal y profesionalmente" le ha supuesto un desgaste "bastante importante", ha indicado en declaraciones a Europa Press.