Un observador castizo diría que ayer el consejero de Salud y Familia se pasó de frenada en el Parlamento de Andalucía durante el debate monográfico sobre el estado de la sanidad autonómica, convertida en el principal dolor de cabeza del Gobierno de Juanma Moreno porque las mejoras prometidas por Aguirre no se han materializado al ritmo ni con la efectividad que el consejero había proclamado imprudentemente al llegar al cargo hace 11 meses.
Aguirre armó su línea de defensa frente a los ataques del PSOE y Adelante Andalucía con los materiales de desecho que ha venido acumulando durante estos meses a cuenta de una “gestión desastrosa de los socialistas que dejó la sanidad hecha trizas".
Tan lejos llegó el consejero en alejar de sí toda responsabilidad sobre el estado actual de la sanidad que una de las frases de la sesión fue esta: “Los socialistas fueron responsables en el pasado y son responsables en el presente de la sanidad andaluza”.
1.500 contratos en riesgo
No fue esa la única vez que pareció derrapar el titular de la que tal vez sea la principal consejería del Gobierno andaluz, pues en otro momento de su intervención dijo que el Gobierno de España está “poniendo en peligro la contratación en 2020 de 1.509 profesionales sanitarios” y la mejora salarial de las guardias.
Aludía Aguirre a la carta del Ministerio de Hacienda a la Junta de Andalucía vedándole su acceso a los mercados financieros por haber incumplido en 2018 los objetivos de estabilidad –déficit, deuda y regla de gasto–, lo que a su vez obliga al Gobierno andaluz a remitir al central un plan de ajuste de sus cuentas de 2020 para así acceder al Fondo de Liquidez Autonómico, gestionado por el Ministerio de Hacienda.
Mientras la Junta afirma y repite en todos los foros que las cuentas autonómicas están “intervenidas”, el departamento que dirige María Jesús Montero sostiene que únicamente están “tuteladas”. Para el consejero Aguirre lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez es “un despropósito, una vergüenza y una venganza”.
Críticas de la izquierda
El portavoz socialista, José Fiscal, fue muy duro con Aguirre, a quien acusó de estar deteriorando deliberadamente la sanidad pública para que la privada pueda hacer negocio: "Muy mal tiene que estar la cosa para que destine la mitad de su intervención a atacar a anteriores gobiernos”, le dijo Fiscal.
No menos severa fue la portavoz de Adelante, Inmaculada Nieto, tras cuyo tono sosegado se desplegaba un diagnóstico implacable sobre la gestión de Aguirre, que comparó con “un pollo sin cabeza” (la gestión, no el consejero).
