"Somos un colectivo de 130 trabajadores contratados por empresas privadas por una adjudicación del ISE (Agencia Pública de Educación y Formación), que realizamos funciones de Monitor de Educación Especial, atendiendo a alumnos con necesidades educativas especiales en centros docentes públicos de la provincia de Sevilla y desde hace más de diez años venimos sufriendo unas condiciones laborales lamentables que creemos que no están en sintonía con la importante labor social y educativa que desempeñamos en beneficio de los menores que más lo necesitan". Así comienza el duro comunicado difundido ayer por este colectivo para denunciar su precaria situación laboral y exigir una respuesta a la Administración autonómica. Así defienden la labor que desempeñan: "Nuestro trabajo consiste en asegurar la integración escolar de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales y entre nuestras funciones se encuentran las siguientes: atención en las actividades de ocio y tiempo libre, instrucción en conductas sociales y actividades básicas de la vida diaria, (hábitos de higiene, vestido, autoalimentación, vestido, etc), ayuda y aprendizaje del control de esfínteres, atención en los desplazamientos por el centro, integración en el equipo de orientación, colaborando con el tutor y con el resto de especialistas en la elaboración y ejecución de las adaptaciones curriculares, refuerzo educativo dentro del aula, etc." UNA LABOR NO RECONOCIDA Los monitores entienden que esa función que vienen realizando desde hace muchos años "no ha sido reconocida ni por las empresas adjudicatarias ni por el ISE y en última instancia por la propia Junta de Andalucía y su Consejería de Educación. NO somos cuidadores, somos monitores de Educación Especial y como tal exigimos que se nos reconozca". La nota denuncia que la precariedad laboral "se ha agudizado en la última licitación del servicio en 2014", ya que las empresas adjudicatarias "no están cumpliendo ni el convenio colectivo ni el pliego de condiciones del ISE". Ese doble incumplimiento conlleva "na merma en nuestros derechos y condiciones laborales, lo cual se refleja en el salario (por debajo de lo estipulado en las tablas salariales del convenio colectivo), recortes en los períodos de vacaciones, incumplimiento del período obligatorio de contratación, cotizaciones o consideración de jornada parcial en lugar de jornada completa". El perfil profesional del grupo es este: "Nuestro colectivo está formado por una mayoría de mujeres, integrado por maestr@s, pedagog@s, psicopedagog@s, trabajador@s sociales y Técnic@s en Integración Social, es decir, somos un grupo de profesionales al que nos avalan formación, cuantificación y una amplia experiencia en el puesto. Aun así, nos encontramos a años luz de la clase docente". APOYO DE UGT Y CCOO En los últimos meses, los comités de empresa en representación del colectivo de trabajadores han mantenido reuniones con instituciones y representantes políticos, pero aún no han obtenido respuesta alguna. El resultado de todo ello es "un sentimiento general de indignación y malestar en el colectivo de trabajadores, sintiéndonos totalmente discriminados frente al personal laboral, con quien compartimos centro de trabajo, alumnos atendidos y horarios". El comunicado recuerda que no solo prestan servicio en la provincia de Sevilla, sino también en el resto de la comunidad autónoma. Los trabajadores de las ocho provincias andaluzas aseguran estar apoyados por los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO. Lo que exigen a la Administración educativa de la Junta es que "regularice nuestra situación laboral y equipare nuestro colectivo al de otros trabajadores que realizan las mismas funciones en centros educativos públicos, reclamamos ser considerados personal laboral del Gobierno autonómico".