La Junta de Andalucía del presidente popular de Juan Manuel Moreno Bonilla ha vuelto a conceder a altos cargos del Gobierno regional indemnizaciones que llegan a alcanzar hasta 1.500 euros mensuales por vivienda o alojamiento a título individual. En total, en los últimos meses ha concedido hasta 98 de estas denominadas 'casas gratis'. Una medida que se lleva adoptando en Andalucía desde hace años y que Ayuso ha propuesta para ella misma en la Comunidad de Madrid.
Según los datos que rezan en la web oficial de la Junta, se reflejan nombres de cargos del Gobierno de todas las Consejerías y otros departamentos dependientes del Ejecutivo autonómico y, fijando la vista en el último trimestre de 2023, puede comprobarse claramente que una buena cantidad de estas indemnizaciones superan los 1.500 euros; otras, los 1.100 euros, de los cuales son perceptores cargos del PP de Moreno Bonilla.
En números aproximados, la cuantía total de estas ayudas con fondos públicos a cargos de la Junta, si tan sólo se centra la vista a nivel mensual, asciende a más de 100.000 euros en su conjunto. Una cifra que, echando cálculos, podría ascender en números totales al año hasta el millón de euros.
Cabe remarcar que, tal y como reza en el documento del Gobierno andaluz, los perceptores de estas cuantías ocupan distintos puestos, desde presidentes de institutos dependientes del Ejecutivo, directores y secretarios generales, hasta viceconsejeros y consejeros.
Cambio de postura del PP al llegar a San Telmo
Nada nuevo en el horizonte. Tirando de hemeroteca, allá por 2020, salió a la luz que la Junta, entonces gobernada por el PP junto a Ciudadanos, destinó 1.060.873,14 euros a pagar ese plus a los altos cargos gubernamentales desplazados a Sevilla, lo que se tradujo en 80 beneficiados. Pese a aplicar esta medida, en su etapa desde la oposición, Moreno Bonilla la criticó pese a que los beneficiarios socialistas de Susana Díaz eran unos 56 cargos públicos y de los que supuso una inversión de las arcas públicas de 58.929 euros en 2018, menos de los que luego se reflejaron durante el comienzo de su mandato.
En cuanto Moreno Bonilla ascendió al Palacio de San Telmo, el PP cambió su valoración y apoyó dichos beneficios. Ahora, después de seis años en el mando, son 96 los cargos públicos del Ejecutivo andaluz los que son perceptores de estas ayudas al alquiler con fondos públicos.
En este sentido, no sólo aumentó el montante de los cargos destinatarios de estos fondos públicos, sino también de la misma cantidad, que también sufrió un incremento sustancial. Si hace unos años el tope estaba en 1.357,72 euros al mes, en 2020 llegó a los 1.458,80 euros, una cantidad que supuso un nivel muy alto comparando el precio del alquiler en la capital hispalense. En aquel momento, algunos de los beneficiados más relevantes fueron el entonces consejero de Presidencia y ahora ‘número 3’ de Alberto Núñez Feijóo en Génova 13, Elías Bendodo; también el entonces vicepresidente de la formación naranja, Juan Marín.
La decisión de mantener las ‘casas gratis’ a los altos cargos del Ejecutivo provocó asperezas en su momento. Así lo defendió Elías Bendodo recién llegado como portavoz en San Telmo.
PREGUNTA: "Portavoz, el PP lleva 40 años quejándose de que la Junta de Andalucía pagaba el alquiler de la vivienda a los consejeros del Gobierno que eran otras provincias de fuera de Sevilla, en su caso Málaga. Querría saber si ustedes van a eliminar esa ayuda".
RESPUESTA: "No, en principio no, no está previsto, vamos, pediré la máxima de las moderaciones evidentemente, pero [las ayudas al alquiler] a las personas que se tengan que desplazar de otras provincias, pues…, eh,…, eso, se deberían mantener".
No sólo Moreno Bonilla, también Díaz Ayuso
En Andalucía, esta medida se lleva aplicando durante décadas, pero cabe remarcar que, pese a las consecutivas críticas que llevaron a cabo el PP en esta autonomía Moreno Bonilla la aplica desde que accedió al poder.
En pleno foco mediático, Isabel Díaz Ayuso, desde Madrid, también se ha situado en el blanco por esta medida en el marco de los escándalos que rodean a su actual pareja, Alberto González Amador, por fraude fiscal y por la polémica que rodea a sus propiedades en inmuebles. En este sentido, este mes de marzo, la presidenta madrileña propuso en la Asamblea regional que el Ejecutivo debería sufragar “una vivienda oficial para el presidente”: “Yo no tengo nada. No tengo ningún piso”, defendió entonces en sesión parlamentaria, reiterando que ha vivido durante años en alquiler.
"Catorce ministros a los que les pagamos absolutamente todo, que es a lo mejor lo que tendría que empezar a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid es sufragar una vivienda oficial para el presidente y evitaríamos que ustedes siguieran haciéndose escarnio bochornoso porque yo no tengo nada, no tengo ningún piso", subrayó.
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