Estaba cantado porque, con los datos de octubre, así lo había pronosticado ya la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF): la Junta de Andalucía no cumplió en 2019 el objetivo de déficit del 0,1 por ciento del PIB establecido para las comunidades autónomas. A 1 de octubre Andalucía acumulaba ya 428 millones de euros de déficit, equivalente al 0,26 por ciento.

La previsión de la AIREF era confirmada ayer por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una entrevista en Canal Sur Radio, donde por primera vez admitía que “es más que probable” que haya tenido lugar ese incumplimiento, aunque el dato no se conocerá oficialmente hasta marzo, cuando se produzca la evaluación integral del presupuesto de 2019.

Relación de culpables

El presidente andaluz ha admitido el incumplimiento de los objetivos de estabilidad, pero no se siente responsable del mismo: los culpables son los gastos ocasionados por la crisis de la listeriosis y el Gobierno central por el impago de los 537 millones por la liquidación del IVA de diciembre de 2017, que la Junta presupuestó como ingreso pese a no haberse aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que contemplaba el libramiento de dicha cantidad.

Para Moreno, es el Gobierno socialista de Pedro Sánchez el que “está empujando” a las autonomías al incumplimiento del déficit. "Ese dinero, a día de hoy, no ha sido librado; si cuentas con unos ingresos y a mitad de partido te los quitan, evidentemente te lleva a déficit", ha dicho el presidente.

“Malos gestores”

La réplica al presidente por parte del PSOE se la daba en su cuenta de Twitter el exconsejero de Hacienda Antonio Ramírez de Arelllano. “En febrero –argumentaba– votaron en contra de los PGE de 2019, que incluían el pago del IVA. En mayo, incluyen el ingreso en el Presupuesto de la Junta de Andalucía de 2019 sin sustento alguno”, aunque “fueron advertidos” de ello. Y en diciembre, remataba Arellano, “incumplen el déficit y le echan la culpa a los demás. Malos gestores”.

En cuanto a los gastos extraordinarios por el brote de listeriosis, el número dos socialista, Juan Cornejo, afeaba al presidente que se amparase en una crisis sanitaria que le costó la vida a varias personas: “Es inhumano, desagradable e impropio”.

Según cálculos difundidos por la propia Junta de Andalucía a finales de septiembre, el coste sanitario del brote de listeriosis ascendió únicamente a 1,5 millones de euros. El presidente Moreno confirmaba entonces que dicha cantidad sería repercutida a la empresa Magrudis en la querella interpuesta por la Consejería de Salud contra la cárnica responsable del brote.

Un reproche recurrente

Como se recordará, el incumplimiento del déficit de 2018 por parte del Gobierno de Susana Díaz fue un reproche recurrente del Ejecutivo de Moreno durante las últimas semanas del año 2019.

La Junta acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de intervenir las cuentas de Andalucía, después de que Hacienda le comunicase por carta que, debido al incumplimiento de los objetivos de déficit de 2018, no podría salir a los mercados a captar financiación mediante la emisión de deuda, como había hecho con éxito en distintas ocasiones a lo largo de 2018 y 2019.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, negó rotundamente que las cuentas andaluzas estuvieran “intervenidas” como repetía machaconamente la Junta. Con el dictamen de Hacienda coincidía el consejero de Economía, el independiente nombrado por Cs Rogelio Velasco, que reconoció en una entrevista que no había intervención en Andalucía, desacreditando así el discurso oficial.

El lío del IVA

¿Tiene razón la Junta al culpar al Gobierno de España del déficit andaluz de 2019? El origen del contencioso entre el Gobierno y las comunidades autónomas es directamente atribuible al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, que al introducir determinados cambios normativos en 2017 dejó de abonar a las autonomías el IVA recaudado en diciembre de ese año. El PP siempre sostuvo que la intención de Montoro era devolverlo más adelante y con intereses.

Su sucesora María Jesús Montero tenía previsto darles en 2019 a las comunidades lo que en puridad es suyo, y de hecho incluyó la partida en los PGE de 2019. La ley, sin embargo, no llegó a ver la luz porque votaron en contra del proyecto, entre otros grupos, los independentistas catalanes y el Partido Popular.

Trampas en el solitario

La ‘trampa’ que el Gobierno andaluz se hizo a sí mismo al confeccionar sus presupuestos de 2019 habría consistido en incluir en ellos un ingreso de 537 millones de euros cuyo cobro no tenía respaldo normativo porque los PGE no habían sido aprobados, y de hecho por ese motivo Pedro Sánchez convocó elecciones.

Más diplomáticamente, la AIREF lo expresa en estos términos en uno de sus informes: “De acuerdo con la informacioón facilitada desde el Ministerio de Hacienda, la AIREF no contempla una modificación de la norma para neutralizar el efecto que la misma tiene sobre la liquidacioón de 2017. Este escenario difiere del previsto por la comunidad en su PEF, que sí contempla para 2019 recursos adicionales a los comunicados en julio de 2018, por la neutralización del impacto [del impago del IVA de diciembre de 2017]”.