El proyecto del Gobierno andaluz, presidido por Juanma  Moreno Bonilla, para derivar pacientes de la atención primaria a hospitales de la sanidad privada ha provocado mucho enfado entre los sindicatos presentes en la mesa sectorial. Todos ellos han mostrado su enfado con el Ejecutivo de la comunidad del sur, lo mismo que los madrileños con el de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, critican el “oscurantismo” con el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) habría llevado a cabo el movimiento: sin comunicarlo en ninguna de las reuniones que han mantenido en los últimos meses.

En lo que respecta al proyecto, que “actualiza” los precios que el Ejecutivo andaluz paga a la sanidad privada por servicios derivados, se incluyen dos prestaciones. Por un lado, se habilita jurídicamente que los profesionales de clínicas privadas atiendan a pacientes en hospitales públicos y realicen pruebas concertadas por la Junta. Por otro, se incluyen por primera vez los servicios de médicos y pediatras dentro de los derivados a la sanidad privada.

No conocían el proyecto de Bonilla

Ningún sindicato, solamente Comisiones Obreras (CCOO), sabía de la existencia -y por “casualidad”- del borrador con el que el gobierno andaluz paga a la sanidad privada para derivarles pacientes incluso de la atención primaria bajo el amparo de la “homogeneización” de las tarifas.

Los agentes sociales que están en lado opuesto al del Ejecutivo han calificado como “lamentable” que la Junta no les consulte este tipo de planteamientos que, por otro lado, tachan de “privatización encubierta”.  Así las cosas, niegan nuevas movilizaciones, pero empiezan a descolgarse del acuerdo que evitó la huelga de atención primaria a principios de enero.

Añaden asimismo que la Junta está retrasando la puesta en marcha de los cupos que prometió y habla de otros medidas controvertidas que plantea la misma como equiparar los salarios entre los médicos de la sanidad pública y los que se dedican a ambas, así como el aumento de la externalización del servicio.

Todos los sindicatos tienen pendiente una nueva reunión con el Gobierno andaluz, a quien acusan de favorecer la “privatización” del Ejecutivo a la vez que afean que los plantes que éste segundo prometió van con más de medio año de retraso.

Ayuso y la sanidad privada

La debilidad que el Ejecutivo de Moreno Bonilla, denuncian lo sindicatos, tiene con la sanidad privada, no es exclusiva del responsable andaluz. De hecho, emula en cierto modo la gestión de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; o viceversa. En cualquier caso, la trayectoria de beneficios de la líder regional (también del PP) en favor de la Salud privada es amplia y puede situarse en varios puntos.

Por ejemplo, durante la pandemia del coronavirus, el equipo popular recurrió a empresas sanitarias para atender a pacientes contagiados o con otra patología por valor de más de 35 millones de euros como motivo del colapso sanitario que la responsable de la formación en Madrid niega o equipara al de otras partes de España. Durante el Covid, tal y como pudo saber este medio, se optó por la variante privada pese a ofrecer el Zendal “a toda España”.

Otro aspecto reseñable es que la Comunidad de Madrid pretende que la sanidad pública y privada compartan datos clínicos. En este sentido, la región introdujo una modificación legal en la conocida como ley ómnibus para cambiar la ley de Ordenación Sanitaria de 2001 y, de esta manera, dirigirse a una historia clínica unitaria de los pacientes.

Otro ejemplo aún más actual es que el equipo de Ayuso ha otorgado 24,2 millones de euros a tres concesionarios privados de la sanidad madrileña por haber mejorado sus instalaciones entre 2016 y 2021. Los lugares se crearon bajo el gobierno de Esperanza Aguirre amparados en el modelo PFI (Private Finance Initiative), mediante el cual hay participación de empresas privadas en la financiación pública. Cinco de los centros pertenecen ya a fondos de inversión y todos ellos dan buena cuenta de lo que se refieren los sanitarios, ahora en huelga, cuando hablan de “décadas de privatización” por parte del PP. En la práctica, en Madrid uno de cada dos euros destinados a la sanidad pública los absorbe la privada, según un informe de Audita Sanidad.

A ello se suman los datos, que dejan a la región como la comunidad de España que menos invierte en sanidad por habitante, pero la que tiene un mayor grado de privatización sanitaria.