Los números que explican los retrasos en cáncer de mama: el colapso de la sanidad andaluza

La Junta de Andalucía ha admitido que 2.000 mujeres han sufrido retrasos en la detección precoz del cáncer de mama. Un fallo en el circuito asistencial dejó durante meses —e incluso años— sin respuesta pruebas que requerían seguimiento. La propia consejera de Salud, Rocío Hernández, pidió disculpas y anunció la creación de un circuito preferente para revisar todos los casos pendientes. Sin embargo, el escándalo ha reabierto un debate incómodo: ¿cómo es posible que, con presupuestos sanitarios históricos, se produzcan fallos tan graves en programas preventivos básicos?

El caso afecta a mujeres cuyas mamografías aparecían como “dudosas” y que no fueron informadas de la necesidad de realizar pruebas complementarias. Algunas esperaron meses, otras hasta dos años. Para muchas, ese lapso significó un diagnóstico tardío, tumores en estadio más avanzado y tratamientos más agresivos. Las asociaciones de pacientes advierten de que detrás de cada número hay un drama personal y denuncian que la confianza en el sistema público ha quedado seriamente dañada.

La propia consejera de Salud, Rocío Hernández, pidió disculpas públicamente y admitió que se trató de una “limitación en el circuito asistencial”, no de un error informático aislado. El SAS se ha visto obligado a crear un circuito preferente para contactar con las afectadas e iniciar de inmediato las pruebas pendientes. Pero la magnitud del fallo es innegable: si apenas un 2 % de esas mujeres tuviera finalmente un tumor maligno, serían al menos 40 los diagnósticos tardíos, con impacto directo en su tratamiento y en sus posibilidades de supervivencia.

Las asociaciones de pacientes han denunciado que detrás de cada número hay un drama personal. Una de las mujeres afectadas relató que pasó casi dos años sin noticias después de una mamografía dudosa y que cuando finalmente recibió el diagnóstico, el tumor ya estaba en un estadio avanzado. “Me condenaron a un tratamiento más agresivo y a vivir con miedo”, explicaba en declaraciones a medios locales.

Presupuestos en aumento, recortes encubiertos

Sindicatos y organizaciones médicas sostienen que lo ocurrido no es un accidente, sino el reflejo de un sistema sometido a presión. Andalucía arrastra demoras históricas en listas de espera y se encuentra entre las comunidades con menor gasto sanitario por habitante. El déficit de personal y la precariedad en Atención Primaria agravan una situación en la que la prevención deja de ser prioritaria.

La Junta insiste en que el presupuesto de 2025 es el mayor de su historia: 15.247 millones de euros, un 6,9 % más que en 2024. De esa cantidad, un 34,8 % se destina a Atención Primaria. Pero los datos revelan una realidad más compleja. La partida para incentivos de productividad, que retribuye el esfuerzo adicional de los profesionales, se reduce en más de 35 millones de euros, un recorte del 10,6 %.

Además, según estimaciones sindicales, casi la mitad del aumento presupuestario de este año se desvía hacia conciertos con la sanidad privada, mientras la inversión en estructuras públicas crece mucho más lentamente. En 2025, los conciertos superarán los 500 millones de euros, con un incremento superior al 20 % respecto al año anterior. El resultado es una paradoja: más dinero en el global, pero menos capacidad real para reforzar plantillas, infraestructuras y programas de prevención.

Las desigualdades territoriales también agravan el problema. Provincias con hospitales de referencia y mayor población absorben la mayoría de los recursos, mientras comarcas rurales denuncian cierres de consultorios y falta de sustituciones. En esas zonas, el acceso a cribados y pruebas diagnósticas es más precario, lo que convierte la prevención en un lujo desigual.

Una precisión necesaria para matizar el relato general es que no siempre disponemos de datos desagregados oficiales recientes por provincia que indiquen exactamente cuánto llega de ese presupuesto sanitario a cada territorio. Lo que sí se puede rastrear es la distribución por capítulos presupuestarios, el peso relativo de partidas destinadas a conciertos privados, y algunas estimaciones sindicales o de organismos independientes.

Por ejemplo, el presupuesto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para 2024 divide sus créditos según capítulos básicos: los gastos de personal suponen 6.665,36 millones (47,98 %), los gastos corrientes en bienes y servicios 4.210,28 millones (30,31 %), las transferencias corrientes 2.465,93 millones (17,75 %) y las inversiones 545,61 millones (3,93 %) del total. Esto revela que históricamente, una proporción muy pequeña del presupuesto se dedica a inversiones o equipamientos, y la mayor parte se consume en mantener la estructura asistencial y los costes corrientes.

La sanidad andaluza, bajo sospecha

El reconocimiento de que 2.000 mujeres quedaron sin seguimiento adecuado ha desatado una tormenta política. La oposición exige dimisiones y una investigación independiente. El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía que actúe, al considerar que pudo haberse puesto en riesgo la vida de las afectadas. La Junta, en cambio, asegura que el problema está ya “encauzado” y que todas las mujeres serán contactadas en los próximos días.

Pero más allá de las disculpas y los anuncios oficiales, la crisis revela un problema de mayor calado: un sistema sanitario tensionado hasta el límite, con presupuestos que crecen en cifras absolutas, pero que se diluyen en partidas mal distribuidas, recortes encubiertos y externalizaciones hacia la sanidad privada. El papel aguanta la narrativa de la inversión récord, pero la experiencia de pacientes y profesionales muestra una realidad distinta: hospitales saturados, Atención Primaria desbordada y programas preventivos que no logran cumplir su función esencial. El desajuste entre las cifras presupuestarias y la prestación real del servicio erosiona la confianza ciudadana en la sanidad pública.

Y en el terreno más sensible, la prevención, los números no se traducen en resultados tangibles. El caso del cáncer de mama es el ejemplo más crudo: cada retraso diagnóstico no es una mera incidencia burocrática, sino la diferencia entre un tumor controlable y una enfermedad que progresa sin freno. Para las mujeres afectadas, no se trata solo de estadísticas: significa enfrentarse a cirugías más invasivas, tratamientos más largos y agresivos, secuelas físicas y emocionales, e incluso la pérdida de oportunidades de curación. El escándalo ha dejado en evidencia que un fallo en la prevención puede tener consecuencias irreversibles, y que un sistema sanitario debilitado por la falta de planificación y de recursos puede acabar midiendo su fracaso en vidas humanas.