“Existe una burbuja con los técnicos de transporte sanitario”, cuenta Ignacio (pseudónimo elegido para preservar su anonimato), un médico que trabaja para el Servicio Andaluz de Salud -SAS-. “Desde que cambió la ley, la ambulancia solo la puede conducir un técnico de transporte sanitario”.
Se trata de una Formación Profesional cuyas plazas públicas escasean. “En Cazorla (Jaén), un pueblo a 100 kilómetros de la capital, solamente hay únicamente un centro que imparta dicha formación. Entonces la gente paga el módulo privado, estamos hablando de entre 3.000 y 6.000 euros lo que cuesta la formación completa. Hay varios institutos privados que la ofrecen y éstos han crecido como setas”, garantiza Ignacio.
“Cuando la gente lo termina, entre las prácticas y el contrato de la empresa que, por supuesto no es indefinido, se quedan trabajando un año y medio, máximo dos años, pero lo normal es que al año te despidan. Entonces la gente joven echa sus cuentas y si gana 1.800 euros al mes, en un año ha ganado unos 21.000 euros, se pagan el módulo y aún le ganan dinero. Es mejor que quedarse en el paro. Después tienen que buscarse otro trabajo”.
Los alumnos que estudian para ser conductores de ambulancias, por ejemplo, en Jaén, solamente hay una empresa y otra muy pequeña, no hay más. Las personas que se forman en ello, cuando ven que el contrato se va terminando se plantean estudiar otra cosa, “es una burbuja”, cuenta Ignacio a ElPlural.com.
En otras comunidades tienen la misma problemática, pero en Andalucía han crecido especialmente. Es una burbuja de crear profesionales, sacarles dinero formándoles, “que tampoco creas que es una formación de primera, sino muy teórica, algunos temarios se imparten a distancia o semipresenciales. Deja mucho que desear, realmente aprenden el primer día que cogen la ambulancia”, aclara el médico del SAS.
¿Por qué la Junta no apertura más FP que oferte esta formación en Andalucía?
“Es un escándalo porque es un tema sindical. Esto forzosamente se debe a que están dando concesiones por lo privado. Estas academias que ofertan una formación privada reciben subvenciones, los propietarios se están metiendo mucho dinero en los bolsillos. ¿Por qué Juanma Moreno permite esto en vez de crear más centros con oferta pública en los que impartir esta formación? ¿Quién está detrás? ¿Qué privilegios tienen?”, se pregunta Ignacio.
Por otro lado, más de la mitad de la actual plantilla reclama a la Junta que elabore licitaciones que garanticen que todos los trabajadores mantendrán sus puestos de trabajo con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones.
Andrés Dorado, presidente del comité de empresa de Ambulancias Alhambra, por ejemplo, considera que es “vital” que se les tenga en cuenta porque “no podemos olvidar que en este asunto todos somos pacientes y tenemos que tener un servicio digno”. Dorado asegura que no les importa el nombre de las empresas que conformen el consorcio, sí que se pueda asegurar que tienen los “recursos suficientes” y que se respeta a los trabajadores.
El pasado año, las licitaciones la ganaron SSGA (Servicios Sociosanitarios Generales de Andalucía) y Ambulancias M.Pasquau SL., que bien es sabido que tenían muchos problemas laborales en las zonas en las que trabajaban. Pueden estar dando cobertura a los 174 municipios de Granada.
Ya en agosto de 2021, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba llevó a cabo unas diligencias de investigación sobre uno de los grandes contratos que licitó y adjudicó la Junta de Andalucía en Córdoba, sobre el servicio del transporte sanitario. El importe del contrato fue de unos 60 millones de euros y fue adjudicado a las entidades SSGA junto a Ambulancias M.Pasquau SL.
El origen de la investigación se remonta a la denuncia que interpusieron la mayoría de las empresas que formaban el llamado Consorcio de Transporte Terrestre Sanitario de Córdoba (CTSC) contra el propio gerente de esta entidad. Las empresas le acusaban de “administración desleal” y de “actuar en connivencia con los gerentes de las empresas competidoras”, que finalmente son las que se llevaron el contrato.
La propia Asociación Española de Técnicos en Enfermería Emergencias Sanitarias y Sociosanitarias (AETESYS), con delegación en Andalucía también denunció en 2023 la falta de medios y personal en ambulancias. Lleva años exigiendo a la Junta de Andalucía que cumpla con el Real Decreto 836/2012 y contrate ambulancias tipo B de soporte vital básico con los dos técnicos en emergencias sanitarias que dicta la ley, en lugar de optar por ambulancias tipo A1 no asistenciales, que solo cuentan con un técnico en emergencias sanitarias con labores de conducción.
AETESYS lleva años instando a la Junta a revisar las licitaciones con empresas privadas que gestionan estos servicios para garantizar los servicios y sobre todo que cumplan con los estándares de calidad y dotación de personal establecidos en la normativa vigente.
Definitivamente, todo apunta a que la Junta está otorgando subvenciones a academias privadas que imparten la formación de técnicos de transporte sanitario y, por otro lado, hay intereses económicos que otorgan licitaciones a determinadas empresas que no siempre cumplen con la normativa de amparar al trabajador garantizando sus condiciones. Ello explica que la Junta no tenga ningún interés en ofertar formación pública de técnico de ambulancias.
